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Podredumbre petrolera

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Tremenda bomba soltó el empresario Martín Díaz Álvarez, principal socio financiero de Amado Yáñez Osuna, al acusar directamente al prófugo de la justicia Mario Alberto Avila Lizarraga, ex subdirector de Mantenimiento y Logística de Pemex, de haber otorgado de manera irregular numerosos contratos a Oceanografía y estar seriamente involucrado en la liberación de facturas falsas para el multimillonario desfalco a Banamex.

Es cierto, Díaz Álvarez es célebre no por sus vastos conocimientos en materia financiera, sino por ser sobrino de Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda en el sexenio de Vicente Fox Quesada, que se abrió las puertas para incursionar en toda suerte de empresas —al menos 15 que recibieron multimillonarios recursos del Gobierno Federal—, y que pretende eludir las acusaciones que pesan en su contra, nada más y nada menos, de haber  fraguado el quebranto de 455 millones 281 mil 789 de dólares en agravio de Banamex.

Y como ya sabemos que la culpa es una dama virgen, porque nadie se la quiere echar, en el caso que nos ocupa, los que se enriquecieron escandalosamente en los sexenios panistas de Vicente Fox y de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, tratan de responsabilizar a los de abajo de las ilegalidades en que incurrieron.

Díaz Álvarez, quien a lo mucho será responsabilizado por uno de esos llamados “delitos de cuello blanco”, por los que se pagan fianzas multimillonarias para no pisar la cárcel, declaró ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), que a partir de la llegada del “amigo” de Amado Yáñez, Mario Ávila Lizarraga, a la Subdirección de Mantenimiento y Logística de Petróleos Mexicanos (Pemex), “los contratos comenzaron a fluir de forma inesperada, irreal e increíble, donde 100 por ciento de la flota con la que se contaba o contrataba directamente el ingeniero Yáñez era puesta en algún contrato de forma inmediata”.

Según Díaz Álvarez, su relación con el dueño de Oceanografía fue regulada mediante un contrato de prestación de servicios, que no fue socio y que nunca manejó operaciones financieras, administrativas o de negocios de Oceanografía, porque sus servicios estaban limitados “a la asesoría en materia financiera”.

“Amado Yáñez o su gente consiguieron con Pemex cartas que yo nunca había visto que algún funcionario de la paraestatal emitiera, en donde se culpaban ellos por estas irregularidades sobre facturas y estimaciones”. Esto es más grave aún, pues así se amparaban de los delitos que estaban cometiendo.

Además, Díaz Álvarez señaló que desde diciembre de 2012 (misma fecha en que Ávila Lizarraga renunció a Pemex) se desvinculó totalmente de Oceanografía y que se fue a Querétaro para crear Libertad Servicios Financieros, a raíz de las imputaciones de “mala gestión que tiene el señor Yáñez” y que dañó, sostuvo, su reputación.

En su declaración, Díaz Álvarez dijo también que “un tema superálgido” al que llamó “el monstruo de siete cabezas” fue la situación fiscal de la compañía, “debido a la falta de control y de registros contables auditables, así como el pago al SAT, IMSS e Infonavit”. Temas en los que, aseguró, no tiene nada que aportar.

Se insiste: el objetivo del “cerebro financiero” de Amado Yáñez Osuna es evadir a la justicia, esperando que sus nexos con personajes de alto nivel, le permitan el descongelamiento de sus cuentas, las cuales fueron embargadas por presumir que forman parte de los multimillonarios recursos desfalcados a Banamex.

Lo interesante sin embargo, es que confirma lo que se había estado manejando como simple rumor: que Mario Alberto Ávila Lizarraga, quien ocupó el cargo en Pemex de febrero de 2010 a noviembre de 2012 gracias a que la familia Mouriño le consiguió esa chamba, está seriamente involucrado en esas operaciones fraudulentas y que ya es investigado por la expedición de facturas presuntamente falsas.

Es de esperarse que la PGR y la propia Secretaría de Hacienda expandan sus investigaciones no sólo hacia el enriquecimiento ostentoso de que hizo gala Mario Ávila durante el desempeño de sus funciones y después de que lo cesaron por corrupto, sino, como acertadamente han señalado algunos analistas como Francisco R. Rodríguez y Carlos Loret de Mola, apunten sus pesquisas hacia quienes movieron sus hilos de poder para colocar al ex vendedor de autos en una posición desde donde, como se ha visto, pudo favorecer arbitrariamente a quienes quiso y con quienes seguramente compartió más que diezmos y comisiones.

 

REAPARECE ROSAURA GONZÁLEZ

Varios meses después de que una de sus hijas, a bordo de una camionera manejada a exceso de velocidad, atropelló a tres personas sobre la avenida López Portillo, cuando salían de una funeraria, y huyó, Rosaura González Castillo reapareció hace algunas semanas para “dictar cátedra” en torno al suicidio, pero sin decir qué hace el Programa Estatal de Salud Mental a su cargo, para prevenir y reducir el problema.

La funcionaria, que no dejó precisamente buenas cuentas cuando presidió el Ayuntamiento de Escárcega, admitió que de enero a junio de este año se registraron en la entidad seis suicidios más que en el mismo periodo del 2013, y que hasta el pasado viernes 45 personas se habían quitado la vida y, lo más lamentable, en su mayoría menores de edad.

“… es necesario que la familia esté muy atenta a cada una de las señales que muestra la persona, porque ellos —los que están en tránsito de suicidarse— nos dan señales”, mencionó, pero no dijo cuáles son esos indicios, y mucho menos qué hacer cuando se detectan, como tampoco qué papel desempeña en materia de prevención el programa por el que la ciudadanía le paga un jugoso salario.

Sin embargo, sin el menor sonrojo, la madre que protegió a la hija que atropelló a una familia y no dio la cara por ello, mencionó que los medios de comunicación juegan un papel importante en la sensibilidad con la que presentan las gráficas e información sobre el suicidio, sin dejar en claro a qué se refiere, porque si ella misma habla de un aumento de seis casos en los que va de este año, comparado con igual lapso del anterior, eso es lo que se consigna, y en el caso de menores de edad se respetan las disposiciones legales para el manejo de este tipo de datos, por ejemplo, no dando a conocer sus nombres.

Apuntó también la funcionaria a no ver el suicidio sólo como una cifra y a respetar el duelo de las familias de los suicidas, pero acaso no hacer nada para prevenir y reducir el problema, cuando se cobra por ello, y muy bien, ¿es o no una mayor falta de respeto, primero a la sociedad y después a los familiares de quien se quita la vida?

Entresemanase elabora con aportaciones de periodistas y colaboradores de TRIBUNA.

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