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¿Cómo entiende la corte los derechos humanos?

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El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México, acorde al desempeño de los ministros de la Suprema Corte (SCJN). Se exponen los temas más significativos en este periodo.

 

  1. Modificaciones electorales, veda legislativa. El problema en estudio es que se expidió un decreto local de naturaleza electoral dentro de los noventa días antes del proceso electoral. Los actores del caso argumentaron que este decreto violaba el periodo de veda electoral establecido en la Constitución mexicana:

Esta regla constitucional sobre la imposibilidad de modificación legislativa—electoral tiene dos excepciones: la primera, que la modificación no sea trascendente sino exclusivamente accesoria; la segunda, que se haga por el cumplimiento de una sentencia de la SCJN.

En el presente caso, se determinó que la modificación era trascendente y que no había sentencia alguna de la SCJN, en vista de que se trataba de la afectación de las reglas del financiamiento público para los partidos políticos, para reencausarlos a solventar las necesidades de la población chiapaneca en los casos de fenómenos o catástrofes naturales. Este traslado se calificó de inválido en vista de que ambas son obligaciones del Estado y no es aceptable argumentar que se pueda garantizar uno en detrimento del otro.

 

  1. Derecho de Réplica. En este asunto se analizó la Ley Reglamentaria del artículo 6º de la CPEUM sobre el Derecho de Réplica.

En primer lugar, sobre su definición se afirmó que el derecho de réplica no es un límite a la libertad de expresión sino complemento de la misma. Es un instrumento de equilibrio entre diversos derechos que entran en tensión. Se definió que puede tener un elemento reparador, pero no es su función principal, por lo que es un medio reparatorio.

De igual manera, no tiene como objetivo encontrar la verdad sino contraponer versiones alternativas. Al operar en el estándar de noticias falsas o inexactas se mantiene en el terreno de los hechos y permite la rectificación de información fáctica o plantear alternativas a la misma.

En segundo lugar, se analizó la exigencia del agravio en la información falsa o inexacta.

Sobre ello se hizo la afirmación general de que aunque exista el agravio, para la procedencia del derecho de réplica es indispensable y suficiente que la información sea falsa o inexacta.

 

  1. Inspección de personas y vehículos. El ponente propuso la siguiente pregunta para dirigir la discusión del tema de estudio: “¿Es constitucional que la policía pueda realizar la inspección de personas y de vehículos en la investigación de los delitos sin que se exija que cuenten con orden escrita emitida por autoridad competente que funde y motive su proceder?”

En respuesta se argumentó que se trata de controles preventivos provisionales autorizados constitucionalmente, que en el caso de flagrancia debe contar con la sospecha razonable, al igual que se establecen una serie de elementos para considerar que el control es acorde con el marco constitucional y el respeto de los derechos humanos.

De igual forma se delinean una serie de reglas y parámetros para las inspecciones en flagrancia. Se indicó lo siguiente:

— Que la inspección se verifique en el lugar en el cual el agente de Policía se topa o encuentra con el sujeto a inspeccionar., de manera que cualquier inspección que se realice con posterioridad a ese acercamiento inicial, en lugares diversos o bajo cualquier otra circunstancia, no le serán aplicables los parámetros que se explican en este apartado.

— Se solicite la anuencia y cooperación del sujeto para realizar la inspección y, sólo en caso de que se resista, se podrá practicar de manera forzosa.

— Se comunique al sujeto al que se practique la inspección el o los motivos de la misma.

— El agente de policía debe velar por su seguridad y la de otras personas. Ello se justifica en la medida en que ante la sospecha razonable de la comisión en ese mismo instante de un crimen, es previsible que la persona pueda oponer resistencia a su detención o incluso a su registro o inspección y eventual traslado a la autoridad competente, de manera que los agentes de Policía estarán investidos de la potestad de inspeccionar a la persona para evitar cualquier riesgo a su seguridad y a la de las demás personas que se encuentren presentes en el lugar de los hechos.

— La inspección debe consistir en una exploración externa de la persona y sus posesiones, por lo que no podrá comprender la exposición de partes íntimas del cuerpo.

— La inspección debe llevarse a cabo con respeto a la dignidad de la persona sujeta a revisión y con pleno respeto a sus derechos humanos.

 

4.Independencia judicial. Presidencia del Tribunal y División de Poderes. En este asunto se analizó el decreto LXV/RFLEY/0014/2016 por el que se renovaron diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

Con este decreto se estaban dando dos eventos.

En primer lugar, se estaban concluyendo prematuramente las labores del Presidente del Tribunal Pleno del Poder Judicial.

El artículo segundo transitorio contemplaba la terminación anticipada del cargo del Presidente del Tribunal Superior de Justicia actuante, el nombramiento de uno como decano y la elección del nuevo Presidente.

La SCJN resolvió que este precepto normativo debe considerarse inconstitucional por ser contrario a los principios de autonomía e independencia judicial y división de poderes, en razón de que la facultad para tomar estas decisiones son exclusivas del Tribunal Pleno del Poder Judicial y el hecho de que lo haya determinado el legislador violaba dichos principios.

En segundo lugar la inclusión del requisito de cinco años de antigüedad para ser presidente del Tribunal.

Sobre ello se resolvió que la norma es constitucional, al buscar que el Presidente sea una persona con experiencia, competencias y conocimientos para la organización jurisdiccional, evitando que lleguen al cargo personas ajenas al Poder Judicial.

 

  1. Independencia judicial. Nuevo sistema judicial local. En este asunto se analizaron reformas a la Constitución local donde se pretendió generar un nuevo sistema de impartición de justicia, y se abordaron los siguientes puntos.

Primer tema: “Restricción para que los magistrados y consejeros de la judicatura, durante el tiempo que gocen de un haber de retiro actúen como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial del Estado”.

El análisis de la SCJN se hizo estableciendo que la finalidad de la norma era el impedir que los magistrados en retiro influyeran a los magistrados en funciones o sus antiguos subordinados, pero se decidió que esta no era una medida idónea, porque no se establece de manera efectiva una relación causa y efecto entre la disposición de la norma y la finalidad buscada.

Otro tema tratado: “Atribuciones del Consejo de la Judicatura para aprobar y ejercer el presupuesto de egresos del Poder Judicial, incluyendo al Tribunal Superior de Justicia.” La SCJN determinó que debe considerarse inconstitucional en vista de que tiene que respetarse la independencia del Tribunal Superior de Justicia en razón de ejercer su propio presupuesto y no estar supeditado a un órgano administrativo.

Se resolvió inconstitucional la “Imposibilidad para recurrir ante el Pleno de Tribunal Superior de Justicia aquellas resoluciones sobre el retiro forzoso y sobre la suspensión de sus cargos”.

Víctor Collí Ek

 

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