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Trafican autoridades con autos chocolate

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MÉXICO, DF.— El Gobierno Federal y el Poder Judicial de la Federación indagan una red de tráfico de influencias que importa vehículos a México.

En dicha red estarían involucrados altos mandos del SAT, jefes aduanales, jueces, magistrados, legisladores y líderes priístas.

En la indagatoria destacan 18 empresas que pagan montos millonarios a funcionarios federales y titulares de juzgados y tribunales de Baja California y el Edomex que han permitido que miles de autos chocolate ingresen al país desde EU sin cumplir los requisitos necesarios.

Entre los señalados se encuentra el juez Daniel González Vargas, quien encabezó el Juzgado Segundo de Distrito en Mexicali.

González fue suspendido en 2012 y readscrito a un juzgado de Veracruz.

Sin embargo, el pasado 16 de junio otra vez fue suspendido y se inició una nueva inspección extraordinaria al juzgado de Mexicali.

El juez Héctor Guzmán Castillo es actualmente titular del Juzgado Segundo de Distrito y también es investigado por amparos otorgados.

Además del Poder Judicial, en las indagatorias de esta amplia red también participan la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

En la red también se involucra a funcionarios de la Administración General de Aduanas que encabeza Marcoflavio Rigada Soto, y de la Administración Central de Amparos y de Instancias Judiciales del SAT, dirigida por Alberto Machuca García.

Ambas dependencias son señaladas de ordenar facilidades para la importación a través de las aduanas.

Entre ellos se encuentran Héctor Pedroza, diputado local del PRI en el Edomex y líder de la CNOP, y Enrique Acosta Fregoso, ex líder de la CNOP en Baja California, ex delegado de la Sedatu y actual delegado nacional del PRI en Baja California Sur.

Asimismo, Elí Topete Robles, diputado en Baja California y ex candidato a la alcaldía de Mexicali; Hiram Rojas Hernández, casinero y ex director de enlace legislativo de la Comisión Especial de Aduanas de la Cámara de Diputados en la Aduana de Juárez y Ensenada.

En junio de 2012, Reforma publicó una conversación telefónica entre Enrique Agosta Fregoso y Elí Topete Robles en la que exhibían negociaciones con funcionarios del SAT y jueces para facilitar amparos.

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