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Ernesto Castillo Rosado

Comunidad digital

Ya ha transcurrido más de una semana del inédito ejercicio convocado por la cuenta Sociedad Civil México (@SocCivilMx) en Twitter. El pasado viernes 11 de febrero, el ‘Space’ #TodosSomosLoret se convirtió, de forma espontánea y orgánica, en el punto de encuentro de todos aquellos usuarios que quisieron externar su legítimo reclamo contra el Presidente de la República por el tema que ya todos conocemos.

Los alcances en términos cuantitativos de este ejercicio ya han sido ampliamente comentados, pero lo que los números no dicen, y que todavía no se ha dimensionado porque se trata de algo que no se puede medir, es que aquel día puede considerarse como el día que surgió la comunidad digital organizada como tal. En un mundo virtual, claramente dominado por simpatizantes obradoristas desde prácticamente la mitad del sexenio anterior, este ejercicio en sí marcará un antes y un después por sus implicaciones.

Si bien es cierto que se han ganado importantes batallas en las redes sociales en lo que va de este gobierno, —como el reciente caso del presunto agresor sexual Pedro Salmerón—, nunca antes había quedado de una forma tan clara y evidente el empoderamiento de una comunidad digital unida en torno a una causa. El impacto ha sido tan devastador para el gobierno, que a tan solo cuatro días de aquel viernes, López Obrador salió a acusar a todos los opositores de traición a la patria, un delito tipificado en el Código Penal Federal.

Ese fue el control de daños de un jefe de Estado, el llamar traidores a la patria a todos aquellos que no apoyen su proyecto de transformación. ¡Así de desquiciado ante su impotencia!

Es por eso que el #TodosSomosLoret no puede solo quedarse en la mera referencia estadística de haber sido el ‘Space’ con el mayor número de participantes a nivel mundial. Hay que bajarlo al mundo real, a las calles, donde todavía hay un porcentaje considerable de mexicanos que no cuenta con acceso a Internet, y los que sí tienen, solo un bajísimo porcentaje de los usuarios de redes sociales utiliza Twitter.

Tenemos que materializar el #TodosSomosLoret en algo que sea tangible para los ciudadanos. Ese es el siguiente paso, el más difícil pero a la vez el decisivo, el día que la comunidad digital organizada pasó de un trending topic a los hechos. Por eso proponemos la creación de un fideicomiso ciudadano administrado por miembros de organizaciones como Sociedad Civil México, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, por mencionar solo algunas, donde se recauden fondos para:

—Apoyar a los deudos de periodistas asesinados. Hombres y mujeres que han perdido la vida por ejercer la profesión más peligrosa en nuestro país, y que su trabajo representaba el sustento de sus familias.

—Brindar protección a periodistas y defensores de los derechos humanos que se encuentren acogidos al mecanismo gubernamental creado para tales fines, un mecanismo ineficiente y poco efectivo en la práctica.

—Realizar campañas en medios tradicionales de comunicación para difundir los actos de corrupción tanto del Gobierno Federal como de los gobiernos locales de Morena. Spots en radio y televisión, y anuncios espectaculares donde se expongan claramente casos como el de las propiedades inmobiliarias de Manuel Bartlett y de Irma Eréndira Sandoval, por ejemplo.

—Cubrir los honorarios de abogados para todo aquel ciudadano que desee interponer una queja, denuncia o demanda por difamación y/o calumnia en contra del Presidente o cualquier funcionario público ante las autoridades e instancias correspondientes. Tal y como lo explicó el columnista Raymundo Riva Palacio en el ‘Space’, se necesita una avalancha de casos en esta materia para que, tarde o temprano, el tema sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

—Pagar los honorarios legales para hacer lo correspondiente ante las autoridades en Estados Unidos, como acertadamente hizo la senadora Xóchitl Gálvez, por el evidente conflicto de intereses en el caso de la mansión en Houston donde vivió el hijo del Presidente.

—Costear todos los gastos que implica denunciar a Andrés Manuel López Obrador, Jorge Alcocer Valera y Hugo López-Gatell Ramírez ante la Corte Penal Internacional por el manejo irresponsable y criminal de la pandemia en nuestro país.

—Pagar a los abogados para hacer lo propio contra el presidente y demás secretarios del gabinete federal por daño patrimonial por la cancelación del nuevo aeropuerto, y por la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, de la refinería de Dos Bocas y del Tren Maya. Como bien comentó en su momento el periodista Martín Moreno-Durán, caprichos presidenciales que han provocado un profundo e irreversible deterioro a las finanzas públicas, un quebranto financiero a la Nación en pocas palabras.

Por solo mencionar algunas acciones concretas que se podrían realizar a través de este fideicomiso. Muchísimos ciudadanos quisieran poder hacerlas pero no cuentan con los recursos económicos ni con el tiempo suficiente para ello. La verdadera batalla contra este régimen es por medio de la vía legal; frenar los excesos del autoritarismo en los tribunales. El Poder Judicial como un verdadero contrapeso del Poder Ejecutivo, que sea el garante de nuestra democracia por exagerado que suene.

Vale la pena citar íntegramente este párrafo del reciente artículo de Adrián López que resume más claro que nadie el #TodosSomosLoret: “Lo primero que habría que aprender como sociedad es que esto ya no se trata de Loret. De si nos cae bien o mal, de si gana mucho o poco dinero. Tampoco es solo un tema de ‘los periodistas’, siempre tan solos en este país que lee poco y mal. El debate de fondo tiene que ver mayoritariamente con la ley, el estado de derecho y la democracia que aspiramos a construir como ciudadanos. Algo más grande que Loret y el mismo AMLO”.

@ECR1978

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