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Pagarán yucatecos los abusos del gobernador

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Los atropellos y abuso de autoridad que el gobernador, Rolando Zapata Bello, ejerce para despojar de tierras a ejidatarios, con el pretexto de realizar obras públicas, le resultaron contraproducentes.

Una sentencia de un juez federal condenó a su administración pagar millonaria indemnización a ejidatarios de Sitpach, que deberá ser cubierta con el dinero de los yucatecos a través de sus impuestos.

El abogado Fernando Alpuche Gómez reveló que el mandatario estatal “creyó que pasaría encima de los ejidatarios de Sitpach, ahora tiene que pagar más de 100 millones de pesos de indemnización por el arrebato de varias hectáreas a los campesinos de esa demarcación”.

Cabe recordar que Zapata Bello ha sido acusado de proteger a acaparadores de tierras en Punta Laguna, Valladolid; del ejido Cinco Colonias, Mérida; de Hunucmá y ahora de Chocholá. En algunos casos hay despojo de tierras sin pagar y en otros se pretende quitar terrenos a los productores.

El abogado informó que tras un proceso legal que se caracterizó por la tenacidad de los despojados y la impericia de los representantes del Gobierno del Estado, se logró que los ejidatarios fueran indemnizados.

Confirmó que los campesinos de Sitpach le ganaron al Ejecutivo Estatal la batalla jurídica por la ocupación de nueve hectáreas que comprenden el Anillo Periférico y obras de infraestructura, como el distribuidor vial de Chichí Suárez.

Los 320 productores recibirán más de 100 millones de pesos, ya que el fallo de un juez federal indica que se les paguen las tierras a valor comercial.

La sentencia fue emitida por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Distrito con sede en Mérida, que desechó un amparo directo administrativo que presentó el Gobierno del Estado.

Con este fallo el juez dio la razón definitiva a ejidatarios de Sitpach, que hasta la fecha no han recibido ninguna cantidad de dinero por la ocupación de sus tierras ejidales.

El abogado de los productores insistió que la particularidad de esta sentencia es que se obliga a la parte denunciada a pagar las tierras al precio comercial y no al valor que se hubiera sido si se hubieran expropiado.

“En su momento el Gobierno tuvo la oportunidad de expropiar las tierras y pagar un valor mucho menor, pero no lo hizo y construyó sin indemnizar al ejido”, explicó.

“A estas alturas es impensable que se destruyan el Periférico y el distribuidor vial de Chichí Suárez, para que esas tierras sean ocupadas nuevamente por cultivos”, añadió.

“Ahora lo que procede es que nos sentemos a la mesa, para que se acuerde el pago y la forma en que se hará”, concluyó.

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