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Violenta juez tratado que protege a la mujer

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El fiscal general del Estado, Arturo José Ambrosio Herrera, afirmó que la resolución del juez de Control, Pedro Brito Pérez, al dejar en libertad al menonita  Heirich K.P., quien presuntamente pagaba para sostener relaciones sexuales con menores de edad, violenta el tratado internacional de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw).

“Vamos a hacer valer la Cedaw que se vio vulnerada con esa resolución, es un tema legal y como tal lo trataremos”, enfatizó el funcionario.

El menonita de 53 años de edad quedó en libertad el pasado sábado 27, al concluir la ampliación del término constitucional que su defensa solicitó y la de tres personas más, entre ellas dos mujeres.

Las tres últimas personas fueron vinculadas a proceso y estarán en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Francisco Kobén por un plazo de ocho meses en lo que duran las investigaciones.

En entrevista anterior, Ambrosio Herrera había calificado al menonita como “el motor” de la red de trata que fue desmantelada el viernes 19 de este mes, y en la que rescataron de un hotel del barrio de Santa Ana a cinco adolescentes con uniforme escolar.

“No compartimos la visión del juez y la vamos a pelear por todos los medios legales y disponibles a nuestro alcance. La Fiscalía está absolutamente inconforme con la resolución; sobre todo y máxime que estábamos en una audiencia de vinculación y el estándar que se exige no es el que en un momento dado se estudia”.

Negó que haya habido una mala integración de la carpeta de investigación, iniciada por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual a través de la prostitución.

“Tenemos conocimiento que fue muy breve la argumentación del juez, se señaló que los datos de prueba no eran suficientes para demostrar que la parte que dice el código a sabiendas, o sea, hay que interpretarlo como que el menonita no sabía que se estaba efectuando una trata de personas”.

Ambrosio Herrera enfatizó que tienen cinco días, a partir del pasado 27, para apelar ante la Sala de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

“También los jueces tienen la posibilidad de equivocarse y en este caso nosotros buscaremos demostrar que fue un equívoco jurídico al momento de resolver”, finalizó.

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