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Gobernador no actualiza ley antitortura: Codhey

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El desinterés que ha demostrado el Gobierno del Estado que encabeza Rolando Zapata Bello, en actualizar el marco jurídico para evitar y sancionar la tortura en el Estado, favorece la proliferación de abusos policiacos en los municipios yucatecos, como sucedió recientemente en Tekax.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), José Enrique Goff Ailloud, consideró importante revisar el marco normativo actual, y en su caso actualizarlo, “porque es letra muerta e inoperante”.

“Lo que hace falta trabajar es en una nueva Ley para prevenir, erradicar y sancionar la tortura en el Estado de Yucatán. La actual ha sido rebasada por los estándares internacionales en la materia, e inclusive por la propia Ley General de Tortura”, remarcó.

El ombudsman local destacó la importancia de fortalecer la normativa actual, no tanto en las penas sino en la racionalización de éstas, para que se apliquen sanciones razonables pero sobre todo se combata la impunidad, es decir, que se castigue a los que resultan responsables.

Ante la falta de normas actuales, Goff Ailloud mencionó que más casos de tortura se estarían presentando en varios municipios de la entidad, como el que sufrió el joven Francisco Andrei Ávila Basto, de 26 años de edad, de manos de varios agentes, por lo que urgió a las autoridades legislativas trabajar en un nuevo ordenamiento.

“No descartamos que estos hechos de tortura se puedan seguir presentando en otros municipios, y aquí lo importante es hacer un llamado a que se denuncien estos hechos. Hoy cuatro personas están siendo procesadas por presuntos hechos de tortura en el sistema judicial, esperemos que se aplique todo el peso de la ley y esto influya a inhibir a que este tipo de conductas se vuelvan a replicar en los cuerpos policiales en todo el Estado”, aseveró.

 

CÁRCELES

En otro tema, Goff Ailloud informó que en lo que va de este año han revisado unas 80 cárceles municipales, de las cuales en su mayoría están en malas condiciones, pues carecen de elementos y servicios básicos.

“En su mayoría presentan condiciones subhumanas, carecen muchas veces de ventilación natural, ventilación artificial, iluminación, registros de ingresos y egresos de las personas, lo que ocasiona muchas veces que en los cambios de turno no se les de agua ni comida y muchas veces excede el término constitucional legal para dejarlos en libertad”, explicó.

“Un 75 por ciento de las 106 cárceles municipales se encuentran en condiciones subhumanas y que requieren de una atención inmediata para garantizar la estancia digna de las personas que se encuentran por algún motivo retenidas y privadas de su libertad”, destacó.

Mencionó que muchos municipios carecen del Bando de Policía y Buen Gobierno lo que deja en un estado de indefensión a los ciudadanos que por algún motivo fueron detenidos.

“Los municipios que tienen el Bando los elementos judiciales lo desconocen”, subrayó.

El presidente de la Codhey reconoció la necesidad de trabajar con los 106 alcaldes y firmar convenios de colaboración para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos en la entidad.

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