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Expediente parte 1 del 15/06/2014

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DIPUTADOS TRANSEXENALES

La modificación de 11 artículos de la Constitución Política del Estado de Campeche, aprobada casi vía fast track el pasado martes en el seno de la LXI Legislatura, permitirá, entre otros temas, la reelección de diputados locales y presidentes municipales a partir del año 2018.

Debemos precisar, tal cual lo establece claramente el régimen transitorio de la reforma local, que la reelección será aplicable a los diputados que sean electos a partir del proceso electoral de 2018. Es decir, quienes sean postulados como candidatos al Congreso del Estado en los comicios del 7 de junio de 2015, no podrán aspirar a reelegirse, como tampoco lo podrán hacer quienes sean electos como presidentes municipales.

Será a partir de los comicios de 2018 cuando los que sean postulados como candidatos a diputados locales y alcaldes, se ajusten también a los perfiles que se requieren, no para aspirar a un periodo en el Congreso del Estado y en los ayuntamientos, sino hasta por 12 años en el caso del primero —cuatro periodos de a tres años— y hasta a una reelección —o sea, seis años en el cargo— para el caso de los ediles.

El porqué de esta discriminación entre el derecho a disfrutar de fuero hasta por 12 años para los legisladores, y de sólo por seis para los alcaldes, es cosa que corresponderá justificar a los diputados que aprobaron con impresionante presteza la iniciativa en cuestión, a la que se le dio primera lectura en la sesión del jueves 5 de junio, y se aprobó por unanimidad en la del martes 10. Es decir, sólo les bastaron dos días hábiles para su análisis y discusión, si consideramos que en sábados y domingos nuestros flamantes diputados no acostumbran ser molestados por nadie en su distrito, y mucho menos en las reuniones de comisiones dictaminadoras.

En este tenor, es posible cuestionar si en sólo 48 horas, (suponiendo que nuestros diputados sesionaron sin descanso las 24 horas de cada día que le dedicaron a esa iniciativa), tuvieron tiempo suficiente para sopesar los pros y los contras, o simple y sencillamente se acogieron al dictamen ya pre elaborado desde que tales reformas originarias fueron validadas en el Congreso de la Unión.

Es decir, la idea de proponer la reelección de los diputados y de los alcaldes de incorporar la polémica figura de las candidaturas independientes, las iniciativas ciudadanas, el referéndum y el plebiscito, no brotaron de la magnanimidad política de nuestros diputados locales, sino de una simple homogenización de las reformas federales a nuestra Carta Magna estatal.

En el fondo, el origen de tales modificaciones constitucionales tiene que ver con la desaparición del Instituto Federal Electoral (IFE), y la instauración de su clon el Instituto Nacional de Elecciones (INE), a la que le confirieron atribuciones para organizar los comicios federales, estatales y municipales, algo que dirigentes partidistas y analistas políticos catalogan como el preocupante retorno del todopoderoso centralismo.

Pero aquí el tema a considerar es la necesidad de que los partidos se ajusten también a estos nuevos tiempos. La posibilidad de que un candidato a diputado local pueda contender cada tres años para aspirar a reelegirse hasta por cuatro periodos consecutivos, necesariamente obligará a revisar con mayor rigor el perfil de cada uno de los abanderados, pues los ciudadanos no nos merecemos tener a los mismos improductivos parásitos por 12 años.

Los diputados deberán esforzarse igualmente por desempeñar con mayor responsabilidad sus funciones y regresar a su distrito con resultados palpables y productivos, mantener el contacto con sus votantes los 365 días del año, y no sólo cuando tengan necesidad de volver a pedir el apoyo de los ciudadanos.

En teoría las reformas son positivas, pues también se plantea la opción de reelección de los alcaldes por un periodo más, lo que los llevará a proyectar sus acciones de gobierno con la perspectiva de que no se cortará a los tres años, y que sus financiamientos bancarios podrían programarlos mejor, para no heredar sus débitos a quienes vengan detrás suyo.

Y en este mundo ideal que nos plantean las reformas, podríamos aspirar a que un presidente municipal haga un buen trabajo durante los seis años de su encomienda, sin heredar lastres a sus sucesores, mermando las expectativas de desarrollo y de solución de los rezagos de las futuras generaciones.

Es de esperarse también que haya adecuaciones a nuestras leyes locales, y que nuestros diputados analicen a profundidad la necesidad de reducir el número de nuestros representantes populares en el Congreso, empezando por la gran cantidad de posiciones plurinominales en disputa.

