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Aún bajo análisis el caso de luminarias

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El presidente del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa de Yucatán (Tjeay), Miguel Diego Barbosa Lara, informó que un avance del 80 por ciento tiene el estudio del conflicto de luminarias entre el Ayuntamiento de Mérida y la empresa AB&C Leasing de México.

En entrevista, el magistrado señaló que el 20 por ciento restante de un documento de cinco mil hojas es el más difícil y llevará más tiempo su estudio porque se trata de recibos, facturas, comprobantes relacionados al servicio de las lámparas y los pagos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por alumbrado público.

“Eso nos llevará tiempo a un servidor como a los magistrados Guadalupe González Cervera y Mateo Salazar Azcorra terminar por completo el expediente para fijar una sentencia definitiva”.

Indicó un adelanto de lo que han logrado ha sido por el informe de la Comuna y de la empresa en relación al contrato de arrendamiento de 82 mil luminarias y el tiempo que funcionaron las que no daban servicio, lo relativo a la cancelación del convenio.

“Nosotros vamos a profundizar en el estudio técnico del 20 por ciento que nos resta para más adelante emitir la sentencia definitiva para poner fin a este conflicto”, recalcó.

En mayo se cumple un año de que el Ayuntamiento canceló en definitiva el contrato con AB&C Leasing de México y fue en junio cuando el conflicto llegó al Tjeay, recordó.

Resaltó que el Tribunal Colegiado del IV Distrito Federal emitió una resolución a favor de la Comuna y dando la razón a un dictamen del Tjeay en el sentido de que la administración podía bajar las lámparas de la empresa y pagar las que estuvieran colocadas y encendidas.

“Nosotros ordenamos que se sigan bajando las luminarias y que se pagara las que estuvieran colocadas y funcionando, eso no le gustó a ABC Leasing de México por lo que acudió a un amparo federal, subrayó.

 

IMPUGNACIONES

En cuanto a los partidos políticos como Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (PMC), que se inconformaron con las multas que les impuso el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Ipepac) por mal uso de su financiamiento público, ya se tiene un avance considerable en las impugnaciones que presentaron.

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