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Deshonestidad y complicidad municipales

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Es muy censurable todavía la corrupción que permea en la Comuna del municipio petrolero del Estado de Campeche, y de la que en los primeros meses del actual periodo municipal panista ya hay muestras que hasta el momento no han sido del todo clarificadas, y se tienen sospechas de que en algunos casos Pablito las ha tolerado y en otros es evidente que ha actuado y actúa como desvergonzado cómplice.

Entre algunos de esos pésimos e indiscutibles ejemplos de la corrupción que impera en esa Comuna, está el episodio de los siete inspectores de la Dirección de Protección Civil Municipal, que cobraban cuotas ilegales de entre 20 mil y 30 mil pesos para dar su visto bueno a empresarios que tramitaban licencias de funcionamiento de restaurantes, y si se trataba de bares y desplumaderos el monto podía llegar hasta los 50 mil o más.

La deshonestidad era conocida por el alcalde y nada hizo por frenarla. Fue necesario que un empresario restaurantero afectado por los inspectores corruptos destapara esa cloaca ante los medios de comunicación, para que los titulares de la Secretaría de la Contraloría y Dirección de Protección Civil salieran a confirmar los abusos y anunciaran el cese de los inspectores.

Y procedió no solo porque el empresario lo dio a conocer, sino porque antes se aseguró de grabar la conversación que tuvo en sus oficinas con los inspectores    que le exigían la mochada. De otro modo seguramente nada habría pasado, pues Pablito en ningún momento dio la cara ante ese caso de probada corrupción, ni siquiera porque la expedición del visto bueno de que los restaurantes o bares eran “seguros”, aunque no lo fueran, tuvo y tiene en riesgo la integridad física de sus comensales y clientes.

De este modo, Gutiérrez Lazarus dejó en claro que sus promesas de campaña de encabezar un Ayuntamiento honesto, transparente y eficiente, fueron solo eso. Promesas que no han cumplido en lo que va de su errante administración.

Además, cierto es que los inspectores contratados en su momento por el actual Gobierno Municipal fueron cesados, pero recibieron una vez más la protección del alcalde al no ser denunciados ante la Contraloría de la Comuna para sancionarlos conforme la Ley de Servidores Públicos, y menos ante la Fiscalía General del Estado para investigar los hechos en que incurrieron.

Más recientemente surgió un nuevo caso de deshonestidad municipal en El Carmen, en las oficinas del Catastro, en donde tres trabajadores cobraban cuotas a morosos del Impuesto Predial para dejarlos “limpios”. O sea, borraban los adeudos. ¿Cómo lo hacían?

Al admitir la corrupción en esa oficina, el contralor general del Ayuntamiento de Carmen, José María Pérez Vega, dio la respuesta. Los trabajadores ingresaban a la base de datos del sistema de cómputo del Catastro y modificaban las especificaciones de los predios para que aparecieran con construcciones menores a las reales —para que su valor catastral fuera mucho menor y pagaran menos impuestos, se colige— y, además, borraban los adeudos.

Todo ello a cambio de una cuota en efectivo que iba a dar a sus bolsillos, al tiempo que reducían considerablemente los ingresos de la Tesorería Municipal.

El asunto no termina ahí, el contralor agregó algo todavía más grave. Que los trabajadores del Catastro cuando fueron sorprendidos y cuestionados, aseguraron que durante el trienio del alcalde Enrique Iván González López, se les ordenaba “condonar” fuertes adeudos del Predial, y luego lo siguieron haciendo por su cuenta y para su beneficio.

A más de un mes de detectada la corrupción catastral, ni Gutiérrez Lazarus, ni el contralor Pérez Vega han dicho si han hecho algo más que cesar a los tres empleados corruptos, a pesar de que es clara su obligación de investigarlos a fondo, denunciarlos ante la Fiscalía General del Estado y ahondar en el tema para saber a cuánto asciende el monto del quebranto que la administración de Enrique Iván acumuló, y cuánto corresponde a los primeros meses del actual trienio panista.

Mientras eso no se clarifique seguirá permeando la sospecha de que Pablito y sus colabores son protectores y cómplices, e incluso partícipes y beneficiarios de la administración municipal.

 

HERENCIA DE ZAYAS, DELINCUENTES

Y el más reciente episodio de deshonestidad en el Ayuntamiento panista de El Carmen ocurrió el viernes 15 de este mes, cuando dos agentes de la Policía Municipal, junto con 10 hombres y una mujer fueron sorprendidos en flagrancia en el momento en que se disponían a retirar del corralón al menos 15 automóviles que venderían como chatarra.

