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Baja oferta de vivienda

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A diferencia de los llamados “millennials”, que prefieren continuar bajo el cobijo de sus padres por el resto de sus días y disfrutar de su eterna juventud hasta la tercera edad, las generaciones que sí han trabajado y se han esforzado para salir adelante siguen en busca de su mejoría económica y, por supuesto, de un lugar digno para vivir.

Dice el refrán que el casado casa quiere, y no solo los casados sino también los solteros, pero sobre todo los trabajadores. Sin embargo, acceder a una vivienda en la actualidad se antoja imposible, pues se necesita de un trabajo bien remunerado que cuente con prestaciones de ley para poder solicitar créditos del Gobierno, como son el del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) o del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).

Existe también otra opción a través del Gobierno del Estado en la Comisión Estatal del Desarrollo del Suelo y Vivienda (Codesvi), y como último recurso están los indeseables créditos hipotecarios que otorgan las instituciones financieras, por los que cobran altas tasas de interés, con cargos de apertura, impuestos y comisiones por pagos tardíos.

Aunque el problema generalmente reside en la mayoría de empresas que no dan prestaciones de ley y prefieren realizar contratos mensuales, trimestrales o anuales a los trabajadores, también hay que recordar que en caso de contar con el amparo de la ley para la adquisición de una casa o propiedad en general, en muchas ocasiones hay trámites muy engorrosos que terminan por desilusionar a los solicitantes de crédito.

Y entre la falta de prestaciones y trámites engorrosos, hay algo aún peor: el alto costo de las viviendas en algunas entidades como la nuestra. Para los trabajadores de gobierno o de las empresas promedio que hay en Campeche, las casas más ofrecidas y/o solicitadas son las de interés social. En los últimos años la demanda de este tipo de viviendas ha incrementado, pero a su vez la oferta ha decrecido. Veamos.

De nada sirve que haya cientos de trabajadores solicitando créditos al Infonavit, al Fovissste o a la Codesvi, si al final hay muy pocas casas en venta, o bien, las que hay en oferta son prácticamente impagables para los trabajadores. Cada día las casas son más pequeñas y más caras; menos funcionales y más incómodas; parece que los constructores no quieren venderlas o que las construyen sin planos ni ideas, o de plano las hacen todas con el mismo molde.

El promedio de años para pagar una casa es de 30 años en el Infonavit y el Fovissste, pero hay unas que están tan mal hechas que se cuartean al segundo año, se reparan al tercero, se reconstruyen al sexto y se derrumban al octavo. Tomando en cuenta esta maravilla, ¿pediría usted un crédito para comprar una casa y pagarla en tanto tiempo? Ni que fuera en la tienda de abonos chiquitos.

Ahora bien, tomando en cuenta que al trabajador no le queda otro remedio más que pedir su crédito, y con mucha suerte y demasiado esfuerzo pueda adelantar pagos, lo más desalentador es que con lo otorgado por las instituciones de gobierno o el banco no alcanza para comprar una casa en Campeche.

El costo promedio de una vivienda de interés social en nuestra entidad oscila entre los 350 mil pesos y puede llegar hasta el millón y medio de pesos. Sí, leyó usted bien, hay casas de este tipo y hasta en esos precios. Y por supuesto que quien tiene un buen salario y mucho tiempo trabajando puede solicitar y recibir un crédito para comprar una vivienda de hasta ese precio, pero, ¿cuánto le descontarán mensual y en cuántos años terminará de pagarla?

Tomando en cuenta los precios de las viviendas en el Estado y los diseños y comodidades de las mismas, es muy probable que el trabajador termine por comprar una casa usada, cancelar su crédito o de plano quedarse a vivir en casa de sus papás como hacen los “millennials”.

Pocos constructores campechanos edifican viviendas, por lo que es baja la oferta y el costo se eleva demasiado. No es novedad que para tramitar los créditos, las instituciones de gobierno y bancarias operen a través de “intermediarios autorizados” que cobran una comisión por su servicio, elevando aún más el precio de adquisición de vivienda.

A eso hay que sumar el costo de los terrenos, que en su mayoría pertenecen a un grupo reducido de acaparadores, que eleva el precio del metro cuadrado a su antojo y conveniencia. Súmele a eso lo que cuesta desmontar, nivelar y urbanizar el terreno para meterle los servicios que la ley exige y que hacen que el negocio de la construcción no sea redituable.

Por ello las constructoras se ven obligadas a diseñar, construir y vender casas muy pequeñas en lugares muy alejados a precios exorbitantes, lo que propicia que quienes necesiten una vivienda opten por no comprarla, pues les implica carecer de algunos servicios, como pueden ser el cable, el internet, el teléfono, la recoja de basura, el transporte público y a veces la escasez de agua.

El resultado de la nefasta planeación y regulación municipal en materia de vivienda está a la vista de todos. Desde hace 30 años vemos que edifican fraccionamientos nuevos en forma de privadas, en los cuales ya no hay calles amplias como antes, ni accesos a los cuales puedan ingresar los prestadores de  servicios públicos.

Las unidades habitacionales que sí cumplen con esa reglamentación, en su mayoría colonias populares, están poco habitadas o con casas abandonadas debido a la nula vigilancia que propicia inseguridad en esas colonias. Así, quienes solicitaron sus créditos alguna vez, prefieren jamás pagarlos.

Jorge Gustavo Sansores Jarero

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