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Oferta obligada ante sanción anunciada

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Con antelación he escrito acerca de las redes sociales, de sus ventajas y sus muchas desventajas, de la falta de regulación de las mismas y de las carencias culturales, ideológicas, políticas, económicas, religiosas y hasta personales que ahí se expresan, las cuales lejos de aportar grandes beneficios a la sociedad pareciera una competencia de descalificaciones, morbo, señalamientos y un gran chismógrafo abierto.

Todos los días a través del internet, ya sea en Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat o la red que usted prefiera, conocemos nuevos “Lords” o “Ladys” que solo por el hecho de compartir, darles like, comentar o poner una carita se convierten en personajes —algunas veces adorados y otras no— que trascienden por su comportamiento, su descuido o por cualquier situación en la que se hayan visto inmiscuidos.

El tema de la semana en la capital campechana se lo llevó una señora a quien precisamente las redes sociales han bautizado como “Lady Pantalla” o “Lady Gandalla”, quien acudió el lunes 17 a una cadena de tiendas a realizar su compra del día o tal vez de la semana, quizá dos chayotes, una papa, dos cebollas, un manojo de cilantro y un pollo para la comida, pero salió del almacén con una pantalla de televisión de 42 pulgadas, tras percatarse que el precio, según su punto de vista, era de 64 pesos con 50 centavos.

A esta lady se sumaron otros compradores —fueron 10 en total— que aprovecharon para sacar sus pantallas a un precio jamás antes visto, siendo esta su gran oportunidad para poseer un artículo electrónico en casa de costo muy caro a precio casi de regalo.

Gracias a su publicación de video en las redes sociales que se viralizó y causó gran revuelo, la mujer en cuestión logró ganarse no solo la nueva pantalla de 42 pulgadas, sino también un lugar entre las “ladys” que inundan la supercarretera de la información, y que cada vez tiene más adeptos que contenido.

Todo se debió a que últimamente somos muy analíticos por la excelente calidad educativa que recibimos en la infancia gracias a la Secretaría de Educación Pública (SEP), sus libros de texto y los buenos maestros que tuvimos en la primaria y en la secundaria, por lo que no se nos escapa ni un solo detalle cuando vamos al supermercado y vemos los carteles con los precios.

Quien o quienes hacen y colocan los letreros preciadores a los productos en el súper donde se llevó a cabo la compra en cuestión, escribieron el precio utilizando dos tamaños de números, es decir, el 64 en mayúsculas y el 50 en minúsculas, lo que generó que los analíticos compradores aprovecharan el ofertón para llevarse hasta dos pantallas por persona, pues en lugar de leerlo como 6 mil 450, pensaron, dedujeron y pelearon para que les respeten el precio como 64 pesos con 50 centavos.

Curiosamente, en la caja registradora no aparecía tal oferta y las cajeras rechazaban realizar la venta, por lo que tuvieron que llamar al gerente de la sucursal, quien con sudor en la frente y senda temblorina provocada por los nervios, intentó convencer a los compradores de que se trataba de un error y que el precio correcto no eran los 64.50, ni siquiera eran 6 mil 450, pues resultó que el precio oficial era de 4 mil 900 pesos. ¡Vaya enredo!

Ante la negativa del jefe de la tienda, quienes ya tenían su o sus pantallas en el carrito y alucinaban con ver “La Academia, Laura en América, los Payapopz, la repetición de María la del Barrio, Doce Corazones, Ventaneando, La Rosa de Guadalupe, Sabadazo, La Voz México y toda su parafernalia de programas preferidos, se negaron rotundamente a devolver las televisiones y amagaron al gerente con presentar su queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), e inclusive ir a resolver el problema al programa “Caso Cerrado” de Univisión.

Al siguiente día de la compra, los inconformes fueron tal como advirtieron hasta la Profeco, donde fueron recibidos, atendidos y escuchados, argumentando “publicidad engañosa” por parte de la tienda donde adquirieron sus televisores nuevecitos de paquete. Los analistas de la Profeco y su delegado estatal, Rafael Vicente Montero Romero, dieron la razón a los denunciantes, que ya pueden ver sus programas en gran tamaño y alta resolución. Sin duda un acierto para el trabajo de la Profeco, dejando en claro que sí defienden al consumidor, sin importar lo que suceda al interior del establecimiento o con los empleados.

Horas más tarde trascendió que el costo de las 10 pantallas de 4 mil 900 pesos cada una, es decir, la suma de 49 mil pesos serán descontados a los empleados que colocaron mal los precios y que fueron evidenciados por los analíticos compradores que se percataron del error, y quienes los siguieron para llevarse también una de las grandes ofertas del día.

Mientras tanto, en las redes sociales se ha desatado la polémica entre quienes están a favor de respetar el supuesto precio del cartel y los que están en contra del actuar de los compradores. Se han dado con todo. Quienes están a favor de los 64.50 pesos de costo por cada televisión, argumentan que esos errores se pagan por la falta de capacitación y verificación al personal de la tienda, mientras que los contrarios dicen que están lesionando a quienes cometieron el error y ahora pagarán las televisiones.

En efecto, quienes redactan los letreros de ofertas no solo equivocan los precios, cambian los nombres de los productos y hasta las fechas de las ofertas, sino que en ocasiones carecen de estudios y de criterio para resolver problemas como el presentado a inicios de la semana. Quienes lograron tener su pantalla de 42 pulgadas a 64.50 pesos, sin duda se ahorraron varios miles de pesos. En contraste, quienes escribieron mal el precio y ganaban un salario muy bajo, ahora además pagarán su error con el descuento correspondiente o se quedarán sin empleo.

En mi humilde opinión, tienen razón ambas partes. Los clientes están en todo su derecho de exigir que se les cumpla lo ofertado por esa empresa. De igual forma, este tipo de situaciones nos lleva a pensar en la falta de compromiso de esa empresa con sus empleados. No solo les paga una miseria, sino que de encima no cuenta con algún seguro que cubra esos errores involuntarios.

Eso nos lleva a pensar más allá del daño que ya hicieron a su personal. ¿Les pagarán su Seguro Social? ¿Les otorgarán las prestaciones que la ley exige? La Secretaría del Trabajo debería investigar al respecto. Tenemos claro que esas empresas jamás perderán, y que tristemente cobrarán el error a los empleados por un descuido, el cual pudiera ser atribuible a la falta de capacitación y/o conocimiento.

Las víctimas no fueron quienes denunciaron “publicidad engañosa” ante la Profeco, y tampoco lo fue la cadena comercial; las víctimas resultaron ser los empleados que pagarán ahora esos diez televisores enormes cuando en su casa no tienen uno. ¡Qué ironía!

Jorge Gustavo Sansores Jarero

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