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Cacería de “ángeles”

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OMOA, HONDURAS.— El autobús está detenido al borde de la carretera, a las puertas de un zoológico selvático. Una policía coteja en una computadora los antecedentes penales de los pasajeros, quienes esperan abajo del vehículo. Lo hombres permanecen en una fila. Las mujeres y sus hijos, en otra.

Los agentes cuestionan a madres y niños sobre su destino, revisan maletas, escrutan tatuajes que les parecen llamativos. El trámite dura menos de 20 minutos. El autobús sigue su paso rumbo a la frontera con Guatemala.

De cuclillas sobre la tierra y molesto, un adolescente garífuna alto, flacucho, de 16 años, habla por teléfono con su mamá. Es uno de los detenidos. Llevaba un cuchillo pero no lo detienen por eso, sino porque es menor de edad e intentaba salir solo de su país.

“Que soy menor de edad, que no puedo seguir pa’lante. Me gustaría seguir. Ya había pasado sin problema”, explica con desgano después de que entrega el celular prestado a un policía. “Pasé cuando tenía 15 años, llegué hasta Ciudad Victoria (Tamaulipas), nos secuestraron, (nos dijeron) que cada uno teníamos que pagar cinco mil dólares a los de El Golfo, hasta que llegó la Marina a rescatarnos, y ahora que soy más grande no me dejan pasar”.

Alega que iba a reunirse con un tío que vive cerca de Coatzacoalcos. Que por pobreza abandonó la escuela. Que ningún taller mecánico le da empleo. Que en la calle está agarrando vicios. Que fuma. Ninguna razón sirve. Será trasladado a un albergue temporal en San Pedro Sula, a 57 kilómetros, hasta que alguno de sus padres lo recoja.

Se sumará a una estadística. Será otro “ángel rescatado”. Un logro más de la Operación Rescate de Ángeles, que lleva a cabo la policía de élite, entrenada, equipada y financiada por la embajada estadunidense. El objetivo de este programa es cortar el paso a menores de 21 años que estén a punto de cruzar a Guatemala si no están acompañados por uno de sus padres, no llevan pasaporte y una carta notariada de autorización del viaje firmada por el otro progenitor.

Desde el 20 de junio hasta el lunes 11 de agosto, este cuerpo policiaco había “rescatado” a 134 menores y detenido a ocho “traficantes de seres humanos”. No se trata de coyotes necesariamente; quizá sólo son adultos que acompañaban a los menores sin ser sus parientes.

Esta es la primera de muchas redes dispuestas a lo largo del camino para pescar a niños migrantes que salen de sus países huyendo de la violencia o la pobreza. O con la esperanza de reunirse con sus papás emigrados.

Este embudo es una de las causas por las que están disminuyendo los menores migrantes en los albergues estadunidenses, abiertos para atender la “crisis humanitaria” decretada por la llegada de 57 mil infantes centroamericanos en el primer semestre de 2014.

A cada automovilista o pasajero de autobús que se dirige al cruce fronterizo de Corinto —pueblo de casas de dos pisos donde el motor de la economía es la migración— los policías, amables y bien armados, lanzan las mismas preguntas: “¿Los niños son suyos? ¿Los tres son hermanitos? ¿De dónde vienen? ¿Hoy mismo regresan? Muéstreme sus identificaciones”.

El mismo ritual se repite hasta 500 veces cada día afuera del zoológico absurdo, en medio de la nada.

Cuando los policías ven grupos de niños solos los separan e interrogan hasta que alguno se contradice. Observan si entre los adultos viaja algún pollero, que seguramente los vigilaba desde los asientos traseros y los adoctrinó para que no lo delataran. Retienen a los menores. Se despiden de quienes tienen todo en regla: “Sólo eso. Verificando que ellos sean sus hijos”.

En sentido contrario, cada lunes, miércoles y viernes pasan autobuses frente a este zoológico sin visitas. Procedentes de Acayucan, Veracruz, y de Tapachula, Chiapas, cargados de niños hondureños expulsados de México. Por esa ruta y en un mismo día, han pasado hasta 12 camiones mexicanos llenos de infantes pescados en esa otra red antiinmigrante.

