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¿Ambulantes o furtivos?

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Todo trabajo es digno, siempre y cuando no lesione ni perjudique a nadie. Ser agricultor, pescador, arquitecto, director de escuela, maestro, taxista, barrendero, globero, limpia fosas, vendedor ambulante o establecido, lo que sea, es mejor que desempeñarse como secuestrador, narcomenudista, asesino a sueldo, ratero, entre otros “oficios” que no ayudan a la sociedad.

Caso especial es el de los limosneros, porque muchos vivales abusan de esa figura sin ponerse a pensar que con su proceder denigran a un grupo de gente realmente vulnerable. Muchos de los que piden dinero en las esquinas, en los paraderos, en los semáforos y varias partes de la ciudad no padecen ninguna enfermedad, están casi al cien en sus capacidades motrices, pero ya se malacostumbraron a estirar la mano, esgrimir un rostro triste y vociferar con tristeza: “una caridad, por el amor de Dios”, porque lo que menos desean es encontrar un trabajo.

Pero regresando al tema del trabajo digno, que no perjudica a otros, me indigna ver a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) defendiendo a quienes sí abusan de los demás. Dicha comisión se dedica a cuidar los derechos de quienes envenenan a la juventud con su venta de drogas, de quienes por varios miles de pesos le revientan unas balas a otra persona, y aun peor, de aquellos que raptan para “poder llevar el sustento a sus hogares”. En la tesitura que exhibe la CNDH, ahora debemos respetar a los delincuentes. ¿Así funciona la igualdad? Por lo que tristemente se ve, a los delincuentes mas tardan en meterlos a la cárcel que un juez en liberarlos porque, ¡pobrecitos! tienen derechos y son humanos.

Y las cosas empeoran en la actualidad con una sociedad que está ávida de todo lo que sucede a su alrededor. Antes de ver si en su bolsa llevan lo necesario para pasar bien su día, lo primero que checan es que la carga del celular esté al tope por si hay que grabar un video o tomar fotos de algún suceso que pueda hacerse viral en las redes sociales. Ahora lo importante es generar polémica, atacar, verter opiniones y erigirse en juez para señalar a buenos y malos, sin pensar o analizar lo que se sube a las páginas del Internet. Lo ideal es ganar “likes”.

Hace apenas unos días —de nueva cuenta—, unas vendedoras ambulantes conocidas como “chapitas” fueron retiradas del Centro Histórico de San Francisco de Campeche, el cual es pilar para la atracción turística en la capital y que tras mucho esfuerzo fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1999 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Como era de esperarse, los videos, audios y todo el espectáculo se hizo viral. Los insultos y jalones hacia los inspectores del Ayuntamiento y los policías que como parte de sus labores apoyaron a los mismos no fueron menos. Lo de menos importancia, para todos los que compartieron sus videos, fueron las afectaciones y consecuencias turísticas que traen las “chapitas” del centro.

Precisamente en la declaratoria de la Unesco existen parámetros, reglamentos, lineamientos, preceptos, normas, reglas —como usted quiera llamarle— que rigen cómo y de qué forma se deben hacer las cosas en las ciudades nombradas Patrimonio de la Humanidad. Desafortunadamente, si esas reglas no se siguen al pie de la letra, el famoso nombramiento se va al caño, se pierde, lo eliminan, lo cancelan, nos lo quitan y con ello se van muchos beneficios para los ciudadanos.

Esto no quiere decir que un servidor esté a favor de la Unesco, que aplauda o defienda el combate de los vendedores de la calle. No, ninguna de las anteriores. Estoy a favor de que todos los ciudadanos, por igual, cumplamos lo que marca, dicta, rige, manda, exige la ley y nada más al realizar nuestras labores. En caso contrario, vaya, si los inspectores y los policías no realizaran su trabajo, entonces también nos quejaríamos. ¿Quién nos entiende?

Los inspectores de la Comuna respondían a un llamado ciudadano y de los comerciantes establecidos, además de poner orden tal como lo marca el Reglamento de Imagen Urbana de la Ciudad de San Francisco de Campeche, que va de la mano con las reglas emitidas en el nombramiento de la Unesco. Por su parte, los policías cumplían con apoyar tras la solicitud de los inspectores. También es su trabajo.

¿Por qué se salió de control el llamado de atención? Simple y llanamente porque las “chapitas” no quieren acatar la ley y no se retiran cuando se les exige; ya que quienes las explotan laboralmente las han adoctrinado para no hacerlo. En ese tenor utilizan a su favor las redes sociales, porque ahí los delincuentes se vuelven víctimas.