La secretaria del Ayuntamiento, Diana Méndez, quien a partir de la llamada de alerta de un particular acudió al corralón y confirmó lo que ocurría, explicó que el encargado del despacho policiaco, Rogelio Álvarez Lara, y el subdirector de Vialidad, Rafael Almaraz Hernández —gente de confianza del exdirector policiaco Guillermo Zayas González, involucrado en el caso de la discoteca News Divine en la capital del país— habían presentado al alcalde Pablo Gutiérrez un “proyecto” de venta de “chatarra”, que aún no estaba autorizado.

La propuesta, aseveró la funcionaria —aunque hay motivos para no creerle— fue vender los automóviles abandonados en el corralón para comprar uniformes y entregarlos a los elementos de la corporación, pero ¿por qué recurrir a ello si la administración del gobernador Rafael Alejandro Moreno Cárdenas les ha entregado al menos en dos ocasiones vehículos, equipo y todo lo que requieren?

¿Qué Pablito no había autorizado el “proyecto”? A juzgar por documentos filtrados a algunos medios de comunicación, el alcalde ya lo había aprobado e incluso él o sus colaboradores convinieron con la empresa Ecoaak, S.A. de C.V., la compraventa de al menos 15 vehículos, y los 10 hombres y una mujer que estaban en el corralón, al parecer, también buscaban qué unidades adquirir.

El pasado lunes, la vicefiscal adjunta de la Fiscalía General del Estado, Laura Luna García confirmó que los 15 detenidos fueron puestos a disposición de un juez penal: el comandante de Vialidad, Rafael Almaraz Hernández, y tres agentes policiacos —entre ellos los que custodiaban el corralón—, Jesús López Martínez, Raúl Hernández Cruz y Gilberto Magaña Santiago, por los presuntos delitos de abuso de confianza y robo, y los 11 civiles —incluida una mujer— por robo.

Para tener un breve indicio del tamaño y monto del hurto que perpetró la banda delictiva policiaco-chatarrera de la Comuna carmelita, basta con detenerse en lo asegurado al momento de detener a sus integrantes en el corralón: nueve vehículos, 92 motocicletas, una grúa, autopartes, herramientas y casi 200 mil pesos en efectivo. Además, los hampones con y sin uniforme estaban por concretar la compraventa de 200 automóviles más.

Los policías y los civiles actuaban en contubernio, y estos últimos eran trabajadores de la chatarrería Ecoaak, S.A. de C.V., por lo que resulta extraño y  sospechoso que el encargado de la compraventa no esté detenido —pues rindió declaración y está libre—, aunque el sentido común indica que él y el director de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito, Rogelio Álvarez Lara, serían los principales implicados en el robo descubierto.

Mucho es lo que Pablito y sus colaboradores tienen que explicar sobre este nuevo episodio de corrupción al interior de la Policía Municipal, como también por qué coincidentemente con la detección de la banda de delincuentes con uniforme surgió la toma de la avenida 10 de Julio que paralizó durante 17 horas el tráfico vehicular, aislando a la isla del macizo continental.

 

¿TEMOR DE PABLITO AL MANDO ÚNICO?

En cuanto a la toma de la avenida 10 de Julio el sábado 16 y parte del domingo 17, llaman poderosamente la atención dos cosas: por un lado que la reacción de los vecinos estallara justo después de la detección del robo que policías y empleados de una chatarrería realizaban en el corralón, y que el inexperto e incapaz Pablito Gutiérrez Lazarus no haya aparecido en ningún momento y por ninguna parte.

Como se sabe, los vecinos de la colonia Miguel de la Madrid se inconformaron por la liberación de William de Jesús Zavala Soto, alias El Bizco, a pesar de que 10 meses atrás asesinó de varias puñaladas a Juan Cruz Gómez, teniendo como copartícipes a otros cuatro sujetos. Todos ellos en su momento fueron detenidos y consignados al penal, pero luego un juez de Distrito ordenó poner en libertad al victimario.

Tras estallar el conflicto, acudieron a dialogar con los manifestantes por separado el subsecretario de Gobierno, José Ignacio Seara Sierra, y el vicefiscal Mario Humberto Rodríguez, pero rechazaron hablar con ellos. Este último regresó y les ofreció que la Fiscalía General del Estado apelará a la resolución del juez de Distrito que liberó al homicida y fue con una comisión de vecinos al penal para constatar que ahí se encontraban sus cómplices, con lo que el bloqueo terminó.

