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Fondo de 7.2 millones para víctimas de delitos en 2014

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En la atención integral a las víctimas del delito, así como en la reparación de los daños causados en su contra, la Fiscalía General del Estado (FGE) destinó en 2013 cerca de 7.2 millones de pesos, cifra que sería similar para este 2014.

En cumplimento con la Ley de Atención y Protección a las Víctimas del Delito para el Estado se establecieron en Yucatán nuevas estrategias para la atención inmediata a las personas afectadas por algún delito.

Tal es el caso de la creación del Fondo General de Reparaciones a las Víctimas del Delito, el cual garantiza los derechos de las víctimas afectadas por delitos, al mismo tiempo que les brinda el apoyo en materia de asesoría jurídica, médica, psicológica y reparación del daño.

El año pasado, del presupuesto de la FGE se destinó siete millones 79 mil 473 pesos para la integración del Fondo, operado a través de un fideicomiso bancario administrado por la propia dependencia.

La utilización del monto será para los casos que exista sentencia firme en la que se condene al pago de la reparación del daño a favor de la víctima y el sentenciado no pueda pagar o garantizar su pago.

Todo ello, independientemente de que en el Ministerio Público se subrogue en los derechos de la víctima reconocidos en el proceso penal, que se deriven del pago de reparación de los daños que realice conforme a la ley, y pueda hacerlo exigible al sentenciado.

 

DERECHOS

Desde el inicio de la investigación, los fiscales del Ministerio Público dan a conocer a las víctimas, los derechos y beneficios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Procesal Penal y la Ley de Atención y Protección a las Víctimas del Delito para el Estado.

Al mismo tiempo que se les informa de que lo podrán solicitar a su entera libertad, además que las medidas se otorgarán de oficio o a solicitud de la parte interesada.

De igual forma, la FGE cuenta con el programa de “Atención integral a las víctimas del delito”, que tan sólo el año pasado se destinó 88 mil 227 pesos para la realización de ocho mil 936 asesorías en 69 municipios.

Así como también, para la aplicación de las medidas de protección cautelares que garantizan el ejercicio de los derechos de las víctimas durante todo el proceso legal y salvaguardan su seguridad física, psicológica, patrimonial y familiar.

 

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