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Retrasan por tiempo indefinido juicio oral

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Revés recibió la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam), luego que la defensa de los imputados logró retrasar por tiempo indefinido el inicio del juicio oral por el homicidio del líder sindical, Juan Carlos González, hasta que se resuelva el juicio de amparo y recurso de revisión que solicitó.

La resolución fue emitida ayer, luego de que el Tribunal Colegiado de Juicio Oral —integrada por Míriam Collí Rodríguez, Pedro Brito Pérez y Fabiola del Rocío Fernández Camarillo— desechó el “recurso de revocación” que solicitó el Ministerio Público al inconformarse por el primer fallo de los jueces —al diferir el proceso—, argumentando que postergar más el proceso judicial violentaba “las normas procesales” a favor de los presuntos responsables.

Los jueces deliberaron alrededor de media hora y ratificaron la prórroga que emitieron minutos antes, desechando el “recurso de revocación”.

De acuerdo a lo integrado en el expediente 13/17-2018/TE, ayer por sexta ocasión se llevó a cabo la audiencia de inicio de juicio oral por el asesinato del líder sindical.

J.E.R.A., G.J.J.H. y R.I.H.B. se encuentran en prisión preventiva desde junio del 2016, cuando fueron detenidos y vinculados a proceso por homicidio calificado. Llevan más de dos años privados de su libertad.

La “Fase Intermedia” dilató ante los recursos que emplearon tanto la defensa de los imputados como el Ministerio Público, además de que cada una de las partes debatió la inclusión de cada uno de los medios de prueba para la apertura de juicio oral que debió iniciar en febrero pasado.

Luego la programaron para el martes 26 de junio, posteriormente el primero de agosto, en el que la defensa continuó solicitando prórrogas —en esa ocasión ante la posibilidad de concretar el procedimiento abreviado (PA)—; hubo audiencias el 3 y 10 de agosto —cuando se desechó— y finalmente el viernes 17 de este mes, en que finalmente se prorrogó por tiempo indefinido.

En el PA los imputados se declararían culpables a fin de obtener la reducción de su pena —10 años de prisión, de los que les descontarían dos que llevan privados de su libertad y el pago de 100 mil pesos cada uno—, sin embargo, la viuda, J.E.M.C. no aceptó el monto, por lo que este proceso fue desechado y el judicial continuó.

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