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Fiscalía va contra abigeos

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La queja de que el delito del abigeato en el Estado de Campeche sigue imparable, no es nueva, data de mucho tiempo atrás, y aunque se han hecho reformas a la ley para castigarlo con severidad, esto no ha influido para disuadir a los cuatreros y menos ha servido para dar con los delincuentes, según lo han manifestado una y otra vez los ganaderos afectados y sus asociaciones gremiales.

Por ejemplo, durante la pasada administración estatal los señalamientos por el creciente robo de bovinos fue constante, y aunque las autoridades de la entonces Procuraduría de Justicia del Estado encabezadas por Renato Sales Heredia se reunieron en varias ocasiones con los dirigentes ganaderos para analizar la situación, los resultados de las pesquisas no fructificaron, las denuncias siguieron durmiendo el sueño de los justos y los amigos de lo ajeno continuaron robando reses.

En los últimos años, los delincuentes pasaron de llevarse los animales en pie a bordo de camionetas, a destazarlos en las inmediaciones de los propios ranchos para cargar sólo con la carne, lo que hasta a un niño de primaria indicaría que los abigeos no tienen que recorrer mucha distancia para vender el producto mal habido, sino que lo comercializan en la propia zona de sus ilícitos, ya sea en mataderos clandestinos, en rastros municipales o a algún distribuidor cómplice de los hechos.

A pesar de tantas denuncias durante el pasado sexenio, los agentes del Ministerio Público fueron incapaces de dar con los cuatreros para ponerlos a disposición del juez a fin de que recibieran la sanción que la ley prevé para este tipo de delitos y hampones.

Por ello, el reclamo permanente de los productores ganaderos a las autoridades judiciales era que la Procuraduría de Justicia no servía de nada, porque por un lado sus autoridades insistían en que los afectados presentaran sus denuncias, pero por el otro, aunque denunciaran, los expedientes se empolvaban y las averiguaciones no prosperaban, salvo algunas excepciones, y cuando las pesquisas daban con los abigeos, éstos tardaban más en entrar a la cárcel, que en salir por deficiencias legales sobre la tipificación y persecución del delito.

Es de reconocerse que las autoridades del sector agropecuario estatal se esforzaron por poner en marcha toda una serie de medidas para el mejor control de las movilizaciones pecuarias, particularmente de bovinos, pues no querían que por un nuevo descuido se repitiera la pérdida del reconocimiento del estatus zoosanitario, que durante el gobierno de Jorge Carlos Hurtado le costó la cabeza al entonces secretario de Desarrollo Rural, Jorge Gracia Rodríguez.

Esas medidas permitieron una mejor coordinación institucional sobre las movilizaciones y de alguna manera obligaron a los abigeos a cambiar su modus operandi del traslado de animales en pie, a su sacrificio para destazarlas y cargar sólo con la carne, lo que hace más fácil y menos evidente su movilización.

Un problema legal, que en los hechos se convirtió en un aliciente para los cuatreros, fue que al menos hasta el año pasado el Código Penal equiparaba el abigeo al robo simple, sin violencia, es decir lo tipificaba como un delito menor, por lo que los hampones sabían de antemano que aún en el caso de ser descubiertos infraganti o por medio de las averiguaciones ministeriales, no tendrían mayor problema para recuperar su libertad.

Por ello, las asociaciones ganaderas generales y locales de la entidad sostuvieron varias reuniones de trabajo con los integrantes de la anterior Legislatura local, y lograron que el Código Penal fuera reformado a fin de superar esa situación, con lo que el hurto de ganado dejó de ser considerado similar al robo simple, con lo que las autoridades de la ahora Fiscalía General del Estado tienen una nueva arma para sancionar el delito, como lo señaló en su momento el dirigente de la Asociación Ganadera del Carmen, Santiago Rueda Heredia.

Pero a pesar de todo lo anterior, persiste la queja de que los delincuentes siguen robando y destazando el ganado en los ranchos de la entidad, particularmente en los municipios de Candelaria, Palizada y Escárcega, así como en las zonas fronterizas con el Estado de Tabasco y la República de Guatemala.

Preocupados entonces por la continuidad del abigeato, los dirigentes de las asociaciones de productores de ganado de la entidad se reunieron esta semana con el fiscal general del Estado, Juan Manuel Herrera Campos, quien con toda claridad les dijo que si alguno de sus colaboradores falla en persecución del delito y en las averiguaciones correspondientes, “me lo chingo”.

Eso, se colige, por la percepción de los afectados y su queja es en el sentido de que a pesar de presentar sus denuncias por el robo de sus animales, los agentes del Ministerio Público no hacen nada para dar con los delincuentes, ya sea por indolencia, corrupción o complicidad con los hampones.

Conociendo los antecedentes de eficiencia y compromiso que Herrera Campos ya demostró cuando fungió como procurador de Justicia estatal, hay que confiar en que sobre su advertencia no habrá engaño, por lo que más vale que el personal investigador se ponga a trabajar y dar con los cuatreros, porque correrán sus cabezas si los expedientes no avanzan, como los ganaderos demandan.

Además, el funcionario anunció la puesta en marcha de medidas para ayudar a disuadir el delito, por ejemplo mediante la prohibición de trasladar ganado –en pie o sus derivados, se entiende- luego de las seis de la tarde y sin papeles –que acrediten su procedencia, su compra o posesión, y su destino inmediato-.

Ciertamente es una buena medida porque es harto sabido que los cuatreros actúan al amparo de la noche tanto para robar el ganado y destazarlo, como para vender la carne a comerciantes cómplices, y mejor será que al ser sorprendidos violando dicha disposición, quienes transporten productos pecuarios fuera del horario permitido, sean retenidos junto con carga y vehículo, para ser investigados y, de ser necesario, ponerlos a disposición del juez.

Es también positivo que en las labores contra el abigeato se sumen elementos del Ejército Mexicano y de la Marina Armada de México, así como la Policía Federal, sin descuidar ninguna de sus encomiendas, como también lo anunció el fiscal Herrera Campos, quien como prueba de que “se chingará” a sus colaboradores que fallen en sus funciones, también se comprometió a revisar el desempeño de los ministerios públicos, comenzando por los de Aguacatal, Palizada y Candelaria.

Además, el fiscal también revisará las condiciones en que los agentes investigadores operan, porque no bastará con su buena disposición de servicio y de combatir a la delincuencia, si carecen de condiciones dignas para laborar, como de equipos de comunicación y transporte.

Es de apuntarse que no todo dependerá de los esfuerzos de la Fiscalía General del Estado, pues para reducir el abigeato y dar con los abigeos, es fundamental la participación honesta y con alto valor civil de los propios ganaderos, porque ellos son quienes sin duda tienen la información más certera sobre el tema, los comercializadores que no se apegan a la ley, los mataderos clandestinos y los mercados ilegales de la carne, pues como lo aseveró Herrera Campos, muchos ladrones están dentro del propio gremio. Nada más cierto.

 

Entresemana se elabora con aportaciones de periodistas y colaboradores de TRIBUNA.

 

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