¿Por qué la sociedad se deja llevar por imágenes y audios? Porque en pocas ocasiones se dan a la tarea de investigar a fondo y revisar las leyes, esas mismas que exigimos a gritos se ejerzan cuando somos afectados, pero que cuando nos las aplican nos enojan, nos lastiman, nos vejan, nos desgarran, nos generan repudio y nos hacen sufrir. Así de fácil, no hay más.

A diferencia de los negocios establecidos que pagan impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que devengan impuestos al Ayuntamiento para sus permisos, que pagan sueldos, en muchas veces rentas, energía eléctrica, agua y otros servicios, los vendedores ambulantes no emiten pago alguno a las autoridades. Vaya, no contribuyen para que con sus pagos tengamos —al menos así debe ser— mejores servicios.

Los ambulantes no están dados de alta ante el SAT, ante el IMSS y no tributan para nada. Sus jefes, mejor dicho sus explotadores se aprovechan de ellos pues no les dan prestaciones, los mandan a la calle a vender productos sin control de calidad, robados o sustraídos de vehículos accidentados, y les pagan un salario raquítico —si así le quiere llamar— por andar en las calles. En su mayoría son niños o jóvenes que además de no estudiar han sido apartados de sus hogares desde muy temprana edad.

En el caso de las famosas “chapitas”, observe que la gran mayoría siempre llevan entre dos o tres niños, a veces en brazos o recién nacidos. La idea es causar lástima. Venden productos artesanales traídos de Chiapas y Oaxaca, con los cuales le quitan ventas a los negocios establecidos en Campeche, a nuestros artesanos que sí pagan impuestos en sus negocios. Además, estas venteras expenden golosinas caseras y en ocasiones envían a los niños a pedir dinero. En otras partes del país, inclusive les han decomisado drogas.

Estas mujeres y sus familias viven hacinadas en espacios poco dignos, pero las autoridades no pueden hacer nada porque ellas lo permiten, no denuncian, se aguantan. ¿Y sabe usted por qué? Por miedo a ser lastimadas por quienes las explotan, por quienes han traficado con ellas desde que las sacaron de sus casas en sus pueblos natales. El sufrimiento de estas mujeres no es culpa del gobierno, ni de los ayuntamientos, ni de las autoridades que aplican las leyes.

Su problema es que no se dejan ayudar, prefieren seguir con ese “estilo” de vida porque va de acuerdo a sus usos y costumbres, pues la ley de sus pueblos así lo dicta. Son apartadas de sus casas porque las venden sus propias familias. Muchas son usadas como mulas de carga para transportar drogas o dinero. Otras son maltratadas, incluso asesinadas al término de cada encargo. Sus hijos son robados y después vendidos. Esa es la cruda realidad.

Le invito a hacerse cuate y si puede amigo de alguna de estas vendedoras, regálele unos pesos, gánese —cómprele— la confianza y pregúntele cómo viven, cuánto ganan, qué piensan de lo que hacen, cómo se benefician y por qué no dejan de hacer lo que hacen. ¡Al igual que cuando yo lo hice, seguro se sorprenderá!

La peor parte de este drama se lo llevan los comerciantes establecidos, pues pagan impuestos para que las autoridades regulen el mercado, mientras que las “chapitas” que no pagan impuestos denigran a nuestras autoridades en redes sociales para dejarlas tomar ese mercado. Honestamente, se burlan de los comerciantes y autoridades locales.

Quienes continúen “defendiéndolas” lo único que harán es permitir que esa banda delincuencial gane terreno a los comerciantes y autoridades, lo cual eventualmente dará paso a mercados de estupefacientes y a la inseguridad. Estamos a tiempo, no se trata de corretearlas, sino de ofrecerles alguna ayuda que las lleve a regularizarse en todos los sentidos.

Dejemos de comprar eso que venden para que no se sigan enriqueciendo quienes las explotan. Ofrezcamos mejor algo de comida y agua, ropa para sus hijos y cosas que les ayuden a tener mejor lugar para vivir. Pero mientras se les siga dando dinero, estaremos fomentando ese mercado negro que no deseamos tener ni remotamente cerca.

De igual forma, grabemos esos momentos en los que les aportemos ayuda en especie, y compartámoslos en las redes sociales. Esperemos que las cosas buenas también generen muchos “likes”.

Jorge Gustavo Sansores Jarero

 

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