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GES contrató porros

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Entresemana

GES contrató porros

 

Nadie puede llamarse a sorpresa respecto al enfrentamiento del pasado miércoles en Calkiní, por el lío de la gasolinería que los propietarios del Grupo Energético del Sureste (GES) construyeron desde hace varios años en terrenos ejidales, negándose a pagar a los campesinos por el usufructo.

A inicios del pasado noviembre, otro zipizape ocurrió ahí, pero en el de esta semana escaló el nivel de violencia, que dejó ocho campesinos lesionados —al menos uno de consideración— y 53 agresores retenidos por la Policía Municipal, y puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público del fuero común.

Lo que sucedió era de esperarse y temerse, pues ante la prepotencia y la tozudez de la familia ibérica Mouriño y sus provocaciones, los ánimos de los ejidatarios se han venido calentando, hasta que se desbordaron y a punto estuvieron de terminar en tragedia, que todos habrían lamentado, con excepción del clan gasolinero.

Los campesinos insisten en que la gasolinería fue levantada hace 17 años en terreno ejidal, y en ese tiempo los Mouriño la han venido operando, junto con su tienda de conveniencia, y se han negado a pagar ni siquiera un peso partido por la mitad, por la explotación del terreno en venta de gasolinas, lubricantes y comida chatarra.

Confiados en su poderío económico y en la amplia protección que durante 12 años recibieron de los gobiernos panistas de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, los ibéricos cometieron varios abusos y triquiñuelas, primero mediante supuesta compraventa privada, para apoderarse de varias hectáreas del ejido de Calkiní, y construir su estación de despacho de combustibles y lubricantes, y luego operándola sin pagar alguna renta o indemnización.

Y luego, a punto de terminar el sangriento sexenio del desempleo que encabezó Calderón, los españoles recurrieron a otras acciones ilegales para torcer a su favor la resolución del litigio que los ejidatarios iniciaron para obligarlos a pagarles una indemnización, incluido el repentino cambio del juez que estaba a cargo del asunto, pues presumieron que actuando con ética y profesionalismo les daría la razón a los campesinos.

Finalmente a fuerza de complicidades, cañonazos de dinero y trampas de todo tipo, los Mouriño lograron una resolución judicial que los reconoce como propietarios del terreno en donde está su gasolinería pero que aún no es definitiva.

A inicios del pasado noviembre, los Mouriño intentaron recuperar las instalaciones de la gasolinería ubicada a un costado de la carretera federal 180 Campeche-Mérida, cuando otro grupo de agresores bajo consigna y de empleados del GES —sin duda presionados para participar so pena de perder su trabajo—, acompañados por sus representantes legales, arribaron al lugar y con tractores y montacargas trataron de quitar los escombros que cerraban los accesos.

Por supuesto, los campesinos se opusieron y se dio un enfrentamiento verbal y algunos manotazos entre el grupo al servicio de los Mouriño y los ejidatarios en defensa de sus tierras, y la gasolinería siguió sin poder operar, en tanto el representante de los empresarios se quejaba de pérdidas por más de un millón y medio de pesos por al cierre de la estación de servicio.

En esa ocasión, agentes de la Policía Federal llegaron también al lugar, pues la carretera fue parcialmente cerrada durante el enfrentamiento, y aunque grabaron lo que ocurría, no intervinieron contra ninguno de los bandos.

 

AGRESION REFINADA

En todas esas ocasiones el método del clan ha sido el mismo. La contratación por míseros pagos de personas ajenas al conflicto, en su mayoría ebrios o drogados, acompañados por algunos trabajadores de los gasolineros, y el uso de maquinaria pesada, para liberar los accesos bloqueados y desalojar a los verdaderos propietarios del predio ejidal, sin que les importe un comino el riesgo de provocar un saldo trágico.

Así lo hicieron los Mouriño el pasado miércoles, pero refinaron su modo de operar, cuando a bordo de tres microbuses enviaron a Calkiní a un grupo de porros, previamente alcoholizados o drogados, e identificados entre sí por los listones rojos que llevaban amarrados en los pies, al tiempo que también desplazaron tres tractores y un montacargas para liberar los accesos.

Los porros fueron contratados por 400 pesos cada uno en el mercado Pedro Sáinz de Baranda y en el barrio de San Rafael —según confesaron ellos mismos— y arribaron al terreno en disputa a eso de las 11 de la mañana, cuando en el lugar permanecían de guardia sólo cuatro ejidatarios, lo que les permitió comenzar a retirar los escombros que impedían el paso a la gasolinería, al tiempo que los despachadores de combustible y los empleados de la tienda de conveniencia ocupan sus sitios de trabajo.

