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Elecciones en litigio

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Al menos 12 recursos de impugnación presentaron los partidos políticos ante el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, por diversas anomalías, vicios e irregularidades ocurridas durante la jornada comicial del pasado 1 de julio.

Por la diferencia muy cerrada entre el candidato ganador y el segundo lugar, sobresalen las impugnaciones en la alcaldía del Carmen, así como en los distritos electorales Quinto, Séptimo y Vigésimo.

También llama la atención la queja interpuesta por la candidata derrotada en Candelaria, Marina García Méndez, que acusa al virtual presidente municipal reelecto, Salvador Farías González, de haberse excedido en sus topes de campaña. Aprovechó su posición para destinar recursos de la Comuna para cooptar a los votantes, dijo.

De esos litigios depende la conformación de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, pues si bien es cierto que el PRI lleva por el momento la mayoría con ocho diputados por siete de Morena.

Nadie puede descartar que puedan suscitarse cambios, sobre todo en el  Séptimo Distrito, donde el PREP le otorgó el triunfo al morenista Felipe Lezama Minaya, pero en el recuento se revirtieron las cifras y se declaró ganadora a la priísta Guadalupe Torres Arango, con una diferencia mínima.

El Quinto Distrito también está en litigio. Ahí el morenista Antonio Jiménez acusa que se extraviaron decenas de boletas, que no se procedió al recuento voto por voto, y que hubo severas irregularidades en el traslado de la paquetería electoral, por lo que sospecha que hubo relleno de urnas a favor del candidato del tricolor, Jorge Ortega Pérez.

En Carmen es otra situación. Allá también falló el PREP que dio como ganador al panista Pablo Gutiérrez Lazarus, pero una semana después, durante el conteo voto por voto, cambiaron las cifras y se dio ganador a Oscar Rosas González, con diferencia de alrededor de 200 votos.

En ese caso se inconformaron tanto el panista Pablo Gutiérrez Lazarus como el morenista Ramón Ochoa Peña, quienes denuncian todo tipo de irregularidades y acusan parcialidad de las autoridades electorales.

Tan candente, peleada y conflictiva se tornó la situación, que los consejeros aprobaron trasladar la sede del Consejo Municipal Electoral de la isla a la capital del Estado, a fin de continuar con el trámite de esa impugnación.

Han sido muy irresponsables Pablo Gutiérrez Lazarus y sus seguidores en el intento de desacreditar a las autoridades electorales, que han llegado al insulto, la denostación, el atropello y todo tipo de amenazas y acusaciones en contra de quienes consideran que les impiden alcanzar la posición. Pero sólo han tirado piedras, porque no han probado sus señalamientos, la mayoría sin fundamento.

Afortunadamente la población carmelita se ha mantenido al margen del conflicto postelectoral. Sólo se han sumado a las movilizaciones los empleados del Ayuntamiento, a quienes Pablo obliga a acudir a los actos de protesta. También contrató porros para que intentaran irrumpir en la sede del Consejo Municipal Distrital, pero fueron repelidos por la fuerza pública.

Aunque los panistas han querido magnificar ese hecho y acusan acciones represivas —dicen que hubo hasta lesionados—, la verdad es que la policía sólo cumplió con su deber de resguardar las instalaciones electorales.

Queda claro que el objetivo de los vándalos era llegar hasta las boletas electorales para quemarlas, a fin de borrar las huellas del triunfo del opositor a Pablo Gutiérrez. Pero no pudieron, con lo que no habría reelección.

De ahí nace la puja tratando de desacreditar el proceso, en un intento de tratar de tratar de obtener en los tribunales, lo que los carmelitas les negaron en las urnas.

El traslado de toda la paquetería a la capital del Estado amainó el temporal y mitigó la protesta de porros y vándalos, aunque Pablo y su gente van a aprovechar cualquier pretexto para tratar de violentar las leyes.

Va ser difícil que el alcalde panista acepte su derrota, por lo que se espera que los magistrados electorales realicen un trabajo de filigrana para calificar la elección y emitir su veredicto, que de seguro correrá camino hacia el Trife, que daría la última palabra, porque su fallo es inapelable.

Por lo pronto, se insiste, las elecciones ya se encuentran en el ámbito judicial, y sólo queda esperar que transcurran los plazos para que podamos conocer el dictamen de los magistrados electorales, lo cual tendría que ser antes del próximo 1 de octubre, cuando rinden protesta los nuevos diputados y presidentes municipales.

 

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