No obstante, en la colectividad expectante quedó el mensaje de que el munícipe y sus colaboradores metieron las manos en el bloqueo de una de las principales avenidas de Ciudad del Carmen, o que su ausencia, inacción y falta de sensibilidad ante un problema que afectó a mucha gente, sin duda contribuyó a que el conflicto se alargara.

Si la estrategia del bisoño edil pintado de color azul rey era y sigue siendo hacer todo lo posible para seguir oponiéndose a la creación del mando único policiaco en El Carmen, no hay la menor duda de que logró lo contrario, pues el robo policiaco en el corralón que debían resguardar a piedra y lodo, y el estrangulamiento de la vialidad durante más de 17 horas, corroboran que el Ayuntamiento está copado por la corrupción, y que la Isla de Tris corre el riesgo de convertirse en pueblo sin ley.

Esa misma situación de abandono, omisión, corrupción, tolerancia, complicidad, ineficacia e ineficiencia de las autoridades municipales encabezadas por el panista Pablito Gutiérrez, explican en gran medida porque la delincuencia organizada tiene fuerte presencia y desde ahí intenta hacer del sur del Estado su plaza particular.

No es un secreto que si algo sigue creciendo en la ínsula son los giros negros, discotecas, bares, cantinas, clandestinos y todo tipo de desplumaderos, en los que pululan vagos, delincuentes y prostitutas, en muchas ocasiones menores de edad y centroamericanas, lo que ha derivado también en tráfico de enervantes y ajusticiamientos, varios de los cuales han ocurrido a las puertas de esos mismos negocios y otros, para temor y terror de los ciudadanos.

Por todo lo anterior resulta innegable la urgencia de que el mando único policiaco comience a operar en El Carmen, el único de los 11 municipios campechanos que todavía se niega a sumarse a esa estrategia que garantiza una mejor operación de las fuerzas policiacas para disuadir el delito, perseguir y aprehender a los delincuentes, y proteger la integridad física y el patrimonio de los carmelitas.

Como atinadamente lo señaló el gobernador Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, “el mando único no es subordinación, sino una responsabilidad que debe asumir el Gobierno Municipal, pero hay un límite de tolerancia, y si no hay coordinación voy a asumir la fuerza del Gobierno del Estado para implementar el programa de seguridad en Carmen”.

Se trata de un posicionamiento fuerte, claro y necesario del Ejecutivo, porque solo El Carmen aún no se integra al esquema del mando único policiaco, ya que los otros 10 municipios, incluyendo Campeche, trabajan coordinadamente, sumando recursos humanos y materiales, tecnología y experiencia, para garantizar la seguridad pública.

“El mando único no es subordinación, es trabajo en coordinación con los tres niveles policiacos, y la seguridad de Carmen no puede estar por debajo del interés político de nadie. Hay que darle certeza a los ciudadanos”, enfatizó Moreno en vísperas de la entrega de 100 unidades nuevas a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y a la Fiscalía General de Justicia, de las que 30 ya están operando en Ciudad del Carmen. A lo anterior, hay que sumar la adquisición de 341 cámaras de seguridad.

Para colmo, recordó el gobernador, hasta la fecha, inexplicablemente, la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal carmelita, todavía no cuenta con director administrativo, lo que se considera una estrategia más del alcalde panista Gutiérrez Lazarus para seguir retrasando la firma del protocolo para integrarse al mando único.

Esa oposición del presidente municipal panista a aceptar el nuevo esquema de coordinación policiaca, tiene su origen en su dependencia —fallida ya— de los intereses del comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, quien en su momento le endilgó a Guillermo Zayas González —en proceso judicial por el operativo mortal que encabezó en la discoteca News Divine—, y este a la banda de ladrones con uniforme encabezada por quienes fueron sus subalternos

Tiene razón el gobernador. Todo tiene límites y el presidente municipal de El Carmen ya los rebasó. Es hora entonces de ejercer la fuerza del Gobierno del Estado para implantar el mando único, al que por alguna razón le teme el edil y el grupo de empresarios que tiene secuestrada la alcaldía desde hace dos décadas.

 

Entresemana se elabora con aportaciones de periodistas y colaboradores de TRIBUNA.

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