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Miente a Juzgado oficial mayor del Ayuntamiento

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Escárcega.- Azael Benítez Trinidad, integrante del autodenominado grupo Anticorrupción, que lo llevó a la Dirección de Administración e Innovación Gubernamental, conocida como Oficialía Mayor del Ayuntamiento, incurrió en el delito de obstrucción a la justicia al falsear información.

Pues afirmó en documento oficial que Guadalupe Salazar Baca había sido dada de baja de la Comuna, cuando en realidad labora en la Dirección de Obras Públicas.

De acuerdo a un oficio, que obra en poder de TRIBUNA, con fecha 5 de noviembre del presente año, dirigido a Raquel Caamal Contreras, secretaria de acuerdos interina del Juzgado Primero Mixto Civil-Familiar-Mercantil de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado, rubricado por el funcionario, se demuestra que mintió.

El documento dice: “En atención a su oficio número 226-18-I-I-III, relativo al expediente número 171-15-2016-I-I-III de fecha 25 del año en curso, recibido en estas oficinas el día 29 de octubre del 2018, en el que solicita se le informe el total de las percepciones que devenga la C. Guadalupe Salazar Baca, como empleada de este Ayuntamiento, por medio le informo que la C. Salazar Baca, con fecha 31 de octubre del año en curso causo baja como empleada de este H. Ayuntamiento”.

 

CONFIRMADO

Sin embargo, Salazar Baca está en Obras Públicas, como han confirmado sus compañeros de trabajo. Ingresó al Ayuntamiento, con Atilano Mosqueda Aguayo, quien la asignó al área de Comunicación Social.

Tras la renuncia de Mosqueda Aguayo y con la llegada de Carlos Collí Cuevas, quien nombró como director de Obras Públicas a Arturo Cosgaya Loeaza, Salazar Baca fue transferida a esa área.

El documento, que envió el oficial mayor, fue recibido el mismo día, cinco de noviembre en el Juzgado Primero del Tercer Distrito Judicial del Estado, con sede en la Casa de Justicia de esta ciudad.

Por falsear información a un juez, Benítez Trinidad incurre en el delito de obstrucción a la justicia, lo que es meritorio a iniciarse en su contra una carpeta de investigación que sería canalizado al juez de control.

Podría ser acreedor de una sanción económica, incluso, la separación de su cargo, pues es indebido que un servidor público mienta de manera oficial y lo documente, como ocurrió en esta ocasión.

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