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Los vicios ocultos del Plan Energético

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MÉXICO, DF.— La clave del desmantelamiento de Pemex está en dos de las 10 leyes —la de hidrocarburos, reglamentaria del artículo 27 constitucional, y la de Pemex—, cuya aprobación ya negociaron el PRI y el PAN la semana antepasada con un predictamen “planchado”, aún antes de que lo discutieran los integrantes de la Comisión de Energía y de Estudios Legislativos Primera.

En su exposición de motivos, los redactores del proyecto de dictamen de la Ley de Hidrocarburos señalan los objetivos: “incrementar la seguridad energética del país; aumentar la producción de petróleo y gas natural; alcanzar mayores tasas de restitución de reservas de petróleo y gas; detonar el dinamismo de la industria de la transformación de hidrocarburos; fortalecer la red de transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos”.

No establecen plazos ni metas para lograrlo. Ni siquiera definen lo que consideran “renta petrolera”, aunque todo el predictamen hace referencia a ella. Y tampoco definen el concepto “valor de producción”.

Sin embargo, en varios artículos están los verdaderos objetivos, con plazos y metas específicos para desmantelar a Pemex. En el artículo octavo transitorio de la Ley de Hidrocarburos se establece, por ejemplo, que Pemex será el comercializador de todos los hidrocarburos hasta 2017. A partir de 2018, esa tarea se hará mediante una licitación a través de un ente privado. Asimismo, según el artículo 28, la nueva Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) podrá contratar, sin la intervención de la Secretaría de Energía o de la Secretaría de Hacienda  y Crédito Público (Sener y SHCP), a Pemex, a otra empresa pública o a un ente privado mediante licitación pública.

Un análisis elaborado por el grupo de asesores del PRD en el Senado, advierte que “si se deja a un privado la tarea de vender los hidrocarburos del Estado, aquel no podrá ser otro que una empresa extranjera, porque en México sólo existe una empresa dedicada a ese negocio y es pública (PMI Comercio Internacional)”.

El documento de 60 cuartillas titulado “Análisis de la propuesta de legislación secundaria enviada por el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión” destaca también: “El comercializador del Estado sólo puede ser el Estado a través de sus instituciones. No hay razón para hacer a un lado a PMI, que ha recibido un amplio reconocimiento internacional por las fórmulas de sus precios y su labor de mercado. La confiabilidad y el prestigio del comercializador son elementos fundamentales en el funcionamiento del mercado petrolero internacional”.

Otro ejemplo: En el artículo 14 transitorio de la Ley de Pemex habla del pago anual de un dividendo estatal para 2015 —que será “de al menos 30%”— de los ingresos que le queden a Pemex después del pago de impuestos y derechos aplicados a las actividades de exploración y extracción, que representan el 70%. Es decir, Pemex se quedaría sin un peso para invertir.

El mismo artículo establece que ese 30% se irá reduciendo gradualmente al 15% para 2021 hasta llegar al cero en 2026. Para entonces, afirman los asesores, Pemex ya no existiría.

Un cálculo de la senadora perredista Dolores Padierna destaca que, con las cifras de Pemex de 2013, ese 30% representaría “una sangría adicional de 118 mil millones de pesos para la paraestatal”; es decir, más de 10 mil millones de dólares.

La nueva Ley de Pemex fusiona la paraestatal en dos empresas subsidiarias: Pemex Exploración y Producción con Pemex-Gas y Petroquímica Básica; y una segunda que fusiona Pemex Petroquímica con Pemex Refinación. De esta manera, desaparece la división en cuatro subsidiarias, creada por Francisco Rojas durante su gestión como director de la paraestatal en los sexenios de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas.

El análisis del PRD advierte que “después de más de 20 años de funcionar con un corporativo y cuatro subsidiarias, el consenso interno en Pemex es que debe reintegrarse en un solo organismo. Incluso existe un acuerdo del Consejo de Administración en este sentido. La SHCP es el único ente gubernamental que se opone a la reintegración.

“Su reticencia se basa en preocupaciones recaudatorias infundadas puesto que independientemente de su organización, Pemex seguiría pagando derechos en función del valor de su producción. De hecho, es la única gran empresa petrolera que no se encuentra plenamente integrada”.

La idea empresarial de Pemex está expuesta en ambas iniciativas. La de Peña Nieto establece un mandato completamente inédito para la paraestatal: “competir con eficacia en la industria energética” (artículo 3) con la misión de generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano, si bien restringe la autonomía presupuestal y financiera.

