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Manifestación… ¿atrasada?

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El pasado miércoles 28 de febrero un grupo de ejidatarios de Pomuch, Hecelchakán, llegaron hasta las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Campeche, para exigir el pago de nueve millones de pesos como indemnización por la supuesta afectación de nueve kilómetros del denominado derecho de vía de la carretera Campeche-Mérida.

El enojo de los pomuchenses se debe a que por más de una década han solicitado el pago correspondiente a la SCT, “institución que sólo nos dio un anticipo de un millón 200 mil pesos hace seis años”, argumentaron, y aprovechando el viaje hasta la ciudad capital, los inconformes de una vez recordaron a las autoridades de Comunicaciones y Transportes que también deben pagarles afectaciones de la primera carretera de ese mismo rumbo, aquella que se construyó hace 40 años.

En su visita a la SCT los ejidatarios pomuchenses amenazaron con tomar la carretera federal Campeche-Mérida, si no les cumplían sus demandas, por lo que a la mañana siguiente, el 1 de marzo, los inconformes acompañados de ancianos, madres de familia, niños y hasta animales domésticos cerraron el tramo carretero en disputa en ambos sentidos, causando severos estragos económicos a empresarios, trabajadores, turistas y todo tipo de viajero, además de las afectaciones generales a las vías federales de comunicación, lo cual está tipificado como delito.

Durante más de seis horas hubo largas filas de tráileres, automóviles, vehículos de emergencias, transportes foráneos, mototaxis, triciclos y bicicletas, que no pudieron atravesar la carretera rumbo a sus destinos, porque los ejidatarios querían, pedían, exigían ser atendidos por las más altas autoridades de la SCT, y hasta de una vez, si se podía, recibir la maleta de dinero que anteriormente habían solicitado.

Policías estatales y federales que llegaron desde muy temprano para evitar el cierre de la carretera —lo que no lograron—, intentaron dialogar con los inconformes, que se negaron a abrir el tramo al paso vehicular, en tanto no fueran atendidos por el director del Centro SCT Campeche, Eliasib Polanco Saldívar, quien se encontraba fuera de la ciudad por motivos de trabajo, según dieron a conocer en esa Delegación federal.

Como era de esperarse, ante la cerrazón de los ejidatarios para abrir la carretera —qué paradoja— y diversas actitudes en contra de los conductores de vehículos y contra las propias autoridades, como la quema del zacate a los costados de esta vía de comunicación, lanzar piedras y sacar a relucir palos y machetes, los policías tuvieron que arremeter, eso sí, de manera ordenada y respetando los derechos humanos, lo que derivó en la detención de cuatro ejidatarios que hasta hoy siguen en la cárcel. ¿Alguien los ayudará a salir? ¿Su líder externo o el que está en lo oscurito? ¿Y las afectaciones a quienes necesitaban transitar, quién las pagará?

Intrigante es que hasta ahora, en el 2018, casi en el arranque de las campañas y provenientes de un municipio “gobernado” por el Partido Acción Nacional (PAN), los pomuchenses vengan a pedir el dinero que les deben desde la pasada administración estatal y federal, que fue cuando se realizó la remodelación de la carretera Campeche-Mérida y de donde se tomaron los nueve kilómetros de tierras para el desvío carretero.

Curioso, porque fue durante el gobierno panista de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa cuando se llevó a cabo la remodelación de la ahora súper carretera Campeche-Mérida, y justamente es un municipio panista el que encabeza la protesta, quizá liderada desde lo oscuro por algún pseudolíder o lideresa cercana a ese municipio, o probablemente —y yéndome a mayor profundidad— el alcalde en turno, Modesto Arcángel Pech Uitz, es quien pidió el apoyo de los ejidatarios para cobrar el adeudo a la SCT. ¿Por qué o para qué? Imaginemos que pueda servir para pagar una elección, por ejemplo.

Aún más simpático es que entre las peticiones esté también el pago de la carretera que se construyó hace ya 40 años, y que, insisto, sea hasta ahora cuando pidan la liquidación del adeudo. ¿Lo quieren al precio actual? ¿Aceptarán el pago al precio de hace 40 años? ¿Solicitarán un nuevo avalúo considerando el costo al 2018?

Inclusive, hay que reconocer que Eliasib Polanco Saldívar es honesto a más no poder, pues en su declaración en torno a este asunto, apenas unas horas después del cierre y reapertura de la carretera, consideró que deben realizarse nuevos avalúos a los terrenos para que los pomuchenses reciban lo que deben cobrar y no algo que no les corresponda. Puede ser más de lo que costaban sus terrenos hace seis años o quizá mucho menos. Eso lo dirá el perito valuador.

Sin duda, quien o quienes están detrás de este asunto saben a lo que le tiran y el beneficio económico que puede tener, sobre todo para costear una elección, insisto, pues no es muy común que ejidatarios esperen tanto tiempo para exigir lo que por derecho “les corresponde”, y mucho menos que pasen 480 meses para solicitar el finiquito de los terrenos de una carretera que ya no existe, al menos no la original, pues dejó de ser aquella de dos carriles para convertirse en súper carretera. ¿Quién quiere su tajada? ¿Es exigencia ejidal o municipal?

Jorge Gustavo Sansores Jarero

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