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Definen el miércoles situación jurídica de ministerial baleado

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Hasta el miércoles 18 de septiembre, la juez de Control definirá la situación jurídica del elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), C.G.G., quien protagonizó una balacera el lunes 2 en ex Hacienda Kalá, donde le dispararon a un policía estatal e intentaron asesinar a M.A.F.

A pesar de que la mujer corrió con un niño de siete años por su vida, no se querelló contra su esposo. La única denuncia por homicidio en grado de tentativa fue la del agente de la Policía Estatal Preventiva (PEP), J.F.E.C., quien recibió el disparo en el pecho y salvó la vida por su chaleco antibalas.

En lo que definen la situación jurídica de C.G.G., quien solicitó la ampliación del término constitucional, la juez de Control, Yamile Ramírez Serrano, lo sujetó a prisión preventiva oficiosa, pese a que regañó al Ministerio Público por no argumentar jurídicamente la medida cautelar.

C.G.G. estará en el penal de San Francisco Kobén como ocurrió desde la noche del jueves 12 de septiembre, luego de que fue dado de alta del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al cumplimentarle la orden de aprehensión.

De acuerdo a lo integrado en la carpeta judicial 11/19-2020, la audiencia inicial se llevó a cabo ayer en la sala II del Edificio de Salas de Juicio Oral, a las 11:00 horas, sin embargo, demoró en iniciar.

Antes de empezar, C.G.G. buscaba un abogado defensor particular, no quería la de oficio, pero al no haber ninguno dispuesto en el edificio se quedó con la que le otorga el Gobierno.

Esto lo manifestaron en la audiencia, en la que la litigante defensora solicitó fueran diferidas las diligencias por el cambio de abogado y por el hecho de que el imputado no se encontraba en buenas condiciones de salud.

Tras escuchar el argumento, la juzgadora le cedió el uso de la palabra al Ministerio Público, quien simplemente se inconformó con que sea diferida, pero no argumentó nada y dejó que la juez decidiera.

“Qué bonito que no sepan argumentar, se laven las manos y sea la juez quien determine, se supone que son especializados”, regañó la juzgadora, quien finalmente decidió continuar con la audiencia, argumentando que el imputado fue dado de alta tras una valoración médica.

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