Posiciones que esta misma semana propiciaron en el Congreso del Estado un ácido debate entre los partidos que no aspiran nunca a ser mayoría, porque continúan disputándose las sobras, cuando a lo que deberían realmente canalizar sus energías, es a exigirse a sí mismos que si quieren tener una curul en el Congreso, deberían pedírselo de manera directa a los ciudadanos, y no refugiarse en fórmulas barrocas de asignación de espacios de representación proporcional, que las más de las veces se reservan para amigos, parientes, recomendados, achichincles, cargamaletas y lamebotas de los dirigentes de los partidos, y no a los militantes que verdaderamente merecen ostentar el cargo de representantes populares.

Pero todo eso —nos prometieron—, será analizado y debatido (esperamos que por un lapso mayor de 48 horas), cuando se envíen las propuestas de leyes secundarias a las 11 reformas aprobadas en la sesión legislativa del martes pasado.

 

 

INDEPENDIENTES Y CIUDADANOS

Otros temas que también van a convertirse en el cuscús de nuestros políticos y en serios dolores de cabeza para los dirigentes partidistas, tienen que ver con la creación de las candidaturas independientes, y en la iniciativa ciudadana. En el primer caso, se despoja a los partidos del monopolio de la postulación de candidatos a los puestos de elección popular que estén en disputa, y en el segundo, el monopolio de crear, iniciar leyes o de reformar las ya existentes, se le quita a los poderes establecidos —Legislativo, Ejecutivo y Judicial—.

Deberan compartirlo con los ciudadanos organizados, quienes deberán reunir una determinada cantidad de firmas (por lo menos el 0.13 por ciento de la Lista Nominal de Electores, tal y como lo instituye la Constitución General de la República, lo que en Campeche representaría de entre 800 a mil firmas), a fin de empujar de manera conjunta alguna propuesta de ese tipo.

Se sobreentiende entonces que los grupos organizados de ciudadanos  podrán convocar a una consulta pública para debatir un tema —el matrimonio entre personas del mismo sexo, la prohibición de las corridas de toros o la legalización del aborto, para citar ejemplos—  y recabar las firmas de los ciudadanos que simpaticen con esas propuestas para presentarlo después al Congreso del Estado, en donde la aprobación o rechazo de tales iniciativas estará a cargo de la mayoría de los diputados, pues ese monopolio sigue sin romperse.

Sin embargo, cabe la observación de que si alguno de esos legisladores contraviene lo que la comunidad le pida, será reconvenido cuando intente regresar a esa misma comunidad a pedirles su voto.

En el mismo tenor va el referéndum y el plebiscito, figuras legales que forman parte de lo que se ha denominado desde hace tiempo como “democracia participativa” y que aspira a un mayor involucramiento de la ciudadanía en la discusión de los temas de interés público, que repercuten necesariamente en nuestra vida cotidiana.

Hay entonces avances en la consolidación de la democracia. Hipotéticos tal vez, en teoría, si quiere apreciable y paciente lector(a), pero que ya fueron incorporados a nuestra Constitución estatal, y que entrarán en vigor ya.

Y es aquí en donde el asunto se torna interesante, pues con la aprobación de las candidaturas ciudadanas, la lista de suspirantes a suceder a don Fernando Eutimio Ortega Bernés podría incrementarse de manera importante, o por lo menos empezaremos a notar la presencia de personajes políticos del pasado con ansias de demostrar que aún pueden regresar por sus fueros, y al puro estilo de Ross Perot empezar a gastar carretadas de dinero para construirse una popularidad  que les permita contender por la gubernatura campechana.

¿Cómo se impedirá que gran parte de ese derroche no provenga de fondos ilícitos o de patrocinadores sospechosos? Eso es algo que también deberán resolver nuestros legisladores locales (y federales, por supuesto, pues el mismo caso aplica para los aspirantes a la Presidencia de la República), ya que en estos momentos no hay candados, ni frenos ni reglamentos para quienes quieran promocionarse como opciones políticas para las elecciones que se realizarán, como escribimos párrafos arriba, en el Día de la Libertad de Expresión del año 2015, el 7 de junio del año venidero.

 

 

NECESARIO INVESTIGAR A DELEGADO

En las últimas semanas en Yucatán han surgido importantes señalamientos de que un brazo de la delincuencia organizada está involucrada en el tráfico de maderas preciosas que se explotan irracionalmente en las selvas campechanas para exportarlas a Asia desde el puerto de Progreso en la vecina entidad.

El comisario ejidal de Miguel Colorado, en Champotón, Daniel Delgado Balán, acusó que aunque los productores del lugar desde 2013 han venido solicitando autorización para la explotación legal de sus recursos forestales, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se han negado a otorgárselos.

