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En Chihuahua, temor a la catástrofe ambiental

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MÉXICO, DF.— Académicos, activistas y organizaciones civiles formaron el grupo “Chihuahua contra el Fracking”, para entre otras acciones, impartir talleres informativos sobre los efectos nocivos de ese método de extracción.

También destacan que ya se iniciaron las primeras regularizaciones de predios intestados y de tierras nacionales, y en la región se ha visto a empresarios extranjeros, sobre todo asiáticos, dispuestos a entrarle al negocio de extracción de gas shale.

En la región fronteriza, donde hay innumerables pozos, la exploración de gas comenzó a realizarse en la década de los sesenta, en el sexenio de Adolfo López Mateos, precisamente durante la crisis del petróleo. Pero en los últimos meses se reavivó el interés de inversionistas y consorcios trasnacionales, sobre todo a partir de que el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, declaró en una de sus visitas a la entidad que no sólo hay gas shale, sino también shaleoil y petróleo.

Incluso, adelantó que el Instituto Mexicano del Petróleo realiza un estudio —valuado en 230 millones de pesos—, para determinar si la zona es sísmica tridimensional y para conocer los efectos que implicarían los trabajos exploratorios y de extracción de hidrocarburos no convencionales mediante esa técnica de fragmentación hidráulica. Las investigaciones concluirán en enero de 2015, aseguró el funcionario.

Ello se debe a que hasta la fecha, en las zonas centro y centro sur de Chihuahua se registraron 112 pequeños sismos entre septiembre y octubre de 2013. Ni en Pemex ni en la Secretaría de Energía saben qué los provocó.

Las rocas lutitas que abundan en el norte de México forman parte de una formación geológica llamada Eagle Ford, que viene desde Alabama, de ahí que todo ese territorio sea rico en gases de diverso tipo y en petróleo.

En Chihuahua, las autoridades federales intentan construir cinco gasoductos, entre ellos uno que va desde Ojinaga-El Encino, en la carretera de Chihuahua, a Delicias, y se extenderá de El Encino a La Laguna, en Coahuila, con una inversión de 29 mil millones de pesos.

Otro, que va de Juárez a El Encino, se interconectará con un tercero de Sinaloa; uno más atravesará los municipios de Carichí, Bocoyna, Guachochi, Urique, Maguarichi y Guazapares, de la Sierra Tarahumara, localidades con población mayoritariamente indígena.

Hasta ahora, sólo la comunidad de Repechique San Elías, del municipio de Bocoyna —la misma que ganó una suspensión de amparo contra la construcción del aeropuerto regional de Creel—, logró que las autoridades federales y la empresa Transportadora de Gas Natural del Noroeste informaran a las comunidades aledañas sobre la construcción del gasoducto y para que las tomaran en cuenta.

El ex presidente municipal de Ojinaga, el panista Juan Carlos Valdivia, comenta a la reportera: “Dicen que habrá mucho progreso, ¿pero a costa de qué? No veo que las ciudades productoras de petróleo en el país hayan abatido la pobreza; veo mucha pobreza en Veracruz y Tabasco, por ejemplo”.

Según Valdivia, hay una gran expectativa por las fuentes de empleo que se generarán con las obras de exploración y explotación de pozos. La gente está ilusionada, aunque totalmente desinformada.

 

CRUCE FATAL

Ojinaga, cuya superficie es de 2.3 millones de hectáreas y alberga a 24 mil personas, tiene un alto rezago en infraestructura. Ahí, la inseguridad y la violencia —sobre todo la que se genera dentro del grupo delincuencial llamado La línea—, mantienen a la comunidad inmersa en la zozobra. Por la región desértica de este municipio y el territorio texano hay cientos de brechas que utilizan los narcotraficantes para cruzar la frontera.

Alrededor de 90% de los pobladores tienen familiares que trabajan en zonas petroleras de Odesa, Precos o Midland, en Texas, comenta a Proceso el alcalde de Ojinaga, Miguel Antonio Carreón Rohana. La mayoría son indocumentados.