“Se le puso Operación Rescate de Ángeles porque se les rescata de un futuro incierto. No se sabe qué les espera en México o Guatemala. Se les rescata de una decisión que otros tomaron cuando ellos no tenían edad de hacerlo, porque son unos angelitos”, explica el comisario Miguel Martínez Madrid, policía entrenado en Estados Unidos.

Él coordina el Grupo de Operaciones Tácticas (Goet), cuyos integrantes visten uniforme con chaleco blindado, un rótulo que indica “POLICÍA”, además del emblema “Honor y patria” y un alacrán. Portan cuchillo y pistola.

En el operativo también participa el grupo Tigre. Sus miembros llevan ropa camuflada y fueron entrenados para combatir en campo y ciudad con otro grupo financiado por Estados Unidos: Jungla de Colombia (Proceso 1823). Cierra la pinza la UTIC (Unidad Transnacional de Investigación Criminal), que indaga judicialmente a los sospechosos de ser coyotes.

Los agentes han sido entrenados por el FBI, la Border Patrol Tactical Unit, escuelas estadunidenses y unidades especializadas de otros países. El grupo hondureño de élite fue creado y entrenado desde 2012 gracias a recursos del Departamento de Estado de Estados Unidos, y hasta junio pasado se había dedicado a perseguir secuestradores, narcotraficantes, políticos corruptos, lavadores de dinero y pederastas. Esta es la primera misión en la que sus agentes no usan las máscaras negras con que salen a las calles: no quieren espantar a los niños.

Washington les brindó el equipo que usan: armas, camionetas blindadas, sistemas computacionales para monitorear antecedentes, unidad móvil de rayos X para ver dentro de los vehículos.

Este programa se inauguró después de que, en Estados Unidos, se volviera un escándalo mediático y político la crisis humanitaria —que Martínez Madrid prefiere llamar éxodo— desatada por la llegada masiva de infantes. Pero el comisario dice que la misión se decidió porque la policía hondureña comenzó a recibir muchas denuncias de paisanos afincados en Estados Unidos, que se quejaban de haber contratado a coyotes para que les llevaran a sus hijos. Sólo que los niños nunca llegaban.

“La embajada (estadunidense) aprobó el apoyo que pidió el director de la Policía Nacional, el general Ramón Sabillón, para lograr rescatar a cuanto menor de edad sea posible”, apunta Martínez Madrid.

Desde entonces, también con fondos estadunidenses, las autoridades de esa nación centroamericana proveen alimentos, hospitalización y albergue a los detenidos. Todo, aclara, “humano y preventivo”.

Al pie de la carretera, junto al carril en dirección a San Pedro Sula, una mujer y su hija de cinco años lloran. El esposo trata de tranquilizarlas.

—Siempre pasaba así, con la partida de nacimiento… si tiene una computadora puede ver que nosotros somos los padres de Génesis Yasmira… Investigue… ¡investigue! —llora la señora Bertha Maritza Banegas.

A sus pies reposa una maleta negra con un cierre oxidado, bolsas con comida y un morral con sus instrumentos de trabajo: dos biblias.

La policía los bajó de un autobús lleno de pastores de la Iglesia de Dios Pentecostés que iban a un congreso en Guatemala. Desconocían los nuevos requisitos para cruzar a ese país, donde los adultos tienen paso libre por ser centroamericanos.

Las revisiones se hacen en distintos pasos fronterizos, legales e ilegales. Estos últimos son custodiados por los tigres, quienes interceptaron a una familia garífuna (14 menores y 29 adultos) a punto de migrar por la montaña, y aunque el líder explicó que se iban por la desesperación de no tener qué comer, fue remitido al Ministerio Público como posible pollero.

