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Tipos de corrupción

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Transcurría el año 1993, cuando los que componíamos el Cabildo del Ayuntamiento de Champotón le preguntamos varias veces al MVZ José Enrique Chong Vázquez —Chonelo—, entonces presidente municipal, que nos explicara bien cómo había estado aplicando los recursos provenientes de programas federales, pues el propio síndico de Hacienda carecía de esa información.

Su respuesta cada vez fue que los aplicaba de acuerdo con las reglas correspondientes, misma que externaba de manera amable, nunca irritada por la frecuencia con que insistíamos. En el límite de nuestras sospechas por lo que se rumoraba en cuanto al pago que estaba haciendo de las deudas que contrajo durante su campaña, le dijimos que si no era transparente con nosotros pediríamos a las autoridades correspondientes que intervinieran para prever problemas mayores.

“¡Háganlo, patroncitos!”, nos contestaba de manera cordial. Y lo hicimos por escrito, dirigido al secretario de Gobierno estatal. Eso fue, me parece, como en septiembre de ese año. El 23 de diciembre, en sesión extraordinaria, el Congreso del Estado decidió desaforarlo y la autoridad judicial correspondiente tenía orden de aprehenderlo por presunto delito de peculado, lo que intentaron hacer el día 24, pero de alguna manera enterado, salió de Champotón en la cajuela de un vehículo. El día 25 asumió el cargo su suplente la maestra Norma Navarro Sarmiento.

Al parecer ese fue el primer caso de desafuero en nuestro Estado y se hizo en contra de un priísta, siendo hasta ahora cuando se le aplicó al edil paliceño, panista, lo que demuestra lo que dice el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, en el sentido de que la aplicación de la ley no tiene colores.

Y viene a colación la anterior anécdota, porque en todos los casos de malversación de fondos públicos y/o de desvío de recursos, en provecho propio o no, los cabildantes se vuelven cómplices —incluso por omisión— de los presidentes municipales corruptos, y los diputados locales y las contralorías estatales también son cómplices, cuando los gobernadores incurren en esas faltas. Porque no se adquieren bruscamente esos malos hábitos sino de manera paulatina, acumulativamente.

Si cada mes un presidente municipal debe entregar por escrito a la Auditoría Superior del Estado, vía el Congreso local el informe oficial de sus movimientos financieros, ¿qué tan costoso puede ser darle seguimiento para detectar oportunamente la presencia de una anormalidad?

Los dirigentes de los partidos políticos también se vuelven irresponsables cuando proponen candidatos cuyos antecedentes no conocen bien y, peor, cuando a “vox pópuli” cometen actos ilícitos y no intervienen, exponiéndose casi siempre al voto de castigo ciudadano cuando presentan a un nuevo candidato.

Entre priístas, panistas, morenistas, verde ecologistas y otros, sin excepción, hay ciudadanos honestos y ciudadanos corruptos, porque es cuestión de personas, no de partidos. Y los hay de manera proporcional, es decir, en función de la cantidad de sus afiliados.

El procedimiento recientemente puesto en práctica de que los candidatos a puestos públicos, de elección popular o no, deben presentar su 3 de 3, definitivamente es un buen paso pero no incluye que se informe del origen honesto de sus recursos personales y familiares al inicio de su gestión, para que sirva de base en sus subsecuentes declaraciones patrimoniales.

Asimismo, es importante endurecer las leyes contra proveedores y contratistas de cualquier nivel de gobierno que se dejen extorsionar con el mal llamado “diezmo”.

También se puede obligar a los dehuesaderos a que lleven un control completo de las partes electromotrices que tengan, indicando en sus libros a quiénes se las compraron y de qué vehículos formaban parte, así como a quiénes se las venden.

Lo anterior no atenta contra sus derechos comerciales, pues el tipo de mercado así lo exige. Y por último, investigar a los compradores de cobre y de otros metales, pues debe cerrársele la mayor posibilidad a los ladrones de cables eléctricos, de transformadores y de alcantarillas.

Díganme, respetables lectores, ¿son difíciles de llevar a efecto tales prácticas preventivas de delitos cotidianos de corrupción?

 

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