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Lo que callan los economistas

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Me doy cuenta que ha sido poco atendida en la opinión publica la reforma fiscal aprobada el 2 de diciembre de 2017 en los Estados Unidos de Norteamérica, como si esto no fuera a repercutir económicamente en nuestro país. Bien comentó en su seminario el Dr. Alberto Ruiz Rioja, en cuanto a que las noticias más importantes o trascendentes no las vas a encontrar en las primeras planas de los rotativos.

Igualmente, me parece que las entidades federativas, al menos en Campeche, la Secretaria de Economía (SE) no pone en amarrillo los semáforos de alerta ante estos eventos, concretándose a esperar cómo reaccionará el Gobierno Federal y hasta entonces poder actuar. Por otra parte, desconozco si el sector empresarial está tomando nota o si algún representante de ellos en el Congreso toma medidas.

Si bien poco pueden hacer las entidades federativas, podría darnos oportunidad de especular si esto lo consideramos una oportunidad o bien, nos concretamos a anunciar que hay recorte de presupuesto por recesión económica en el país.

Desde mi perspectiva y de manera amigable, le muestro algunos aspectos de lo que considero que pudiera ocurrir, cualquiera que sea la versión final de la reforma fiscal de Estados Unidos, que sin duda impactará a la economía mexicana, para lo cual se tendrán que tomar medidas que no estaban consideradas en el paquete económico mexicano para el ejercicio fiscal 2018.

El recorte de impuestos para Estados Unidos contempla 1.5 billones de dólares, es decir, Estados Unidos dejará de percibir esa cantidad prorrateada en dos años. Ningún país puede hacer eso sin que tenga que soportar cualquiera de los dos fenómenos que se prevén, o contrata endeudamiento o disminuye gasto corriente, por lo que no considero conveniente que México reaccione de la misma manera; tendrá que hacer cambios, sí, pero mediante otra estrategia.

Los principales cambios en las iniciativas estadunidenses son en aspectos internacionales como el sistema territorial para dividendos, el impuesto por única vez a ciertas utilidades retenidas en el extranjero, la eliminación del acreditamiento pagadas por subsidiaras en el exterior. La reducción del impuesto beneficiaría grandemente a las empresas estadunidenses, ya que el Impuesto Sobre la Renta (ISR) dejaría de ser del 35 por ciento y pasaría a ser del 20. Todos estos cambios llevan la misma finalidad, hacer que las empresas, los contribuyentes y los empleos retornen a Estados Unidos.

¿Cuáles son las posibles consecuencias que pudiera enfrentar México ante la reforma fiscal estadunidense? Pudiéramos sufrir una disminución de inversión extranjera y la pérdida de empleos, y si teníamos pensado en el paquete fiscal un crecimiento de 2.2 por ciento, puede ser ahora del 1.2, lo que ya se considera grave para cualquier economía.

¿Por qué mi especulación? La disminución de Impuestos Sobre la Renta que realiza Estados Unidos del 35 al 20 por ciento, hace que las empresas ubicadas en el extranjero retornen ya que el ISR en México les quedara alto; por otra parte, las empresas que no retornen serán “castigadas” ya que no les tomarían en cuenta los pagos hechos por sus subsidiarias en México, y estarían ante una doble tributación.

Así —muy simple—, bajo este esquema, es una estrategia muy arriesgada que realiza Estados Unidos, y si bien estos cambios favorecen a la clase alta de ese país, no es un factor que nos favorezca para pensar que se dará marcha atrás a esta reforma fiscal.

Lo anterior sin tomar en cuenta que algunas empresas mexicanas pretendan irse a radicar a Estados Unidos porque ahí pagarían menos impuestos que en México, que esto no se considera evasión fiscal sino evasión moral, ya que el Tratado de Libre Comercio (TLC) celebrado con Estados Unidos tiene reglas para esto.

Si pasara lo que señalo, este es un fenómeno que se considera en la comunidad internacional y por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), como “base erotion and profit shifting” (erosión de la base grabable y trasferencia de utilidades), que consiste básicamente en que las empresas se van a instalar a países en donde la tasa impositiva es menor que la que tiene en su país, y con este acto erosionan la base tributaria de su país; el dinero para el gasto público ya no sería suficiente.

Esto puede pasar si no se toman las medidas necesarias, ya que los países que han firmado tratados internacionales para evitar la doble tributación, como el que México tiene firmado con Estados Unidos, contemplan la cláusula que en materia tributaria el mismo trato para los ciudadanos locales que para los extranjeros, inmoralidad puede ser, pero el dinero no tiene patria.

México no debe bajar su tasa impositiva porque desataría un problema mayor económicamente. Considero que con estímulos fiscales, como primer paso, y aprovechando las aperturas de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), abriría para mejorar su oferta tributaria a la inversión extranjera.

Por otra parte, México es uno de los países con mayor tasa impositiva que integra la OCDE, por lo que en un momento dado si requiere de una reforma integral de verdad, el secretario de Hacienda y el gobernador del Banco de México (BM) se tendrán que reunir para rediseñar la política económica y política tributaria para el ejercicio 2018.

Sin pasar por alto que estamos ya en año electoral, me gustaría escuchar quien de los candidatos se avienta en su campaña a hacer su oferta para señalar que lo puede solucionar, ya que este tema son poco sexy, por decirlo de alguna manera. Y señores, con la pena, pero el único que puede hacer una oferta en este sentido, porque es el que tiene conocimiento al respecto es el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y cuando digo que la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano.

José Guadalupe Celis Pérez

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