“Siento compasión cuando los detengo porque sé que no se van para robar, se van para trabajar, porque acá no hay trabajo. Pero son órdenes”, admite un tigre que acampa estoico entre la maleza, bajo lluvias, como les enseñaron a sobrevivir en la jungla los colombianos.

Todos los agentes en su unidad cuentan historias de migración cercanas: uno tiene un hermano en España, a otro lo deportaron de México, él mismo creció sin madre porque ella se fue al norte. Uno dice que aunque le gustaría irse, tiene miedo de toparse con Los Zetas y que sepan que es policía de élite en su país.

Pero todos están convencidos de que están ahí para hacer cumplir la ley.

En la bitácora de rescates se asienta el nombre de un quinceañero que repela furioso mientras los agentes lo obligan a sacar del autobús su maletín con ropa: “¿A qué me quedo aquí? ¿Qué no saben lo que pasa en Honduras?”.

En entrevista, el comisario Martínez Madrid revirará: “Esto no es el Muro de Berlín, no es una cárcel”.

Asegura que los policías informan a las familias que pueden sacar a sus hijos de manera legal, si en vez de contratar a un coyote que les cobrará caro, adquieren pasaportes.

“En estos buses que pasan no cabía gente local, las compañías compraban más buses sólo para llevar más gente a la frontera. Desde que llegamos nosotros los usuarios son los locales, y llevan sólo 40% de capacidad. Bajó enormemente el flujo. Es un éxito del operativo. ¿A cuánta gente se le salvó de no morir en el trayecto? Con una sola ya valió la pena”, abunda. Recuerda entonces que el primer “angelito” rescatado fue un niño de cinco meses (con más de 100 ronchas de picaduras de insectos), al que alguien dejó botado en el monte.

No es ingenuo. Sabe que los coyotes ya abrieron nuevas rutas y sacan a la gente en lancha, bordeando la costa, con más peligros.

Desde el ventanal de la Cruz Roja, a unos metros de la desvencijada caseta de policía ubicada antes de cruzar a Guatemala desde Corinto, la joven Yaeli Milla veía pasar, cada hora, hasta 30 personas con la mirada puesta en Estados Unidos. Muchas veces le tocó atender a algunos de ellos, cuando regresaban a bordo de camiones financiados por el Gobierno mexicano para las deportaciones.

A partir de abril comenzó una carga inusual de trabajo. “Nos llegaban decenas de buses en abril, mayo, junio”. Lo más asombroso es que dentro de los vehículos veía más caras infantiles que adultas.

Recuerda un día en que llegaron 15 autobuses. Doce de ellos, llenos con menores de edad y si acaso, algún familiar adulto. Otro día le impresionó encontrar a un niño de siete años, oriundo de La Ceiba, que prometía volver a intentar el cruce para buscar a sus papás en Estados Unidos. Ninguna autoridad hablaba sobre este fenómeno, pero la Pastoral de Movilidad Humana llegó a contar hasta 500 personas cruzando hacia el norte en sólo 24 horas.

“Para junio empezó el escándalo. Todos los medios comenzaron a hablar de eso, cuando desde hace dos años viene aumentando y las cantidades de deportados eran ya grandes”, rememora mientras revisa que estén listos los paquetes que entregarán a los repatriados y que contienen pasta de dientes, cepillo, papel de baño, jabón y —según de quién se trate—, toallas sanitarias, pañales o rastrillo, cortesía de una empresa. También una bolsa de agua.

Todos los que llegan se ven desnutridos, Honduras no los recibe con comida porque para eso no alcanza. Mientras vuelven a ponerle agujetas a sus tenis, algunos relatan los secuestros que sufrieron en Tamaulipas, los asaltos desde que cruzaron el río Suchiate, las golpizas a manos de policías o militares mexicanos. U

Unos orinan afuera de la Cruz Roja. Otros de plano dan media vuelta y vuelven a caminar hacia Guatemala. Más pobres. Más desesperados.

Cruzarán enfrente de un grupo de cambistas —como se dice a los vendedólares—, aburridos por falta de clientes, amontonados bajo un quiosco como aburridas estatuas.

