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Firmes las acusaciones de FGE contra los psiquiatras

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Las acusaciones fincadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) contra los autores material e intelectual del homicidio del médico psiquiatra Felipe Triay Peniche están fundamentadas, por lo que cuentan con el respaldo del Gobierno Estatal, aseguró el secretario general, Víctor Caballero Durán.

En entrevista, el responsable de la política interna del Estado, indicó que hay pruebas convincentes que señalan que el presidente del Colegio de Psiquiatras de Yucatán, Enrique Lara González, fue el autor intelectual del crimen, “sin embargo es lógico que sus familiares digan que es inocente”.

“Hay otras instancias dónde acudir para seguir con la defensa del inculpado”, externó.

Mientras que el psiquiatra originario del Distrito Federal, Pablo Santos García Gutiérrez, el aparentemente el autor material del artero crimen y quien fue el que presuntamente asestó 22 cuchilladas en el cuerpo de su colega.

Posteriormente,  le habría destrozado el corazón y finalmente le quitó las extremidades para poder transportarlas en cajas, y además existen versiones extraoficiales de que también habría cortado los genitales de la víctima.

Ante las protestas de la esposa, familiares y amigos por la detención del presidente de la Asociación de Psiquiatras de Yucatán, Lara González, el funcionario estatal, afirmó que la Fiscalía tiene razón al señalarlo como el presunto responsable intelectual del crimen que impactó a la sociedad yucateca.

“En los hechos hay demasiadas pruebas que involucran a Lara González pues se hicieron pruebas científicas, se revisaron videos y se tomaron huellas en el vehículo del galeno asesinado, así como en el departamento donde al parecer ocurrió la tragedia”.

Dijo que  el Gobierno del Estado es respetuoso de las manifestaciones de protesta de la familia pero la justicia se impartió pronta y expedida para resolver el asesinato que conmovió a la sociedad.

 

CONTINUARÁN PROTESTAS

Familiares del presidente del Colegio de Psiquiatra de Yucatán, advirtieron que continuarán las protestas para procurar su liberación, dado que “es inocente de todas las imputaciones que hay en su contra”.

La esposa de Lara González, Carla Wilema Vivas Vázquez, lamentó que incriminen a su cónyuge, e insistió que tiene pruebas para refutar las pruebas que la FGE dice contar.

Por lo pronto, poco antes de la medianoche del pasado miércoles 28, se decretó prisión preventiva en contra de ambos especialistas en salud mental.

La audiencia en el Juzgado de Control duró poco más de siete horas, período en el cual se expusieron documentos de prueba relacionados con el homicidio perpetrado el pasado viernes 15.

El juez de control, Luis Mugarte Guerrero, determinó esta medida bajo el cargo de homicidio calificado en coautoría, tras escuchar a ambas partes.

Durante su intervención en la audiencia, el originario del Distrito Federal argumentó que fue torturado por los elementos de la Policía Ministerial, en el interior del edificio de la Fiscalía, para obligarlo a firmar una declaración falsa.

“Fui secuestrado, se me colocó un arma de fuego en la boca, fui golpeado y metido a cachazos a un vehículo y encapuchado se me obligó a dar mi dirección”, afirmó el arrendatario del departamento donde presuntamente se consumó el crimen, el cual está ubicado en la calle 25 con 22 de la colonia García Ginerés.

Aseguró que fue colgado de un gancho con las esposas puestas y torturado con corriente eléctrica y golpes para firmar la falsa declaración.

“Todo documento o declaración que haya hecho en esas 48 horas las desconozco en su totalidad”, aseveró ante los presentes.

Por ende, se declaró inocente de todos los hechos que se me imputan,  ya que a través de la tortura se me obligó a auto incriminarme”.

 

DETENCIÓN INJUSTA

Por su parte, Lara González consideró de “injusta” su detención y alegó su inocencia, sin embargo, se negó a responder a los cuestionamientos de los fiscales.

“Toda esta situación ha sido una verdadera tragedia, jamás le haría daño a nadie y menos a un amigo… Es injusto que me estén culpando por la declaración de una persona que a todas luces fue obtenida mediante la tortura”, argumentó.

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