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Amenazan a familiares de ruletero muerto en Kanasín

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Dirigentes de cámaras empresariales consideraron que el caso del taxista Luis Alberto de Jesús Lara Acosta, asesinado en octubre del 2015, es una muestra de la falta de justicia laboral que existe en el Estado y como, mediante “influencias”, colaboradores del gobernador Rolando Zapata Bello, violan la ley de manera reiterada.

Por ello, exigieron dar seguridad a la familia del taxista quien fuera brutalmente asesinado a puñaladas mientras daba un servicio en las inmediaciones de Kanasín, sin que hasta el momento se aclare el crimen.

Y es que la familia del taxista ha denunciado que es objeto de una fuerte presión por parte de la propietaria de la concesión, Silvia Irene Correa Mendoza, de la mano del jefe del despacho del gobernador Zapata Bello, Sergio Vadillo Lora.

En reportaje difundido por Telemar Yucatán, se dio a conocer que Correa Mendoza, esposa de Diego Vadillo Lora, hasta hace unos días secretario particular de Zapata Bello, es la propietaria de la concesión.

Asimismo, en un audio entregado a Telemar Yucatán por la familia del taxista, deja en evidencia la forma de cómo el encargado del despacho del mandatario yucateco, Vadillo Lora, busca negociar con la esposa del malogrado taxista Karina Lezama Pérez, para tratar de que el caso no llegue a los tribunales.

Sobre este tema, empresarios coincidieron en afirmar que la situación en la que quedaron Karina y sus hijos, refleja las graves violaciones e inseguridad con la que trabajan los operadores de taxímetros, popularmente conocidos como “martillos”, que carecen de todo tipo de apoyo y prestaciones sociales.

Al respecto, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Mérida, Gustavo Cisneros Buenfil, dijo que los numerosos concesionarios de placas para taxímetros, contratan choferes pero no les garantizan su seguridad laboral y mucho menos la de sus familias.

“Ahí está el caso de Lezama Pérez, viuda de Lara Acosta. Su esposo no tenía ni seguro social, es difícil que ahora pueda contar con una pensión por la muerte de su esposo”, aseveró.

Pidió al Gobierno del Estado reformar la Ley de Transporte para obligar a los dueños de placas y concesiones de taxímetros a garantizar seguridad social integral, salario base y protección laboral en caso de muerte del operador de la unidad.

“Creo que los concesionarios del vehículo donde fue ultimado Lara Acosta, deben responder a la viuda y a su familia, no dejarlos en el desamparo laboral, esperamos que el gobierno de Rolando Zapata Bello le responda a esa familia”, puntualizó.

 

ES INJUSTO

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial CCE) Yucatán, Juan José Abraham Daguer, recalcó que tiene que modificar la ley para obligar a los concesionarios  a darles certeza y seguridad a los popularmente llamados “martillos” y a sus familias, “no es posible que laboren al destajo sin la debida protección”.

“Un martillo trabaja más de ocho horas, tiene que juntar al menos 600 pesos diarios para pagarle al dueño del vehículo, además, cada operador paga de su bolsillo lo que consuma de gasolina, es injusto”, expuso.

Agregó que la ley no debe ser solo para regularizar a quienes dan servicio de taxímetro. Debe proteger los derechos sociales de quienes operan las unidades.

Por si fuese poco, los concesionarios aumentan cuando quieren la cuota de arrendamiento a los “martillos”, eso provoca que alteren el taxímetro abusando de los usuarios del servicio.

Los líderes empresariales exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE), aclarar los más pronto posible el asesinato de Lara Acosta, ya cumplirá un año que fue ultimado en la colonia en la colonia San José Tecoh, al sur de Mérida.

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