La crisis humanitaria, éxodo o estampida surgió por un rumor que muchos creen que esparcieron los coyotes. “Decían que al llevar un menor de edad los padres podían pasar”, evoca una enfermera. “Decían que todo mundo que pusiera un pie en suelo americano recibiría protección”, continúa un policía divorciado. Él perdió a uno de sus hijos porque, cuando se dio cuenta, su ex ya había pagado siete mil dólares a un coyote para que lo cruzara. “En las noticias salió que dejaban pasar a quienes demostraran que un marero (pandillero) te quería matar”, tercia un taxista cuya cuñada aprovechó para cruzar con dos hijos. “Ofrecieron un espejismo: una ley falsa que obligaba a Estados Unidos a dar comida, ropa y educación a los niños que llegaran. Nuestra gente pobre se lo comió, empeñó, vendió”, lamenta el obispo Rómulo Emiliani.

Gustavo, dueño de un carwash ubicado en la mera línea fronteriza, cuenta que de sus conocidas, “se fue Liliana, la sobrina de Hilda; Norma, la hija de Mariana; la otra prima de Hilda, Carito, y la hija de Carito”. Su tía Juana Abrego agrega que Tegucigalpita está a punto de convertirse en pueblo fantasma.

Como haya surgido el rumor, lo cierto es que existen motivos para huir: pobreza, falta de trabajo, inseguridad. “Los niños migrantes no buscan el sueño americano, sino que huyen de la pesadilla hondureña”, suelta el director de Casa Alianza, Guadalupe Ruelas.

Mientras ofrece un recorrido por el internado de San Pedro Sula, donde el Gobierno recibe a los niños repatriados de México, el funcionario Rony Rodríguez, subcomisionado del Comité Permanente de Contingencias (Copeco), menciona la oferta institucional para que los infantes retornados y sus familias mejoren su vida.

A los padres por ejemplo, les ofrecen capacitación para empleo, becas educativas si los hijos no faltan a la escuela y materiales de construcción para el mejoramiento de casa o para que instalen su huerto familiar. No hay nada contra la inseguridad.

En espera del autobús que llegará con menores expulsados de México hay psicólogos, funcionarios, trabajadores sociales, médicos, cocineras, promotores de programas y voluntarios con distintos chalecos, según la institución o fundación para la niñez que representen. También hay despensas en bolsas con el escudo nacional y el nombre de Juan Orlando Hernández, el Presidente hondureño.

La atención está concentrada en la niñez migrante. Nadie habla de los niños famélicos de panzas hinchadas o la piel pegada a las costillas, de los que desertan de la escuela por falta de recursos, de los asesinados o reclutados a la fuerza, o de aquellas niñas que son violadas por los maras, de los abandonados por sus padres migrantes, de las esclavizadas en burdeles mexicanos, de quienes empuñan una pistola.

Según Casa Alianza, en los últimos siete meses 700 niños fueron asesinados en Honduras. En un país con 3.7 millones de menores de edad, una cuarta parte de ellos no asiste a la escuela; dos mil la abandonaron debido a amenazas de muerte. Medio millón trabaja. Veinticuatro de cada 100 adolescentes están embarazadas. Ocho mil viven en las calles de San Pedro Sula o Tegucigalpa. 15 mil familias abandonaron su casa por la violencia.

Durante el recorrido Rodríguez explica que por respeto a los niños que están por llegar, la prensa debe salir. Pero el lugar se llena de militares con metralletas, decenas de hombres con guayabera blanca y un enjambre de funcionarios que rodea a la primera dama de Honduras, Ana García, para que salude a los recién llegados.

Un niño de 16 años se le acerca. Se llama Jeferson. Ella sonríe, él seco, desafiante, le dice que no quiere estar en Honduras porque sus últimos cinco años los pasó en México y allá quiere regresar. Una funcionaria le dice que lo mandarán a un orfanato hasta que sea mayor de edad. Él anuncia que se va a escapar.

Marcela Turati

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