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Imbatible impunidad

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Nuestra gente

Al nacimiento por cesárea política de esas abominaciones, se suma luego una gran cantidad de agravantes como el contubernio de autoridades judiciales y fiscalizadoras. De muy poco —o nada— a mi juicio, contribuyen las contralorías dependientes de los gobiernos establecidos ni las declaraciones patrimoniales.

Tal y como se ha aconsejado por probos expertos en fiscalizaciones, la forma más eficaz de combatir a la delincuencia, organizada o no, no es con armas letales sino con armas fiscales, lo que está demostrado en prominentes casos internacionales.

Así, y no con base en documentos de antecedentes no penales —eficaces en muy escasas ocasiones—, es como los partidos políticos en nuestro país debieran escoger a sus candidatos para cualquier cargo de elección popular. Así es como, en principio, pueden dichos partidos contribuir para un combate efectivo contra la corrupción gubernamental.

Y digo en principio, porque nada garantiza que un candidato no corrompido cambie ese estatus cuando vea las arcas con dinero público bajo su responsabilidad, pero factible de desviarse en provecho propio con base en las muchas complicidades de las que dispondrá. De ahí que por su propia preeminencia cada partido político debería convertirse en el principal auditor —sin facultades ejecutivas, por supuesto—, de las personas que bajo sus siglas llegaron al poder.

Si analizamos el caso de un político cualquiera, que cuando asumió el cargo de presidente municipal tenía una fortuna de 500 mil pesos y que en tres años, percibiendo 60 mil pesos mensuales ahorró la mitad de ese sueldo, al final de su periodo debería tener 500 mil más 390 mil pesos, lo que haría un total de 890 mil. Luego obtiene una posición como diputado federal, percibiendo 120 mil pesos cada mes y ahora ahorra 80 mil en cada uno de ellos, lo que hace crecer su fortuna en 2 millones 880 mil pesos, con lo que ya tendrá 3 millones 770 mil pesos.

Su “buena suerte” lo lleva a ser gobernador, y durante su sexenio ahorra cada mes 100 mil pesos, es decir, 7 millones 200 mil más, con lo que su fortuna habrá ascendido a 10 millones 80 mil pesos.

Sin embargo, si ahí terminara su carrera política bien remunerada, y posee entonces un rancho de 8 millones, tres casas y un departamento valuado todo en 7 millones; cuatro vehículos con costo total de 2 millones y una cuenta bancaria de 15 millones, es decir, un gran total de 32 millones de pesos, ¿será que se sacó la lotería?, ¿recibió una herencia? O, como buen inversionista, ¿multiplicó por 62 veces su capital original?

Si a la fortuna de cada gobernante, de cualquier nivel, se le diera un seguimiento similar, se encontraría sin duda a corruptos por ingresos diversos.

En tanto las simulaciones, los contubernios y la complicidad sigan como están, la impunidad quedará impune. Y los políticos seguirán cargando ese fardo más pesado cada vez, de la corrupción.

 

Fernando Almeyda Cobos

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