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Prevé AN fallo favorable de la SCJN en el caso Uber

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El presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Raúl Paz Alonso, declaró que el posible fallo a favor de la controversia constitucional que promovió hace siete meses, demuestra que el Gobierno del Estado que encabeza Rolando Zapata Bello, intentó descaradamente proteger al Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) con una ley violatoria y desigual.

Sobre el análisis que en unos días iniciará la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante el recurso jurídico que el PAN yucateco presentó a mediados del mes de julio del año pasado contra la llamada “ley Antiuber”, el también diputado local expresó que demuestra que el Gobierno local solo buscó beneficiar a sus allegados con la reforma a la Ley Estatal de Transporte.

“Más que promover la libre competencia y promover nuevos empleos, lo que hizo el Gobierno es proteger descaradamente al gremio de taxistas (en relación al FUTV), poniendo demasiados requisitos para que pudieran operar las plataformas digitales”, apuntó.

En un periódico de circulación nacional se publicó la posibilidad de que la SCJN falle a favor del recurso que promovió el PAN a mediados de julio del año pasado con el propósito de revocar la reforma a la Ley de Transporte del Estado de Yucatán.

Esta propuesta jurídica se dio días después de que el Congreso del Estado aprobara las reformas en la materia en medio de una manifestación de socios de la empresa UBER a las puertas del recinto legislativo.

Entre los puntos a los que se oponen los panistas y socios de UBER destacan que se limita el número de unidades que prestarán el servicio, el tope de antigüedad y costo de los vehículos que se usarán las plataformas digitales.

El proyecto que analizará la Suprema Corte de Justicia de la Nación pretende invalidar los requisitos adicionales que propone la ley por considerarlos violatorios del principio de igualdad y libertad de trabajo.

Se prende invalidar diversos artículos como la fracción IX del artículo 40 sexto que establece que para obtener el certificado vehicular para prestar el servicio de transporte de pasajeros, el valor de los vehículos que operen en estas plataformas exceda la cantidad de 200 mil pesos, que tengan una antigüedad máxima de siete años y un máximo de siete plazas.

“De fallar a nuestro favor esperemos que el Gobierno del Estado acate la resolución de la Suprema Corte de Justicia y no entre en desacato. Nosotros estamos seguros de que tenemos la razón jurídica”, acotó.

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