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Zapata Bello, coludido en despojo de tierras

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Ejidatarios de Chocholá acusaron que el gobierno de Rolando Zapata Bello y autoridades agrarias se coludieron con empresarios, para despojarlos de su patrimonio a base de mentiras e ilegalidades.

La comisaria ejidal, Claudia Cob Durán, recordó que el delegado de la Procuraduría Agraria, Omar Corzo Olán, y Manuel Ontiveros Sosa, encargado de los ejidos, convocaron en marzo una asamblea para destituirla.

“Cuando alguien no se alinea con ellos, cuando uno defiende sus tierras y su patrimonio, lo hacen a un lado, y de manera ilegal buscan destituirlo. Eso fue lo que hicieron estas autoridades, son títeres del Gobierno del Estado y de los empresarios, principalmente de la familia Abraham Mafud”, apuntó.

“El Gobierno del Estado está involucrado porque en muchas ocasiones le hemos pedido su apoyo y simplemente no nos ha hecho caso, nos ignora”, agregó.

Cob Durán acudió ayer acompañada del Comisariado y del Consejo de Vigilancia a una audiencia en el Tribunal Agrario, para presentar pruebas de que fue destituida ilegalmente por defender 15 mil hectáreas que conforman el patrimonio de 560 campesinos de Chocholá, al suroeste de la capital yucateca.

“Nos reunimos con el magistrado Juan Rodolfo Lara Orozco, a quien presentamos todas las pruebas y alegatos que demuestran que la pasada asamblea fue programada bajo la ilegalidad.

“Ahora el magistrado tendrá que analizarlos y citarnos cuando ya tenga un veredicto. Mientras tanto sigo siendo la comisaria ejidal y no lo contrario como anda diciendo el grupo que encabezan Arturo Gómez Romero y Paulino May Moo”, aseveró.

Tanto Gómez Romero como May Moo, éste último supuestamente electo para sustituir a Cob Durán, “son vividores, no trabajan la tierra, sino se dedican a venderla, viven del dinero que consiguen de los empresarios, con quienes están de acuerdo para el despojo”.

La ejidataria remarcó que directivos de la Procuraduría Agraria de Yucatán y las autoridades estatales se aprovechan de la necesidad y la ignorancia de los campesinos para despojarlos de sus terrenos, que con tanto sacrificio trabajan para obtener dinero y mantener a sus familias.

“Las autoridades federales y estatales son títeres de los empresarios, porque avalan ilegalidades. A mí, por defender el campo que tanto amo, me quieren destituir, porque me opongo a la venta ilegal de los terrenos y a la construcción de una calera que la empresa Oxxica pretende instalar en el ejido. No están tomando en cuenta que estamos dentro del anillo de cenotes y representa un riesgo”, subrayó.

Nosotros amamos el campo, sostuvo, por eso lo defendemos, es nuestro único patrimonio, pero lamentablemente al Gobierno no le interesa y lo ha demostrado con su indiferencia a nuestra lucha, concluyó.

 

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