La iniciativa de Ley de Hidrocarburos “saca autoritariamente del negocio” del gas a Pemex. En materia de transporte e internación al país del gas, la norma faculta a la Sener a instrumentar acciones para que en cinco años ninguna empresa pública tenga más del 50% del mercado, porcentaje que deberá disminuir aún más para que en 10 años no supere el 20%.

Saca a Pemex del negocio del gas y crea una nueva entidad pública —Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas)—, a partir de la infraestructura que se le quita a la petrolera (artículos 61 a 64). La misión de Cenagas no será comercializar el hidrocarburo, sino “ser un actor neutro, independiente de todos los participantes del mercado, públicos o privados” para “garantizar la continuidad del suministro de gas en el territorio nacional”.

 

VULNERAN INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

Pemex deberá entregar no sólo la mayor parte de las áreas de interés petrolero identificadas para ofrecerlas a las compañías petroleras internacionales, (algo que está en curso a través de la llamada Ronda Cero), sino que deberá entregar toda su información procesada e interpretada de cada campo y yacimiento para que la Sener y la SHCP tengan libre acceso y sin restricciones a esta información.

Así lo establece el artículo ocho transitorio de la Ley de Hidrocarburos. En su análisis, el PRD advierte:

“Hasta ahora, Pemex ha guardado celosamente esos datos, pero en el futuro inmediato tendrían acceso varias dependencias federales. El riesgo de fugas es alto e inminente. Además, Hacienda no necesita acceso a esta información técnica altamente especializada para establecer el contenido económico de los contratos.

“Este tema es muy relevante para la llamada Ronda Cero, pues como no hay reglamentación, existen presiones para que Pemex entregue de inmediato la información geológica, sin que la CNH cuente con los lugares adecuados para su resguardo y sin que se establezcan siquiera los conceptos de costos que serán cubiertos a Pemex. En todo caso, la información geológica que entregue Pemex debe ser información ‘cruda’ y no la información ya interpretada”.

En contraste, toda la información derivada de los yacimientos transfronterizos con Estados Unidos tendrá extrema confidencialidad (artículo 3), ya que estos acuerdos no pasan por el Senado y sus términos y condiciones son confidenciales e irreversibles.

Así se estableció en el Acuerdo de los Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos, firmado por la Secretaría de Relaciones Exteriores en febrero de 2012 con el Departamento de Estado de Estados Unidos. En mayo de ese año el Senado aprobó el acuerdo. El 19 de diciembre de 2013 lo hizo el Senado estadunidense.

El documento propone “fortalecer la seguridad de América del Norte” y tener una “administración responsable” de los recursos energéticos. Asimismo, modifica los derechos de propiedad de la explotación petrolera en México.

Le quita el carácter de operador a Pemex para que otras empresas, especialmente petroleras trasnacionales, se ocupen de la exploración y extracción de hidrocarburos en la zona transfronteriza.

La información será confidencial para quienes obtengan las licencias, y los gobiernos deberán mantenerlas en ese carácter, de acuerdo con el texto aprobado por el Senado.

 

CONTRATOS AL GUSTO

La ley reglamentaria del artículo 27 constitucional no define ni siquiera qué se entiende por “renta petrolera” ni establece porcentajes. De acuerdo con el análisis de la bancada del PRD en el Senado, se trata de “minimizar la proporción de renta que se traslade a los operadores internacionales que asuman riesgos geológicos”.

Los artículos 4 y 6 de la iniciativa de Ley de Hidrocarburos, asientan que el Gobierno podrá otorgar “asignaciones” y “contratos” a partir de la profundidad del subsuelo. El mecanismo privilegiado será el contrato otorgado mediante licitación y las asignaciones (entregadas a Pemex) serán excepcionales.

“Esta preferencia traduce la desconfianza hacia la empresa pública y la voluntad de compartir la renta con el ganador del concurso, a pesar de que el Estado podría obtener más renta y de manera más segura con una asignación”, señala el documento. Incluso, la Sener puede modificar los términos y condiciones de las asignaciones a Pemex.

Además, Pemex puede solicitar la migración de “asignación” a “contrato”, pero la Sener puede negárselo (artículo 12). Si Pemex quiere asociarse con un privado no escogerá al socio: éste será designado por la autoridad, luego de un proceso de selección (artículo 13). “Esto no ocurre en ninguna parte del mundo”, advierte el análisis perredista.

Jenaro Villamil

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