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Involucrado Zapata Bello en el fraude de terrenos de Ucú

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El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Daniel Ávila Ruiz, informó que la Procuraduría General de la República (PGR), inició una investigación por la presunta colusión de funcionarios en el tráfico de 200 hectáreas de Ulila, comisaría de Ucú, en perjuicio del patrimonio de Yucatán, en la que estaría involucrado el gobernador Rolando Zapata Bello.

En entrevista, el parlamentario dijo que son 200 hectáreas que se repartirían funcionarios de los gobiernos de Quintana Roo y Yucatán, lo cual representa un claro ejemplo de cómo se manejan los gobiernos emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Recordó que el escándalo salió a la luz por la cesión de 154 hectáreas de tierra propiedad de la nación, a Mario Alberto Guillermo Molina, de 26 años de edad, cuyo hermano Juan Pablo es secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del Gobierno de Quintana Roo.

“Según se pudo averiguar, son 200 hectáreas repartidas entre las dos administraciones estatales, por ello, el silencio de Zapata Bello, para no intervenir en este polémico asunto”, enfatizó.

Ávila Ruiz subrayó que el ex delegado del Registro Agrario Nacional (RAN), José Luis Santos Ramírez también es investigado por la PGR, por escriturar el traspaso de los terrenos hectáreas de tierras ejidales a particulares.

Resaltó que la investigación que lleva a cabo la PGR, arrojará quiénes se hicieron de esos patrimonios en el pequeño municipio, afectando a 300 productores, con ello se podrá castigar a los responsables de ese ilícito.

Precisó que el Gobierno priísta de Quintana Roo,  que deja en malas condiciones a esa entidad con quebranto financiero, no se conformó con robar a los habitantes de ese Estado sino puso sus ojos en terrenos, propiedad de campesinos de Ucú.

Aclaró que no ha dejado que el caso se archive, al contrario, aseguró que le ha dado seguimiento en la PGR, en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y en la Secretaría de la Función Pública (SFP), donde interpuso las denuncias sobre la presunta colusión de funcionarios en el tráfico de tierras.

El senador panista aseveró que de confirmarse la coalición de funcionarios, habría inhabilitación y en relación a los exfuncionarios, estos no podrían acceder a futuros cargos públicos estatales, federales o municipales, además de que podrían configurarse otros delitos que podrían ameritar prisión.

Manifestó que en el caso de los terrenos que ya fueron cedidos, no se ha establecido si se pagó por las tierras y por cuánto dinero, lo que podría revocar los acuerdos a través del Gobierno Federal que los puede expropiar.

Por su parte, la senadora panista, Rosa Adriana Díaz Lizama, precisó que hay varias irregularidades en el manejo de tierras ejidales que la autoridad del Estado permite por estar coludido con abogados que engañan a los campesinos.

Apuntó que un claro ejemplo son las 35 mil tierras ejidales de Punta Laguna, Valladolid, que acaparadores de tierras de Quintana Roo, quieren adueñarse sin que la autoridad haga algo para evitarlo.

Finalmente, señaló que los legisladores federales del PAN continuarán con un seguimiento puntual hacia dicho caso.

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