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Quebrado el Frigorífico

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A 30 años de inaugurado, el Frigorífico de Campeche, actualmente Frigorífico Supremo y bajo la tutela de la familia Alarcón Rubio, está endeudado, en quiebra técnica y a punto de convertirse en elefante blanco, por la incapacidad de sus administradores de promover su recuperación, al no ser autosuficiente.

En su época dorada o de apogeo la factoría sacrificaba hasta 400 animales diarios, mientras en la actualidad apenas procesa 34, lo que aunado a la mala administración, está sin posibilidades de obtener apoyo gubernamental.

El Frigorífico Supremo adeuda 500 mil pesos de renta de los últimos 10 meses al Frigorífico de Campeche —dueño de las instalaciones—, que a su vez debe dos millones 594 mil 695 pesos: un millón 756 mil 695 pesos por un préstamo al Fideicomiso del Dos por Ciento Sobre Nómina, 550 mil pesos préstamo directo a la empresa y 288 mil del Impuesto al Valor Agregado por la renta.

Originalmente creado como Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC), que manejaban las Sociedades de Producción Rural (SPR), ahora opera bajo la razón social de Frigorífico Supremo. Obtuvo en 1998, durante el periodo de Francisco Javier Rodríguez Báez, el nivel Rastro Tipo Inspección Federal (TIF), al ser equipada con maquinaria francesa.

Así se convirtió en el séptimo rastro tipo TIF del Sureste, junto con los de Tizimín, Yucatán; Arriaga, Chiapas; Villahermosa, Tabasco, y Acayucan, Tierra Blanca e Isla, Veracruz.

Antes, de 1988 a 1992 sacrificaba en promedio 100 reses diarias. Con la llegada de Jorge “El Rojo” Rosiñol Abreu (1992-1996) se inició la debacle y la crisis que hoy enfrenta la empresa. En su administración sobresalieron el despilfarro, el robo de unidades y el retraso en pagos a los productores.

Ya con Rodríguez Báez a cargo y el apoyo del Gobierno del Estado se logró recuperar la maquinaria francesa que permanecía en la Aduana de Veracruz. En ese entonces, en 1997, se condiciona la entrada de las asociaciones ganaderas a la empresa y queda establecido que el dirigente de la Unión Ganadera Regional administrará la factoría.

Durante muchos años el Frigorífico sorteó problemas financieros gracias al respaldo de la UGR, que cubría salarios de empleados y sindicalizados, y en el 2009 el Gobierno decidió entregarlo a la familia Alarcón Rubio bajo el nombre de Frigorífico Supremo.

Trascendió que los Alarcón recibieron 37 millones de pesos para modernizar las instalaciones y que pagarían 100 mil pesos de renta mensual a la UGR. No cumplieron y adeudan 900 mil pesos. Ahora pretenden reducir la renta a 50 mil y vender la factoría en 45 millones de pesos.

 

PÉRDIDAS Y SIN CRÉDITO

Andrés Alarcón Rubio, uno de sus propietarios, admitió que el Frigorífico Supremo no trabaja ni en su punto de equilibrio. Al mes sacrifican unos 900 animales, cuando para alcanzar el punto de equilibrio se requiere de entre mil 300 a mil 400. La mayoría se vende por canal y tiene como destino Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Petróleos Mexicanos (Pemex), Acapulco y Villahermosa, Tabasco.

Al no alcanzar la media de operación, la factoría enfrenta pérdidas mensuales de hasta 70 mil pesos. “Es complicada la situación, necesitamos un trabajo de engorda y reforzar la labor de repoblamiento. Lo otro es exportar en cortes, porque necesitamos darle el valor agregado que requerimos”.

“Como empresa no somos sujetos de crédito, pues debemos cumplir una serie de requisitos. No tenemos capital inicial, y necesitamos unos 100 millones de pesos para impulsar la actividad y garantizar la producción para la factoría, de los cuales unos 70 millones los podrían aportar los fideicomisos Instituidos con Relación a la Agricultura (FIRA) y lo demás el Gobierno del Estado. Hay opciones, y buscaremos los mecanismos”, confió.

Además, se tiene que apoyar al productor e inculcarle el compromiso de engordar al hato y no venderlo con peso promedio de 230 kilos, como ocurre en la actualidad. Para sacrificarlo, un animal tiene que cumplir una serie de requisitos. Lo ideal en peso es 550 kilos. El problema es que en el Estado no se llega a ese tonelaje, pues el productor, por su misma necesidad económica, lo vende en destete, no lo finaliza y tampoco se consigue el valor agregado”.

Otro factor que obliga a la venta es que los intermediarios o “coyotes” pagan más por el animal de poco más de 200 kilos, pues van por volumen de animales para transportar, porque ahí está el negocio de las grandes empresas.

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