Es la doble conducta de las autoridades no sólo de la Semarnat, sino de todas las dependencias involucradas con el rubro forestal. Ante una solicitud de autorización para explotar recursos naturales, ponen una y mil trabas, pero cuando los delincuentes alientan la tala y el comercio ilegales de la madera, se hacen de la vista gorda, e incluso actúan en complicidad, ante el intenso tráfico de camiones cargados con el producto en rollo o aserrado, que a bordo de grandes contenedores sale por mar hacia el extranjero.

El comisario acusó que un supuesto emisario del actual delegado de la Semarnat, Enrique Pérez Gómez, fue enviado a su ejido a exigir 50 mil pesos para que prosperen los trámites para su solicitud de explotación forestal.

La acusación de la autoridad ejidal no debe caer el olvido. Amerita respuesta clara y puntual del delegado de la Semarnat. ¿Por qué se otorga o niega el permiso de explotación forestal?, ¿existe una cuota de trámite?, ¿cuántos ejidos más la solicitaron?

La sospecha de que funcionarios de las dependencias en la Península podrían estar involucrados con la tala ilegal de madera que se exporta a Asia mediante el puerto yucateco de Progreso es añeja. También es cierto que los ilegales talamontes buscan jalar agua para su molino con acusaciones sin pruebas. Falta ver quién miente.

 

 

¿SOMOS EL PATITO FEO?

La agrupación “México, ¿cómo vamos?”, dio a conocer esta semana su “Rankin Económico de los Estados”, y los resultados para Campeche no fueron alentadores.

Dice un párrafo de ese estudio difundido a media semana en prácticamente todos los medios de información nacionales, regionales y locales: “los tres estados considerados con peor desempeño, al grado que frenan el crecimiento general del país, son Campeche, que tiene la calificación más baja, de 38 puntos, dado que su crecimiento económico cayó 14.4 por ciento en 2013 respecto a 2012”.

Otros estados con pésimos resultados con Sonora, con 39 puntos, porque perdió espacio en empleo y productividad, y Chiapas, con 42 puntos, por las pobres tasas de empleo formal y el pobre poder adquisitivo.

En su portal de Internet, la agrupación en cita detalla los parámetros considerados en el caso de Campeche, y presenta un informe que señala los principales problemas por los cuales asignaron al estado una calificación tan baja:

Tuvo una caída en su producción de 14.4%. La caída más grande de todo el país.

Tiene una productividad promedio de $3,126 por hora trabajada, lo que es 44% menor que los $5,568 pesos que se producían hace un año. La caída más grande de todo el país.

Aumentó el porcentaje de su población que no puede adquirir la canasta básica con su salario, de 38 a 41%.

Redujo su inversión extranjera directa en 179 millones de dólares en el año anterior.

Prácticamente sus exportaciones como porcentaje de su PIB son del 0%, esto desde 2007.

Uno de cada 10 trabajadores está empleado por el gobierno, y año con año el número es mayor.

Hubo indicadores positivos para Campeche, considerando que los principales problemas que enfrenta el gobierno Federal son el desempleo y la inseguridad, como por ejemplo:

Aumentó el porcentaje de empleos formales como porcentaje de la PEA de 36% a 36.8% en el último año.

Tiene la tasa de vehículos robados por cada 100 mil habitantes más baja de todo el país, con Sólo 2.7

Tiene la segunda tasa de deuda pública como porcentaje del PIB más baja, es de sólo 0.1%

En el último año redujo la tasa de informalidad en 2.4 puntos porcentuales, lo que lo deja en 53.8%, por arriba de la media nacional de 53.2%.

Así, no se debe politizar del todo el reporte de “México, ¿cómo vamos?”, pues estados mejor posicionados en ese análisis, como Nuevo León, Jalisco y el Distrito Federal, atraviesan severos problemas de inseguridad, desempleo y endeudamiento, para los cuales sus gobernantes no encuentran solución.

Tomando en consideración lo anterior, creemos firmemente que estamos mejor que muchos de esos estados con los que se nos compara, y compartimos la inconformidad del gobernador, Fernando Ortega Bernés, quien el pasado jueves al enterarse de ese análisis atajó su desacuerdo “porque no se maneja con la objetividad debida”, y si bien ofreció que la próxima semana convocará a representantes de los diversos sectores económicos y sociales para presentar la situación verdadera del Producto Interno Bruto de Campeche (PIB), da importancia innecesaria a un reporte mal enfocado.