Después de varias décadas de que la zona se mantuvo en el abandono, las autoridades federales comenzaron a construir la carretera Ojinaga-Valle de Juárez, un tramo de 350 kilómetros, que aseguran los pobladores de las dos regiones, es utilizado por los grupos delictivos que trasladan droga a Estados Unidos (EU).

Cuando la reportera le pregunta sobre el fracking en la zona, Carreón argumenta que el agua del subsuelo es salada. Es probable, insiste, que ésta se contamine con los ácidos que le inyectan a la tierra, pero la perforación se hará a 12 mil o 15 mil pies de profundidad. “No lo van a hacer a 300 metros; sólo hay que hacerla con responsabilidad”.

El anuncio de la reforma energética atrajo ya a inversionistas de diferentes países. “La gente de la Embajada de EU nos dice que por lo menos va un visitante diario a preguntar los detalles para invertir”, asegura el entrevistado.

Lo anterior preocupa a quienes tienen familiares en EU, pues desconocen lo que ocurrirá en la región. Saben lo que ha sucedido en Texas; pero en México, donde hay menos recursos para indemnizar y para pagar salarios, puntualiza Carreón, las instituciones encargadas de cuidar el medio ambiente tienen un historial de corrupción.

 

La regidora panista Indira López Morales agrega: “Todos tenemos parientes en Texas y hemos visto que sí se han beneficiado, pero también los han perjudicado mucho. Las compañías que se encargan de la extracción (de hidrocarburos) les llevan garrafones de agua a los habitantes hasta sus viviendas. No porque sean buenas gentes, sino porque allá ya no se puede tomar el líquido de la llave.

 

INTRANQUILIDAD EN COYAME

Coyame es un municipio rural con alrededor de mil 800 habitantes y en su jurisdicción los índices delictivos son incipientes; por eso al Ayuntamiento le preocupa la probable inestabilidad que generen las actividades de extracción de hidrocarburos no convencionales.

En las últimas semanas, el director de Catastro, Raúl Ramírez, notó que mucha gente se estaba interesando en regular sus terrenos porque según él, tienen expectativas e intentarán sacar provecho en el futuro inmediato. Son cuatro los casos detectados. Los propietarios ya iniciaron la legalización de terrenos intestados para definir quiénes son los dueños; en algunos ranchos también “andan acelerados”, sostiene Ramírez.

En la localidad la mayoría de la gente vive de la agricultura. Javier Meléndez Cardona, líder del Frente de Productores Agropecuarios, explica que ahí la Comisión Federal de Electricidad tiene una planta termoeléctrica que busca extraer agua del subsuelo y este año licitaron otra.

Si a eso le agregan la extracción del gas shale, advierte, habrá una catástrofe ambiental a pesar de que la mayoría del seccional es zona protegida.

Ni en el este ni en el valle de Juárez, otro de los puntos donde se harán trabajos de exploración y explotación, hay información. Ahí se encuentran también los municipios de Praxedis G. Guerrero y Guadalupe Distrito Bravos, los más golpeados en la lucha contra el narcotráfico.

En Guadalupe Distrito Bravos, más de la mitad del pueblo se fue. Ahí vivía la familia Reyes, que perdió siete miembros. El resto huyó a EU. Hoy se observan ahí casas abandonadas; algunas fueron quemadas, otras baleadas.

Las autoridades buscan regular los predios porque el municipio está casi en bancarrota. Los pobladores aún no recuperan la tranquilidad y tampoco tienen información sobre la situación en la que los colocará la reforma energética.

En el municipio de Janos, contemplado también para la extracción, a principios de mes se abrió la tierra en una comunidad ejidal de Monterde en ese territorio que colinda con Nuevo México. Algunas calles están llenas de grietas de hasta dos metros y medio de profundidad por uno de ancho. Nadie conoce las causas de ello…

Patricia Mayorga Ordóñez

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