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Banorte presentó demanda contra la consejera del Inaip

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La consejera del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (Inaip), Susana Aguilar Covarrubias está directamente involucrada en las presuntas acciones fraudulentas que han llevado al Instituto Patria al enfrentar serios problemas financieros y a que la Arquidiócesis de Yucatán haya decidido romper relaciones con esa institución académica.

Documentos obtenidos por TRIBUNA indican que la supuesta defensora de la transparencia y rendición de cuentas enfrenta una demanda de juicio mercantil promovida por el Banco Mercantil del Norte Grupo Financiero Banorte (Banorte) por un adeudo superior a los dos millones 596 mil 151 pesos.

La demanda fue presentada el 11 de febrero de 2014 por Juan Hoil, y quedó asentada como “demanda inicial” con el número 00176/2014 y la persona directamente implicada es la consejera del Inaip en su calidad de representante del Instituto Educativo de Yucatán Asociación Civil conocido como “Instituto Patria”.

Junto con esa demanda, existen otras dos pero esas son contra su esposo y director administrativo del Instituto Patria, David Abraham Achach, ambas suman la cantidad de siete millones 671 mil 301.73 pesos.

En el caso de Abraham Achach, una de las demandas fue interpuesta por Banorte y la otra por Rafael José Ramos Delgado, ésta última es la más cuantiosa de ambas pues el reclamo supera los cuatro millones de pesos.

CIFRA MILLONARIA

En total, el “matrimonio católico” que opera desde hace varios años en el Instituto acumula demandas por casi 10 millones de pesos en los juzgados mercantiles yucatecos.

Tanto Aguilar Covarrubias como su esposo han guardado silencio absoluto sobre estas demandas al igual de los motivos que obligaron al arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega, a dar por concluida la relación con la asociación civil que encabezan.

Como se recordará, la directiva respondió a la Arquidiócesis que siempre han sido una “empresa privada”, aun cuando operan como asociación civil y que la entonces gobernadora Dulce María Sauri Riancho, les vendió los terrenos que hoy ocupan en la zona norte del Anillo Periférico de la capital “a precios preferenciales”, pues se suponía que no eran precisamente una empresa privada, sino una organismo sin fines de lucro.

La propia Sauri Riancho confirmó lo anterior en un artículo que hizo circular en redes sociales.

JUGOSO SALARIO

Y así, por increíble que parezca y a pesar de las demandas en su contra, Aguilar Covarrubias ocupa un cargo como consejera del Instituto de Acceso a la Información Pública de esta entidad, en donde percibe un sueldo de 85 mil pesos al mes.

Es decir, la señora cobra un jugoso sueldo como defensora de una transparencia que la escuela que dirige no profesa y que jamás pudo ni quiso aclarar los motivos y razones de la ruptura con las autoridades católicas de Yucatán que reclaman parte de la propiedad en donde hoy se ubica el Instituto Patria.

En días pasados, la propia Arquidiócesis emitió otro comunicado en donde llama a los alumnos y padres de familia de esa escuela a acudir recibir los servicios religiosos y atención pastoral en la parroquia del “Señor de la Divina Misericordia”, pues es como “Madre que es, la Iglesia debe ocuparse siempre de sus hijos”.

En ese mismo comunicado firmado por el arzobispo de Yucatán, insiste en que la ruptura con el Instituto Patria se debe a que esa institución educativa “decidió convertirse en un negocio familiar”.

Negocio que tuvo un costo para los yucatecos, pues la familia Abraham-Aguilar obtuvo terrenos que eran propiedad de todos los yucatecos a precios muy por debajo de su valor real y que además, hoy con recursos públicos, le pagamos un salario a una persona que ostenta un cargo sin cumplir el adecuado perfil, pues enfrenta un juicio por un presunto fraude millonario en contra de Banorte.

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