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Retiro forzoso 

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¿Cuál es la lectura en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de la existencia de una reforma constitucional que determine el retiro forzoso de jueces a los sesenta y cinco años?

Esta pregunta fue motivo de un asunto recientemente resuelto por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a propósito de un cambio ocurrido en Tlaxcala.

La reforma a la Constitución local que se estudió, contempló como la causa de remoción de jueces de primera instancia el haber cumplido tal edad. Para la CNDH, esto era discriminatorio por no existir una justificación razonable y, a su vez, generar una violación a la libertad de trabajo.

La Corte al estudiar, subrayó que el nuevo esquema hacía una distinción entre dos grupos, con base en una categoría protegida constitucionalmente, la edad: los jueces menores de sesenta y cinco años, y los jueces con esa edad. Para los primeros las causas de remoción, entre otras eran: falta de probidad, honradez, sentencia ejecutoriada en juicio de responsabilidad, etc. Para los segundos, era obviamente el alcance de la edad.

El estudio de la Corte concluyó así dos finalidades imperiosas a confrontar: la estabilidad y el derecho de acceso al cargo en igualdad de circunstancias y, el retiro.

Ahora bien, el retiro indicado por este nuevo esquema, dijo la Corte, debía entenderse como forzoso, o dicho de otra forma, como la actualización inmediata de una causa de remoción no condicionada a otra causa o voluntad. En tal sentido, no condicionada a un procedimiento administrativo de responsabilidad y no condicionada a la voluntad de otra autoridad, como por ejemplo una posible intervención del Consejo de la Judicatura para decidir si cumplida la edad podía estudiarse la procedencia del retiro o no. Una regla de medida igual para todos en la misma hipótesis.

Finalmente, calificó a la medida como la menos restrictiva de los derechos de igualdad, no discriminación y libertad de trabajo.

La Corte anexa esta decisión a una doctrina bastante robusta que ha ido construyendo de varios años atrás, tendiente a la protección de la independencia judicial local, una que debe servir para medir el respeto de esa independencia en términos orgánicos. Esa es la lectura del presente asunto, especialmente cuando vemos que en la votación el Ministro Laynez, al dar su aprobación dijera algo sustancial para el sistema de independencia de jueces: “Con el proyecto, toda vez que, una vez concluido el cargo, tienen una pensión vitalicia”. ¿Por qué esta afirmación?

La independencia judicial se ha convertido, en términos de derechos humanos, no solo en una garantía de la función judicial correcta o del juez como persona, sino en un derecho de la sociedad al ejercicio pleno de la democracia, como lo ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los jueces son actores protagónicos en la construcción de lo público, en consecuencia deben tener absolutamente garantizada su independencia; la decisión da cuenta de ello.

A propósito de esto, aprovecho para compartirles la alegría de ver ya circulando el estudio: “Federalismo judicial en México. Definiciones, evolución e interpretación constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, donde tengo oportunidad de analizar toda esta doctrina de la Corte, estudio que realicé por una invitación que la Suprema Corte, el Senado de la República y la UNAM me hicieron, a fin de colaborar en su obra conmemorativa de los 100 años de la Constitución mexicana.

Víctor Collí Ek

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