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La ley de los civiles

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Me queda claro que no estoy escribiendo para una revista especializada en contribuciones, por lo  que ofrezco una disculpa a los expertos en esta área, ya que lo que aquí expongo no lleva otra intención que la de explicar de una manera amigable  a los contribuyentes, determinadas situaciones en el actuar de la autoridad fiscal.

 

He conocido de casos en los cuales el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en su dinámica de verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales, sin causas realmente fundadas cancela facturas a los contribuyentes (CFDI), argumentado requisitos que las propias leyes tributarias no contemplan, creándoles verdaderos problemas en su actividad.

Analizando las causas que originan estas actitudes de las autoridades,  llego a la misma conclusión: esto que hacen las autoridades fiscalizadoras es incorrecto. Sin embargo, las medidas de secuestro exprés que realizan las autoridades a las facturas de los contribuyentes, no han permitido que los empresarios ventilen esta problemática en los tribunales.

Es fácil concluir que las autoridades hacendarias realizan actos arbitrarios, ya que si nos damos cuenta la actividad que realizan es para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, y no para pronunciarse sobre aspectos civiles o mercantiles, ya que esto es competencia de jueces con ese perfil y experiencia.

Da pena ajena ver cómo las autoridades hacendarias se arrogan investidura para convertirse en árbitros o jueces civiles y mercantiles, y mediante juicios sumarísimos determinen que un contribuyente no realiza actividad comercial porque a su juicio no tienen una bodega, como el caso de una comercializadora, o porque dos o más empresas están en el mismo domicilio cuando esto no lo prohíbe el código.

Pude darme cuenta de otra cosa. Si bien los actos de autoridad son  carentes de fundamentación y motivación, perversos y lesivos en perjuicio del contribuyente, las autoridades fiscales tergiversan las leyes con base en la aplicación de sistemas internacionales que no es propio de nuestro marco jurídico, motivo por el cual es cada vez más difícil para los contribuyentes darse cuenta.

Les explico. En México se tiene un sistema de aplicación de la justicia rígido, es decir, la obligación que tiene el ciudadano es de cumplir lo que la ley establece, por lo que si el ciudadano cumplió correctamente con todo lo que la ley establece, no existe motivo para que lo sancionen, ni la autoridad puede pedirle más requisitos que el que la normativa establece.

Esto que les señalo es un mandato constitucional, ya que la Constitución expuso para la observancia de las autoridades, y no son graciosas manifestaciones para que se las pasen por el arco del triunfo las autoridades hacendarias.

Este sistema que tenemos en México se le llama en el derecho internacional Civil Law (La ley de los civiles). En este tipo de sistema existe una ley rígida y  prevalece la forma sobre el fondo en donde la forma es la ley, cumple con la ley y todo está bien.

Es así: si el código fiscal dice que se debe tener domicilio fiscal, darlo de alta ante el SAT, llevar contabilidad, tener buzón tributario y si gustan hasta mi rosario detrás de la puerta, y los tengo, la autoridad no tiene por qué venirme a exigir más requisitos que la ley no señala, porque el derecho que me rige en México es Civil Law.

En otra parte como en Estados Unidos no se lleva el sistema Civil Law, sino el Common Law (La Ley de los Comunes). En este sistema el derecho no depende de lo que estrictamente digan las leyes, porque prevalece el fondo sobre la forma: si cumples con las formalidades pero te descubren que no se cumple con el objetivo, ya valiste, así hayas cumplido con la ley.

En Estados Unidos es válido que una autoridad fiscal te visite, y a pesar de que hayas cumplido con las leyes, si se da cuenta que no hay actividad comercial en tu empresa, es válido que te sancione así hayas cumplido con la ley, porque su sistema se los permite. Estamos ante un sistema Common Law.

Lo que hacen las autoridades hacendarias es campechanearlo o tropicalizar el sistema. Nos rige un sistema Civil Law y quieren aplicar un Common Law, eso señores es un pinche invento que constitucionalmente no está permitido, ya es hora de que dejen de hacer barrabasadas y que las autoridades actúen conforme a la ley que nos regula.

Esto que para efectos de didácticos les expongo de una forma cómoda (bueno eso digo), hay que hacerlo valer ante los magistrados haciendo los señalamientos de la violación a nuestro sistema jurídico por parte de las autoridades y a los marcos tributarios, ya que por una parte nuestra Constitución señala que todo acto de autoridad debe estar fundado, motivado, y por otra el código fiscal señala que las disposiciones que imponen cargas a los particulares debe ser estrictas.

Me queda claro que las autoridades fiscales no andan verificando el cumplimiento de las obligaciones fiscales, sino andan buscando los errores que cometen los contribuyentes para cumplir con su metas de recaudación y verificación, lo que también es una violación a los contribuyente y de lo que en otra oportunidad les hablaré.

Espero que esta colaboración haya sido de utilidad, y de antemano agradezco que dispongan de unos minutos para leerme, ya que no es atractiva esta clase de información, en comparación con el fanatismo político que se vive en México.

José Guadalupe Celis Pérez

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