Todo parecía pan comido, pero se corrió la voz de lo que estaba ocurriendo, y de inmediato llegaron varios campesinos, incluidas algunas de sus esposas, y a la maquinaria pesada y a los agresivos porros del clan ibérico, opusieron su dignidad y valor.

Aunque los ejidatarios estaban a descubierto, y los porros a resguardo de las paredes de la gasolinería y de la maquinaria pesada, lograron detener ésta y retuvieron a un tractorista. Para entonces ya estaba la Policía Municipal en el lugar de los hechos, encabezada por su director y comandante, Edgar Zavala Sosa y Alberto Elizalde Jiménez, quienes ofrecieron a los agresores al servicio del clan español, cubrirlos para que se retiraran, pero envalentonados por los influjos del alcohol o de alguna droga, se pusieron más violentos.

Por ello, los agentes tuvieron que intervenir y retuvieron a 53 de los provocadores, para ponerlos a disposición del Ministerio Público. Ocho de los campesinos que salieron en defensa de su patrimonio, resultaron heridos y al menos dos resultaron con lesiones de gravedad.

Tras el nuevo y agresivo intento de los propietarios del GES de imponer su capricho, abuso e ilegalidad, para reabrir su gasolinería, queda muy claro que detrás de la agresión que los Mouriño orquestaron, está su perverso como inconfesable objetivo, seguir provocando a los ejidatarios.

Eso porque los ibéricos seguramente calculan que de resultar alguna persona muerta, sin importar que se trate de un porro o de un campesino en defensa de su tierra, lo más probable sería que el reclamo social se dirigiera en contra de las autoridades tanto del Ayuntamiento de Calkiní, como del Gobierno del Estado, y esto los obligaría a resarcir a los ejidatarios, lo que los Mouriño con total ilegalidad y prepotencia les niegan, el pago por el usufructo de su patrimonio.

Ante tal escenario, la pregunta obligada es si las autoridades municipales y estatales están dispuestas a permitir ese objetivo perverso, a esperar que un saldo trágico ocurra y a tener que desembolsar lo que los ibéricos deben pagar, o si se fijarán una posición más clara y decidida en torno al asunto, como también a gestionar a nivel federal una pronta y justa resolución, que tendría que ser a favor de los intereses de los campesinos, y no de los caprichos de los enriquecidos Mouriño.

 

¿MOCHILERO?

El martes de la semana pasada un hombre llegó a las puertas del Palacio Municipal y sin pedir audiencia con nadie se encadenó al barandal del área de acceso para discapacitados, en tanto su hijo menor de edad desplegó una cartulina dirigida al subdirector de Mercados del Ayuntamiento, Juan Carlos Salazar Magaña, demandándole: “…devuelve mi mochila con mis libros y libretas que me regaló el gobernador”.

Por supuesto, la presencia del encadenado llamó de inmediato la atención de cuanta persona pasó frente al ex cuartel militar de la calle ocho, como también de ciudadanos que acudieron a realizar algún trámite a las oficinas de la Comuna, y de funcionarios de ésta, pero lo que más atrajo la atención de todos fue la pancarta del niño exigiendo la devolución de su mochila escolar, pues lo primero que pensaron fue que Salazar Magaña se había convertido en asaltante de menores de edad o en mochilero o trotamundos con huaraches pie a tierra, en mezclilla percudida y sin bañarse.

Sin embargo, tras la explicación que dio el manifestante Pedro Javier Carrillo, se entendieron los motivos del reclamo de éste y de su hijo, y particularmente esto último provocó el enojo de quienes escucharon su versión, porque quedó claro que por un problema del padre con las autoridades del mercado Pedro Sáinz de Baranda, el menor de edad se quedó sin los útiles escolares que recibió como parte de los programas solidarios del Gobierno del Estado, lo que desde luego le impidió ir a clases.

Además, al dar su opinión sobre lo sucedido, el funcionario municipal, por decirlo así, desenredó una maraña mientras hacía otro nudo gordiano, pues dio a conocer un hecho no sólo sorprendente sino increíble: que muchos locatarios del principal centro de abasto de la ciudad de San Francisco de Campeche tienen fuertes adeudos por permisos que les expide el Ayuntamiento, algunos incluso desde hace la friolera de 20 años, es decir desde hace más de seis administraciones municipales.

