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Pretende Rolando Zapata consolidar robo a ejidatarios

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A pesar del fallo a favor del ejido Cinco Colonias para que el Gobierno del Estado pague a 345 socios por la compra de 18 hectáreas de sus tierras, el titular del ejecutivo Rolando Zapata Bello se ha negado a cumplir con esa resolución judicial e incluso la impugnó, por lo que pretende consolidar un auténtico robo a los ejidatarios que se fraguó desde  la administración de Ivonne Ortega Pacheco.

El presidente del ejido, Hilario Carrillo Hernández, señaló que el gobernador se había comprometido en pagarles los 71 millones de pesos por las 18 hectáreas que se supone les fueron compradas si el fallo judicial les resultaba favorable, “pero no cumplió su palabra”.

En diciembre pasado el Juzgado Segundo Civil y Mercantil falló a favor de los 345 ejidatarios y ordenó al Gobierno yucateco pagar el dinero convenido.

“Llegó el fallo a favor y el gobernador no cumplió, por lo que ya analizamos la posibilidad de endurecer nuestras protestas para recordar que el jefe del Ejecutivo no es un hombre de palabra”, expuso.

Las 18 hectáreas cuyo pago reclaman, fueron adquiridas en el gobierno de Ortega Pacheco, quien a su vez las cedió a la entonces alcaldesa de Mérida, Angélica Araujo Lara.

Araujo Lara consiguió que el Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores construyera 122 casas que luego serían bautizadas como “Fraccionamiento Robles Alborada”, pero nunca pagaron los 71 millones de pesos que, según los quejosos, era el costo de esas tierras ejidales.

Los afectados iniciaron una lucha jurídica y como se mencionó, en diciembre del año pasado, el juzgado falló a favor de los afectados  y ordenó al Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán el pago de esos 71 millones de pesos.

El gobierno de Zapata Bello, lejos de pagar, presentó un recurso de inconformidad ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado y esa instancia ahora tiene que resolver si es procedente o no.

En caso de que el fallo favorezca al Gobierno, entonces ordenará a la instancia civil una nueva revisión de la demanda de los campesinos de Cinco Colonias.

Si el Poder Judicial no considera procedente la inconformidad de la administración estatal, tendrán que pagarle a los ejidatarios.

Los afectados comentaron que en caso de que la resolución del Tribunal local les sea adversa, se ampararían ante juzgados federales de Distrito en Mérida, para evitar que se consolide “el robo de sus tierras”.

Carrillo Hernández anunció que mientras eso sucede, acrecentarán sus protestas en Palacio de Gobierno, en el IVEY y en el fraccionamiento “Robles de Alborada”.

Lo peor de esta historia es que el exconsejero jurídico del gobierno de Ortega Pacheco, Sergio González Cuevas, y su asistente, Pablo Castro Alcocer, fueron los que les adquirieron las tierras a los campesinos, pero nunca pagaron.

“Ahora Castro Alcocer es delegado federal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y González Cuevas sigue siendo protegido por Ortega Pacheco, o sea en esta entidad el que daña a los campesinos tiene trato de héroe y recibe todo el apoyo”, precisó.

“Pero ya lo entendimos, Zapata Bello no tiene palabra, nos prometió pagar si el juez fallaba a nuestro favor y luego se echó para atrás, pero no vamos a claudicar en esta lucha a pesar de que todo está en contra de los nosotros”, concluyó.

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