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La fianza en el Nuevo Sistema de Justicia Penal

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En el proceso penal siempre está latente la amenaza de la cárcel. Esta sombra ominosa que se cierne sobre el proceso marca su carácter y sus características. De hecho, para la realidad cotidiana de un ciudadano común, esta capacidad de afectar la libertad personal es la característica más importante del proceso penal.

En efecto, cuando la libertad de un individuo se ve amenazada o restringida, se altera no sólo su vida personal, sino la de toda su familia y se compromete su patrimonio. Esta característica lo diferencia de otros tipos de procesos y provoca que, en tanto que nadie tiene la garantía de jamás afrontarlo, su regulación concierna a todos los ciudadanos.

Ahora bien, en la pena de prisión, la afectación del derecho fundamental a la libertad se fundamenta en la transcendencia de los bienes jurídicos que el Derecho Penal busca proteger, y en la existencia de su daño. Sólo la probada existencia del injusto y la determinación de la responsabilidad de una persona justifican la imposición de la pena privativa de libertad, y al mismo tiempo la convierte en un medio de prevención, y de acuerdo con nuestro Sistema Constitucional, como un medio de reinserción social.

En otras palabras, la pena privativa de la libertad personal —la cárcel— sólo se justifica como sanción impuesta al responsable de un delito, sin embargo existe otra modalidad de restricción de la libertad personal, de común aplicación en el proceso penal mexicano, cuya justificación debe ser totalmente diferente en un Estado Constitucional de Derecho: la prisión preventiva.

La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 marcó el inicio de la transformación del Sistema de Justicia Penal en México, ya que representa la transición del proceso penal inquisitorio hacia uno de corte acusatorio. Con esta reforma se pretende terminar con los procesos penales con rasgos autoritarios, plagados de oscuridad, secrecía y parcialidad, para abrirle paso a procesos transparentes, dirigidos bajo el pleno respeto a los derechos humanos y bajo una racionalidad de equilibrio e igualdad entre las partes.

El impacto y beneficio provocado por dichas modificaciones se proyectan directamente en la forma de entender y concebir el derecho por parte de los operadores de dicho Sistema, como son jueces, ministerios públicos, defensores, indiciados y víctimas del proceso penal. El objetivo que esta transformación busca, es dejar atrás la impunidad y la arbitrariedad que existían antes de la reforma penal que nos ocupa.

En el proceso penal inquisitorio existía la figura de la fianza, garantía que era otorgada ante el juez Penal para poder llevar tu proceso en libertad, y que admitía la mayoría de los delitos (menos los catalogados como delitos graves). Es así que al encontrarte ante el juez Penal podías solicitar tu fianza, la que debía de ser fijada de inmediato por la autoridad, y una vez cubierta recuperar tu libertad, independientemente de continuar con tu proceso; y sí al final lograbas salir absuelto en sentencia, podías obtener la devolución de la misma.

La fianza podía otorgarse en efectivo, en hipoteca o en póliza de seguro; la finalidad era garantizar la reparación del daño, y una vez dictada la sentencia (condenatoria o absolutoria), esa fianza pasaba a manos de la víctima u ofendido, o bien, como anteriormente se señaló, la podrías recuperar. Lo preocupante de esta situación, es que hoy por hoy, a pesar de la reforma de nuestro Sistema, aún se escuche hablar a abogados de la fianza, de decirle a sus clientes que la van a solicitar, o peor aún, que ya se las otorgaron y la tienen que pagar.

Esta figura ha sido superada por las llamadas medidas cautelares, que no son más que medidas que deben ser tomadas en cuenta para garantizar la comparecencia del imputado tanto en el juicio, como en el desarrollo de la investigación, además de la protección a la víctima, testigos o a la comunidad; no obstante que debe existir la necesidad de la cautela, y su aplicación deberá de ser proporcional al riesgo existente y a la sanción probable.

Los que pueden solicitar la aplicación de las medidas cautelares son el ministerio público, la víctima u ofendido, y el encargado de aplicarlas será el juez de Control.

Existe una variación de medidas cautelares, como la presentación periódica ante el juez o ante la autoridad distinta que aquel designe; la exhibición de una garantía económica —que no es lo mismo que la fianza—, el embargo de bienes, la prohibición de salir del país, de la localidad en la cual se reside o del ámbito territorial que fije el juez, por mencionar algunas, hasta la más drástica que es la prisión preventiva. Esta última deberá ser tomada como excepción y no como regla. También la medida cautelar podrá consistir en la afectación al patrimonio del imputado o de un tercero, quienes asumen la responsabilidad pecuniaria.

En conclusión, la fianza en cualquiera de las formas de ley era para garantizar la libertad provisional y la reparación del daño; en cambio, las medidas cautelares en el Nuevo Sistema de Justicia Penal son las restricciones provisionales del ejercicio de uno o más derechos constitucionales impuestos al imputado, debido a la existencia de indicios de la comisión de un hecho delictuoso, la probable intervención, y el temor fundado de que se sustraiga a la acción de la justicia o la obstaculice.

Daniel Alejandro Renedo Gamboa

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