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Código Nacional de Procedimientos Penales

La nueva legislación procesal penal debe procurar que en el nuevo sistema haya un mayor respeto a los derechos humanos del imputado y de la víctima

Tribuna , 6:00 am 10, 2014

La aprobación en la Cámara de Diputados el pasado 5 de febrero del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un hecho histórico que permite contar, por fin, con una legislación procesal penal única para toda la República, con la posibilidad de subsanar los inconvenientes provocados por la existencia de más de treinta códigos sobre la materia, y lograr que la justicia en el país sea igualitaria. Sin embargo, no habrá que ser ingenuos en pensar que todo ello se logrará mágicamente por el sólo hecho de haberse generado la ley procesal penal.

La nueva legislación procesal penal debe procurar que el nuevo sistema abandone sus rasgos inquisitoriales y que en él haya un mayor respeto a los derechos humanos del imputado y de la víctima; que efectivamente se erradique la opacidad y la corrupción en el proceso penal; que éste sea más dinámico y funcional respecto de sus objetivos; que realmente limite la arbitrariedad policiaca, cierre las brechas de discrecionalidad para las fuerzas de seguridad, y evite ser caracterizada como una legislación ‘draconiana’, ‘irracional’, ‘peligrosa’ y ‘absurda’.

Es necesaria la creación de todo un ‘sistema integral de mecanismos alternativos de solución de controversias y de justicia restaurativa’, que serviría para despresurizar de manera efectiva al sistema penal; la generación de un Código Penal único para toda la República, que sin duda sería el mayor logro legislativo, así como una legislación única en materia de ejecución de sanciones penales’, entre otras.

Es difícil pensar que el texto finalmente logrado satisfaga a todos por igual, o que todos estén de acuerdo con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. De hecho enumero una variedad de inconsistencias.

A manera de ejemplo, entre los aspectos cuestionables destacan los que tienen que ver con: la estructura misma del Código Nacional de Procedimientos Penales, que carece de lógica procedimental; la función del proceso penal y su vinculación con el derecho penal material; la importancia que debe tener la etapa de investigación de los delitos, para responder a las expectativas sociales; los alcances de la aplicación de salidas alternas y de los juicios orales; la negociación de la justicia, los criterios de oportunidad y el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos; los requisitos materiales para la orden de aprehensión y el auto de vinculación a proceso; entre otros.

De tal suerte que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales enfrentará grandes retos al momento en que empiece a funcionar, a nivel federal gradualmente sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016 y en el caso de las entidades federativas y del Distrito Federal en los términos que establezca la Declaratoria que al efecto emita el órgano legislativo correspondiente la entrada en vigor del presente Código deberán mediar sesenta días naturales.

Pero eso ya no será tarea de los legisladores sino de los aplicadores de la ley, como ministerios públicos y juzgadores; serán sobre todo éstos quienes tengan ahora la delicada tarea de lograr esos equilibrios necesarios y de homogeneizar los criterios a seguir.

En esa búsqueda de equilibrios y racionalidades, la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales debe procurarse el mayor equilibrio, por ejemplo, entre garantismo y eficientismo, entre los derechos de los victimarios y los derechos de las víctimas, así como entre el uso de salidas alternas y el de los juicios orales; entre otros.

Es decir, se sugiere que, para que los criterios adoptados respondan a los objetivos de la reforma constitucional, a las exigencias de las realidades nacionales y a las expectativas de la sociedad, deben aplicarse a la hora de implementar el Código los mejores criterios de interpretación de sus contenidos, que permitan una aplicación racional, objetiva y equilibrada del mismo; pues, de otra manera, ellos pueden resultar contraproducentes y perjudiciales para el sistema de justicia penal.

Así pues, con este comentario, le doy la bienvenida al Nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales y ahora sólo hay que esperar que pronto tengamos también el Código Penal Nacional para complementar lo que sin duda sería el mayor logro legislativo.

Javier A. Peña Gamboa

 

javierpg10@hotmail.com