Como Jack El Destripador en sus tiempos de mayor horror, iremos por partes. Al encadenarse al barandal del edificio sede del Gobierno del Municipio, Pedro Javier Carrillo advirtió que no se quitaría de ahí, o sea que no cesaría en su protesta, mientras el Ayuntamiento, concretamente el subdirector de Mercados, Juan Carlos Salazar Magaña, y el administrador del Sáinz de Baranda, Manuel Flores Pavón, no le permitieran reabrir el puesto del centro de abasto en el que estuvo trabajando hasta el día en que esas mismas autoridades lo clausuraron.

El locatario señaló que antes de que decidiera manifestarse encadenado, buscó a Salazar con la intención de resolver el problema de la clausura del puesto, pero el funcionario lo conminó diciéndole: “…bájale a tus huevos y yo le bajo a los míos, sin permitir que sacara los artículos de mi hijo –la mochila Solidaria y los útiles escolares que contiene-”.

Por ello, señaló que lo mejor que podría pasarle al mercado principal de la ciudad de San Francisco de Campeche sería que Juan Carlos y Manuel Flores fueran destituidos de sus cargos, porque vienen incurriendo en múltiples irregularidades, por ejemplo la clausura del local en el que se dedicaba al comercio.

El encadenado explicó que el local en cuestión le fue entregado en préstamo por el dueño, y que, al clausurarlo, Salazar no se tentó el corazón respecto al menor de edad, porque no permitió que Pedro Javier Carrillo sacara al menos la mochila y los útiles que el gobernador Ortega Bernés le regaló al igual que a todos los niños-alumnos de educación básica de la entidad.

“Fuimos a verlo, porque supuestamente me iba a dejar sacar los útiles, y me recibió con negativas, Me dijo que si sigo rechingando, no me dejará trabajar”.

Es cierto que cuando las autoridades municipales o estatales llevan a cabo el aseguramiento o cierre de un inmueble, local o puesto, independientemente del giro o actividad que en él se lleve a cabo, o de que haya estado operando de manera formal o clandestina, los ejecutores del mismo al menos permiten que sus propietarios, dueños o encargados, saquen sus documentos y artículos personales, siempre y cuando no constituyan evidencias de los motivos por los cuales se aplican los sellos de clausura.

Por ello, si los funcionarios de la Subdirección de Mercados del Ayuntamiento de Campeche tuvieron fundamento legal para clausurar el puesto del mercado Sáinz de Baranda en el que Pedro Javier Carrillo se dedicaba al comercio, salta a la vista que les faltó sensibilidad al impedir que el quejoso sacara del local la mochila con los útiles escolares de su hijo, y esto es lo que mayor irritación provoca.

¿Por qué se dio la clausura del puesto? El sanromanero secretario de la Comuna, Carlos Moreno Hernández, explicó claramente. El local estaba a nombre de Blanca Rosa Centurión Bojórquez, pero al fallecer ésta su esposo y uno de sus hijos se presentaron ante las autoridades municipales y mostraron un documento notarial de cesión de derechos a nombre de César de la Cruz Cantarell Centurión.

“No se tomó en cuenta a un tercer hijo, Eduardo Cantarell Centurión, quien llegó, rompió los candados, los cambió y le dio el local a Pedro Javier Carrillo, con quien se asoció. El legítimo propietario se quejó y pidió apoyo para retirar al ocupante”, por lo que la Subdirección de Mercados, a cargo de Juan Carlos Magaña Salazar, inició un proceso y clausuró el local el 8 de noviembre pasado, pero antes notificó al ahora quejoso.

“Si estamos buscando poner orden y legalidad, esto es parte de ello. Si un derecho está a nombre de una personas y de buenas a primeras otro rompe candados para meter a otro, esto un acto ilícito”. Además, ya no hay cesiones y derechos en el Sáinz, porque está sobresaturados, dijo Moreno Hernández, y el propio Pedro Javier reconoció que el puesto le fue prestado “por el dueño”, mejor dicho por Eduardo Cantarell, quien actuó como propietario-heredero del local, sin tomar en cuenta que la cesión legal está a nombre de su hermano César de la Cruz.

Se trata entonces de un conflicto familiar que repercutió en la Comuna y que derivó en que el ocupante del puesto “prestado” fuera retirado, pero entonces ¿por qué la clausura? Así, lo verdaderamente lamentable es que las autoridades que cerraron el local no le permitieran a quien lo ocupaba, que sacara la mochila y los útiles escolares de su hijo.

Entresemana se elabora con aportaciones de periodistas y colaboradores de TRIBUNA.

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