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Gratuidad de la defensa

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Discurso en la Ceremonia de Reconocimiento a su Trayectoria y Aportación al Ámbito Jurídico Local y Nacional, que le otorgó el Colegio de la Barra de Licenciados en Derecho de Campeche.

Dice el artículo 17 de nuestra Constitución Federal que “ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”.

Compensatoriamente, la carta federal consigna el “derecho a que se le administre justicia por tribunales” y que el servicio de estos tribunales será gratuito, “quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales”.

Al respecto, he leído por ahí que el derecho a acudir a los tribunales se ha concebido tradicionalmente como un derecho individual; sin embargo, aclara Fix Fierro, la tendencia a la socialización del Derecho “le ha dado a esta facultad una proyección y un contenido sociales, porque se trata de lograr una justicia real y no solo formal”.

Y es que tanto el auténtico contenido como la verdadera esencia del artículo 17 es “el acceso a la jurisdicción”, lo cual se traduce en la correlativa obligación del Estado de atender, no tanto el derecho a solicitar y obtener reconocimiento de sus derechos protegidos, como la asunción de esa garantía como un servicio público obligatorio del Estado, muy por encima de la gratuidad relativa a las costas judiciales.

En efecto, la gratuidad, enseñaba el Ministro Castro y Castro, no se dispone solo para las costas judiciales, sino que constituye en sí una subsidiaridad que compromete implícitamente al Estado a proveer en adición para que no solo el costo del mantenimiento de sus tribunales, “sino también todos los otros necesarios y forzosos” que se derivan del acto jurisdiccional, no graviten sobre quienes realmente estén en indefensión presupuestal.

Por su lado, además, la Defensoría de Oficio prevista en el artículo 20 constitucional, no abarca en su actuación los gastos de la defensa legal que el individuo de baja capacidad económica tiene que hacer; como si se diera por entendido —continúa el maestro Castro—, “que dentro de la economía individual de las personas esa previsión ha estado incluida todo el tiempo… bajo una partida que, se supone, toda persona tiene en su haber para atender una defensa frente a las posibles acusaciones estatales o de particulares”.

Debemos aceptar, pues, que la prohibición constitucional a la justicia por propia mano debe ser seguida por la gratuidad de la defensa para los más necesitados, con inclusión de cualquier otro acto jurídico o complementario —penal o no penal— que sustituye a la justicia por propia mano.

Este tipo de servicios fundamentales, hay que decir, no nació a la vista de la necesidad de tener acceso al Sistema Judicial, sino más bien respecto de otro fenómeno humano igualmente de gran interés, como lo es la salud pública.

Respecto a ello, la persona humana no puede ser limitada, en su derecho de tener acceso a la salud, a la mera posibilidad de poder presentarse ante un médico, como tampoco puede reducirse su derecho a tener acceso a la jurisdicción a la probabilidad de carear a un juez. El espíritu del tercer párrafo del artículo 4° constitucional es idéntico al del segundo párrafo del artículo 17 constitucional.

 

El reconocimiento de esta situación no es novedoso.

La Ley Federal de la Defensoría Pública de 1998 aceptó en su Exposición de Motivos que, en los hechos, el acceso a la justicia es un ideal constitucional que no es efectivo. “Los más pobres, los sin casa, los sin tierra… en la práctica no tienen forma de defender sus derechos”.

Un sector importante de nuestra población mexicana —continúa la Exposición de Motivos en cita— “pierde ahorro y patrimonio por carecer de una asesoría adecuada que la defienda frente a los intereses mercantiles, y a los abusos de quienes ejercen el derecho de manera irresponsable”. Hasta ahí la cita.

Por lo demás, la obligación del Estado de proporcionar un verdadero acceso a la justicia no puede limitarse al litigio. En realidad, muchas contiendas judiciales pudieran ser evitadas si, a tiempo, la persona con nula o escasa posibilidad de expensar un abogado consultor, hubiera podido plantearle sus convenios, sus contratos y sus compromisos, así como conocer las consecuencias jurídicas de actos cotidianos cuyos efectos legales no pueden ser apreciados a plenitud, sino por especialistas en derecho. En otras palabras, no solo se trata de curar la afección, sino de prevenirla.

Sobre el particular, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita española esclareció en su Exposición de Motivos lo siguiente: “Suprimidas las tasas judiciales, el núcleo de los costos económicos derivados del acceso a la tutela judicial viene determinado por la intervención en el mismo, por imperativo legal en la mayor parte de las ocasiones, de profesionales especializados en la defensa y representación de los derechos e intereses legítimos”.

En efecto —continúa la reflexión española— “una vez que el Estado ha renunciado a la percepción de cualquier cantidad por el acceso al aparato judicial, son los honorarios de abogados, de procuradores y, en su caso, de cualesquiera otros profesionales, así como el coste de la obtención de las pruebas documentales o periciales necesarias, los que implican un coste económico inaccesible para los ciudadanos que no disponen de los recursos económicos necesarios para hacerles frente”.

Para atender esta realidad, la legislación española ha previsto la gestión colegial negociada de los servicios de asistencia letrada de defensa y representación gratuitas, así como la orientación, también gratuita, para trámites y composiciones legales que eviten la necesidad de, eventualmente, llegar a los jueces para dirimir un conflicto que pudo haberse obviado.

En resumen, así como es relevante la existencia de nuestro Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la lucha preventiva y curativa de la enfermedad, es importante la existencia de un seguro social de acceso a la justicia que prevenga el conflicto y reduzca su aparición, tal y como el que se diseña en la Ley que Establece el Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche.

El artículo 76 Bis de la Constitución Política del Estado de Campeche, dice en efecto: “La ley establecerá los términos y condiciones de la asistencia jurídica gratuita, en la que contribuirán subsidiariamente los integrantes de los colegios de abogados o de licenciados en derecho, o de despachos jurídicos libres o agrupados por la ley o por particular convenio permanente, así como los integrantes del Colegio de Notarios del Estado de Campeche”.

Sobre el particular, hace unos cuantos días el gobierno de la Ciudad de México fortaleció su programa “El abogado en tu casa”, mediante la extensión al Colegio de Notarios del Estado de México de lo que viene ocurriendo con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México.

Ahora, merced el Sistema Telemático del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, centenas de miles de habitantes de la zona metropolitana pueden, a distancia, presentar instrumentos notariales, solicitar certificados de libertad de gravamen, registrar testamentos, obtener actas de nacimiento y recibir asesoría jurídica gratuita, entre otros beneficios. Menos costo, más justicia real.

Así pues, en palabras finales, somos los abogados —litigantes o no— los médicos que se precisan para prevenir y tratar las dolencias sociales derivadas de las imperfecciones de nuestro Estado de Derecho. La responsabilidad que esto entraña es muy grande, como muy grande debe ser el compromiso de ayudar a que la sociedad enferma sane lo más pronto posible y no recaiga ni pronto ni fácilmente.

Por ello —y por mucho más— es un privilegio la pertenencia al Colegio de la Barra de Licenciados en Derecho de Campeche, pues así, alguna vez, podremos decir con cierta licencia: Caminante, sí hay camino: el que hemos hecho al andar.

Gracias.

Álvaro Arceo Corcuera

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