¿Caída en producción? ¿Qué frenamos el crecimiento del país? ¿Pues de donde creen los eruditos que hicieron ese reporte que se extrae casi todo el petróleo que mantiene al país? Desde hace cuatro décadas Campeche aporta el 85% del petróleo que México produce, y por el cual no nos pagan ni el 1% con tal de mantener a esos estados que lideran ese reporte. ¿O no?

La realidad es que hemos aportado al país más que ningún otro estado y en retribución nos han dado migajas. Para ponerlo más sencillo, los únicos beneficiarios del petróleo en Campeche son los Mouriño, y ¡ni siquiera son de aquí!

Es cierto, en términos de inversión privada no hemos tenido el despegue económico que se ha prometido. Y hay varias razones, ciertamente. Una de ellas, si no es que la principal, es el daño que ocasiona la excesiva burocracia, que crece sin control desde hace veinte años, más aún en este gobierno orteguista, que está a punto de llegar a su quinto año.

En Campeche no hay desempleo, lo que hay es gente floja que no quiere trabajar, y no quieren trabajar porque todos aspiran a tener una plaza en el Gobierno, trabajar sin preocuparse de que las cosas salgan bien o mal, en horario corrido de lunes a viernes, para recibir su puntual quincena y no dar un golpe más en lo que resta de la semana.

Sean profesionistas, hijos de papi, recomendados, ahijados políticos, líderes de colonia, o lo que sean, todos aspiran a cobrar sin trabajar, por eso de todos los sectores económicos que vienen a invertir a Campeche vienen las quejas de lo difícil que es contratar personal local. Los restaurantes no encuentran meseros, las empresas de seguridad no encuentran vigilantes, y la misma historia es para comercios, constructores, medios de comunicación, vaya, todos los rubros económicos del Estado.

Es un común denominador en Campeche que la gente no quiere trabajar porque papá Gobierno durante más de dos décadas les ha resuelto sus problemas, y mientras el Gobierno siga haciendo inútil a tanta gente, no seremos un Estado que realmente le produzca al país.

Por lo mismo, y haciendo a un lado el asunto del petróleo, no es ninguna sorpresa la nota publicada en los medios nacionales esta semana, que refieren a Campeche como el peor Estado del país en materia económica.

¿Y qué vamos a producir si lo único que han generado las últimas cuatro administraciones es burocracia? Las maquiladoras edificadas por Antonio González Curi no sólo han mermado su presencia, sino que en el sexenio de Jorge Carlos Hurtado Valdez fueron rematadas a particulares. La central de abastos que construyó Salomón Azar García está embargada, abandonada y cayéndose en pedazos. Ortega Bernés, si bien creó su mini parque industrial cerca del aeropuerto, se ha visto obligado a financiar los espacios a comercios locales ya existentes.

Aparte de ello, lo único que se ha visto este sexenio son dos plazas comerciales con lo cual aquellos que no tienen la bendición de cobrar su sueldito cada quincena en el Gobierno, tendrán que despachar detrás de un mostrador en tanto algún padrino les consigue la anhelada plaza con la cual podrán volverse improductivos el resto de sus vidas.

El gobierno estatal necesita urgentemente cambiar esa mentalidad conformista, para obligar a que la clase laboral improvise empresarialmente hasta que logren consolidar una verdadera industria productiva y redituable, como en su momento fueron la pesca, el chicle y el palo de tinte.

Ciertamente que cambiar este vicio social tendrá costos políticos, pero sin duda alguna que traería enormes beneficios al Estado, cuyos habitantes, al no tener su problema resuelto, se verán obligados, ahora sí, a trabar y producir.

Mantener esa enorme e improductiva burocracia es la razón principal por la cual el Gobierno ha incrementado alarmantemente su deuda. Extraoficialmente se habla de que tan solo en aviadores, el Gobierno gasta unos 50 millones de pesos al mes, o sea, más de 600 millones de pesos anuales. Por eso no hay obra estatal, las calles están destrozadas, los ayuntamientos ahogados, las luminarias fundidas y la iniciativa privada en la zozobra. Porque toda la economía del Estado depende del Gobierno.

Recalcamos, la responsabilidad no es atribuible a la administración de Fernando Ortega, pues sus tres antecesores hicieron lo mismo, acumulando en más de dos décadas una abultada nómina que mantiene insolvente al Gobierno.

Ese es nuestro gran problema estatal. De ahí a afirmar que con nuestro decrecimiento, afectamos el repunte del país, según concluyen las recientes observaciones de la agrupación, “México, ¿cómo vamos?”, están pero bien chiflados.

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