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El último grito (II)

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La semana pasada le platicaba de las once reformas estructurales que presentó el presidente Enrique Peña Nieto, quien el 15 de septiembre dio su último Grito de Independencia ante miles de mexicanos reunidos en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México, y que el próximo 1 de diciembre cederá la estafeta presidencial a Andrés Manuel López Obrador.

Dichas reformas estructurales fueron, son y seguirán siendo duramente criticadas por el nuevo Gobierno Federal. En su mayoría se hicieron para mejorar las condiciones políticas, económicas y sociales del país, aunque al fnal muchas de ellas resultaron poco positivas y tuvieron que ser analizadas y reformadas para su buen aprovechamiento.

Para lograr que las reformas de Peña Nieto tuvieran la aprobación del Congreso de la Unión, el aún presidente de México realizó —al inicio de su mandato— una excelente estrategia política llamada Pacto por México, que reunió en su momento a los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y de Nueva Alianza (Panal), quienes dieron su visto bueno y solicitaron a sus representantes en las cámaras de diputados y senadores aprobar dichas iniciativas.

Ante este panorama no podía faltar la cereza del pastel, y en ese entonces la voz cantante fue el actual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien desde su Movimiento Regeneración Nacional (Morena) dio un rotundo “no” a la estrategia política de cambios estructurales presentadas por su némesis —en esos tiempos— Peña Nieto.

Con el paso de los días y de los meses las reformas estructurales fueron aprobadas en el Congreso de la Unión, y posteriormente minimizadas, sobajadas y desaprobadas por López Obrador y su partido. Pero, ¿qué contenían esas reformas como para no ser bien vistas por AMLO y compañía? Quizá el motivo principal fue que no participaron —aunque si fueron invitados— en la festa de la negociación política o bien, que al no tener el sello de Morena no estaban bien hechas.

A casi seis años de haberse puesto en marcha dichas reformas, la semana pasada le presenté las primeras seis y ahora le dejo las cinco restantes para que junto conmigo podamos entender para qué sirven o se supone que servirían, y así entender en qué falló el gobierno de Enrique Peña o si realmente merecen ser desechadas como promete hacer López Obrador.

7.— Educativa (la más polémica): Con la implementación de esta reforma se garantizaba el ejercicio del derecho de los niños y jóvenes a una educación integral, incluyente y de calidad, que les proporcionara herramientas para triunfar en un mundo globalizado. Se modernizaron escuelas, aumentaron las horas de clases y las escuelas de verano, y se implementó la evaluación docente.

Por supuesto que ha sido la más polémica. Primero, porque los sindicatos la vieron como una reforma laboral al eliminarles muchos de los privilegios. Si no, pregúntele a Elba Ester Gordillo Morales. Se acabaron las plazas heredadas, los regalos costosos —Hummers— y las rifas millonarias.

Pero lo que más molestó a la clase magisterial fue la implementación de la evaluación docente, que dejó a muchos maestros en evidencia por su falta de conocimiento y nada más. Y aunque sólo les dieron la oportunidad de presentar hasta tres exámenes, de fallarlos, aún así tendrían una plaza laboral. ¿Y el castigo?

Por el lado de la mejora en infraestructura Campeche es claro ejemplo de que este apartado no fue mentira, pues en nuestro Estado se han mejorado ya casi la mitad de las escuelas de educación básica —las demás siguen en mejoría— de las que algunas casi se reconstruyeron desde cero, y ya hemos levantado bandera blanca en materia de educación, lo que nos coloca como uno de los estados con mejor calidad educativa en el país.

8.— Nueva Ley de Amparo: Fortaleció el mecanismo para evitar los abusos de los poderes públicos, y modernizó la institución jurídica protectora de derechos y garantías por excelencia del Estado: el juicio de amparo.

Sí, se acabaron los abusos del poder público, pero tampoco ha sido de gran ayuda para encarcelar a los funcionarios que comenten abusos, y a los criminales. Pareciera que el juicio de amparo ha servido más para protegerlos.

9.— Sistema Penal Acusatorio: Con esto se garantizaba que todos los mexicanos serían juzgados con los mismos procedimientos, sin importar el lugar del país en el que se encuentren. Implementó el sistema de juicios orales y la homologación de delitos, para mejorar la impartición de justicia en México.

Este nuevo sistema se convirtió en una puerta giratoria para los delincuentes en el país. Ha sido un Sistema Penal laxo, suave, sin contundencia, que, si bien aplica la ley igual para todos, también ha demostrado que quienes lo crearon, lo aprobaron y echaron a andar carecieron de sentido común. Quizá una reforma a esta reforma para hacerla más contundente no vendría mal.

10.— Reforma política-electoral: En materia de la elección popular eliminó la autonomía de los institutos electorales estatales y promovió alianzas partidistas.

Fomentó la participación ciudadana, dio certidumbre, equidad y transparencia en los comicios electorales, y promovió mayor colaboración entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

Y vaya que promovió alianzas partidistas, lo que pudimos ver el pasado 1 de julio. Prácticamente ningún partido fue solo a la contienda. En el caso de la participación ciudadana, pudimos observar a los candidatos independientes haciendo campaña, con pocos recursos, sin contundencia —inclusive el Bronco— y gastando poco, pero al fin dinero del erario, es decir del pueblo.

Lo que sí nos permitió esta reforma política-electoral fue observar un mtrabajo abierto, transparente, eficaz e invaluable de las autoridades electorales (INE e IEEC), lo que nos dio certeza de que las elecciones fueron cien por ciento democráticas en el país y en el Estado.

11.— Transparencia: Con el otorgamiento de autonomía y aumento de facultades al IFAI, esta reforma facilitó la evaluación de los funcionarios y fomentó la cultura de la rendición de cuentas. Funcionó para combatir la corrupción de exfuncionarios —que hoy están libres— y dio acceso a los ciudadanos a la información del gasto público.

Hoy los mexicanos podemos acceder a portales de Internet de todas las dependencias federales y estatales para verifcar en qué se gastan los recursos y cómo lo hacen. Antes era casi imposible saber qué sucedía con el dinero de nuestros impuestos y menos para identifcar a los funcionarios corruptos.

Sin embargo, de poco ha servido identifcar, señalar, denunciar y hasta encerrar a los exgobernadores, exsecretarios y todo exfuncionario que haya cometido una tropelía, pues las leyes de nuestro país se encargan de liberarlo de inmediato. Por eso, insisto, urge revisar el sistema de justicia mexicano.

Al final de todo, cada mandatario hará lo que crea más conveniente para su gobierno y lo que considere de más ayuda para el pueblo de México, mientras que los mexicanos seguiremos padeciendo los errores, los enojos y las diferencias entre los que gobiernan y los que quieren el poder.

De ser así ninguna reforma política será buena o tendrá sustento en nuestro país, por lo que continuaremos con la misma ruta trazada desde hace muchos años, en la que nuestra nación no avanza como debiera y los ciudadanos seguimos con el mismo estilo de vida que no es el mejor, aunque, hay que aceptarlo, podríamos estar peor.

Jorge Gustavo Sansores Jarero

 

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