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Delegados especiales, manzana de la discordia

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El gobernador Rafael Alejandro Moreno Cárdenas ha planteado de manera puntual, y con base en criterios  jurídicos y políticos, la poca viabilidad que va tener la figura de los “coordinadores generales” que estarán encargados del vínculo entre la administración federal y los gobiernos de los estados. Y los recientes ajustes en el tema parecen darle la razón, aunque por otro camino van los objetivos lopezobradoristas.

En el mensaje político que envió con motivo de su Tercer Informe de Gobierno, Moreno Cárdenas fue enfático: “Entre órdenes de gobierno no existen jerarquías, sino esferas de competencia diferentes. Por eso, los estados, conforme al artículo 40 constitucional, tienen gobiernos libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior”.

Por si quedara alguna duda del tema, el mandatario campechano matizó: “Ningún orden de gobierno es jefe de otro orden de gobierno. Y por ello mismo, ninguna figura federal puede convertirse en autoridad intermedia entre el Gobierno Federal y los gobiernos estatales”.

Y añadió: “Todo es y será conforme a la Constitución federal: De gobierno a gobierno. Esa es la esencia del federalismo, que haya una relación de equilibrio entre los intereses federales y los intereses locales. Antes que contraponerse, se deben complementar en beneficio de nuestros ciudadanos”.

¿Fue una especie de aclaración a Katia Meave Ferniza, designada por Andrés Manuel López Obrador a mediados de junio pasado como la futura “coordinadora general” de las delegaciones federales en Campeche? Así lo tomaron algunos representantes de Morena en Campeche y en otras regiones del país.

Pero quizá sólo fue un oportuno deslinde para que no haya malos entendidos en el futuro, pues Moreno Cárdenas también precisó:  “Tendremos con la nueva administración federal una relación política de respeto, de colaboración y de coordinación”.

Y reiteró que “del tamaño de la amabilidad federal será la amabilidad estatal. Seremos recíprocos en los escenarios de diálogo y entendimiento y tenemos los tamaños suficientes para los escenarios que requieran de toda nuestra firmeza y de todo nuestro carácter”.

La advertencia ha sido y es muy clara. “Los campechanos tenemos carácter, orgullo y categoría política para hacer valer nuestra soberanía”.

“Y con base en ella —añadió— nos pronunciamos a favor de una relación federal y estatal basada en el respeto, en el reconocimiento y en el respaldo mutuos, para así detonar el crecimiento y el desarrollo a favor del pueblo campechano”.

Puede afirmarse entonces, con el lenguaje popular de por medio, que el gobernador  de Campeche “pintó su raya” y dejó bien claro a quien será su contraparte a partir del primero de diciembre próximo, a Meave Ferniza, que espera una relación de mucho respeto, pero sobre todo de una gran colaboración. No puede esperarse menos.

Y va la acotación. Porque “la buena relación entre gobiernos de diferentes filiaciones partidistas y ciudadanas, no impedirá que nos conduzcamos conforme a nuestros ideales. Damos la mano sin claudicar en ninguno de nuestros principios. Ni lo cortés quita lo valiente, ni lo valiente quita lo cortés”. Así debe de ser.

Es muy cierto que este deslinde del gobernador de Campeche será rubricado por sus homólogos del resto del país. Con excepción de los nuevos gobernantes emanados de Morena, el resto ha visto con suspicacia esa nueva figura administrativa que pretende crear la administración de López Obrador, y que en la última semana parece obviar que irá por otro derrotero. Pero aún prevalece la confusión, porque un día se dice un sentido, y al siguiente se muda de opinión.

Vamos, el consenso en el sector de analistas y opinadores nacionales es unánime. Esa figura —una especie de virreycitos— va a chocar necesariamente con los gobernadores y va a lastimar en alguna medida la buena relación que pudiera haber entre los gobernadores y los representantes del Gobierno de la República, en el marco de un sano federalismo.

Ya en el pasado reciente, durante el docenato trágico en que el PAN se hizo cargo del Gobierno de la República, vimos a delegados federales más preocupados en el activismo político-electoral, que en hacer que se cumplan planes y programas federales. Hubo manipulación partidista de esos recursos y acciones, que poco o nada abonaron a que se cumplieran las metas institucionales y por eso es que las cifras de pobreza se dispararon.

Y si bien es cierto que hasta el momento se desconocen cuáles serán las funciones específicas, las atribuciones y las capacidades reales de esos “delegados especiales”, pues no existen en la Ley Orgánica, es claro que su origen es político-partidista, como lo prueba el hecho de que al menos 19 de esos 32 futuros “virreycitos” tienen o tuvieron cargos en las dirigencias estatales y nacional de Morena. Es decir, serán eminentemente operadores políticos.

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