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El gobernador defiende sus intereses políticos

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Movido por intereses políticos, el gobernador Rolando Zapata Bello pretende afectar a la plataforma digital Uber, con una Ley de Transporte radical e injusta para los que no son taxis ni taxímetros organizados, coincidieron en señalar líderes de cámaras empresariales.

Los hombres de negocios exigen al mandatario yucateco que busque alternativas para que la empresa Uber opere en mejores condiciones para el bienestar de los ciudadanos y se evite su salida de la entidad pues generará pérdidas de empleos.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán (CCEY), Juan José Abraham Dáguer, señaló que Uber es una plataforma no una  organización de taxis como existe en Mérida, por lo que pretender integrarla a las condiciones de la Ley de Transporte sería inadecuado.

“El Gobierno no ha platicado con directivos de Uber, es necesario que exista la apertura de diálogo entre ambas partes, pero al mismo tiempo lamentamos que no se haya tomado en cuenta la propuesta del Partido Acción Nacional, que pretendía acabar con el monopolio de taxis en la ciudad”, dijo.

A su vez, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Mérida, Gustavo Cisneros Buenfil, consideró que el Gobierno debe entender que la plataforma tecnológica no puede adaptarse a la reciente normativa, contar con logotipo, color, ruta y tarifa, “es un servicio de taxi particular que puede perderse por falta de diálogo de las autoridades con esa firma”.

“Hay más de 300 personas que dependen de esa empresa, quienes se quedarán sin trabajo si decide salirse de Mérida, en desacuerdo con la nueva normativa de transporte aprobada por la mayoría del Congreso del Estado”, acotó.

Opinó que esa ley no tuvo el respaldo por unanimidad de los diputados, no se eliminaron los beneficios de exclusividad del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV), quien fue el ganador con la reforma, contraria a la plataforma.

Cabe destacar que los choferes particulares protestaron el pasado martes en Palacio de Gobierno, donde estacionaron sus vehículos y cerraron la calle 60 con 61 y 62, y pidieron a las autoridades estatales que no les pongan colores a sus vehículos, no les fijen zonas de trabajo ni tarifas porque no son taxímetros ni taxis de sitio, mucho menos que les obliguen a adquirir unidades de hasta 240 mil pesos.

El Gobierno del Estado se comprometió a responder las peticiones de los inconformes; sin embargo el pasado jueves los socios de Uber advirtieron que se mantendrán en pie de lucha hasta revocar la recién aprobada reforma a la Ley de Transporte estatal y de ser necesario recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Aseguraron que agotarán todas las instancias jurídicas a su alcance hasta lograr que las autoridades den marcha atrás.

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