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Cae pareja que operaba prostíbulo clandestino

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CIUDAD DEL CARMEN., Aún permanece cerrado el clandestino conocido como la “Casita Roja”, ubicado en la calle 19, entre 42 B y 42 C de la colonia Tacubaya, después de que la Policía Ministerial la cateara y detuviera a varias personas.

Relataron lo anterior, Jimena Hernández Portillo, María Ceja Balbuena y Candelaria Maldonado Palmer, vecinas de la zona, al recordar que iniciando el año dejó de funcionar el lugar donde vendían cervezas, y al parecer operaba como un prostíbulo.

Aunque las mujeres desconocen lo que pasó con las personas detenidas, una fuente de la Fiscalía informó que permanece abierta la carpeta judicial, 69/19-2020/JC-II, donde se acusa a Héctor R.C. y a Marcolfa R.M de lenocinio y venta ilícita de bebidas alcohólicas.

Se informó que ambos fueron judicializados, pero la mujer fue dejada en libertad con algunas medidas cautelares, como la firma periódica cada 15 días, mientras que al hombre le dictaron prisión preventiva justificada el tiempo que dure el proceso.

El Ministerio Público cuenta con dos meses para el cierre de la investigación, la cual fenece el 4 de marzo.

Las acusaciones contra los aparente dueños del clandestino, provinieron de

Jessica V.M.; Kely P.Z.; Viridiana P.Z.; María G.G.; Lucero M.G. y Flora C.C., todas ellas “empleadas” del mencionado clandestino.

Al parecer estas últimas daban servicios sexuales a quienes acudían al predio antes mencionado, todas fueron contratadas por Marcolfa, quien permanece libre.

Acerca de lo que hacían las mujeres, en la acusación se dijo que los hombres que acudían al clandestino pagaban 70 pesos por una cerveza, de los cuales Marcolfa se quedaba con 40 y el restante era para las “meseras”.

Cuando pactaban sexo en ese lugar, el cobro ascendía a 500 pesos, de los cuales 400 eran para las “empleadas” y 100 eran cobrados por Héctor como parte de la renta del cuarto.

Según el expediente, la pareja Héctor y Marcolfa lucraban aprovechándose del estado de vulnerabilidad en el que se encontraban las “víctimas”. El negocio no contaba con permiso para operar.

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