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Es Codhey comparsa de Rolando Zapata Bello

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Integrantes de asociaciones civiles protestaron a las puertas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), donde denunciaron que el actual presidente del organismo, José Enrique Goff Ailloud, es cómplice de las autoridades estatales encabezadas por el gobernador Rolando Zapata Bello, porque no defiende a las víctimas de algún tipo de abuso.

Adelaida Salas Salazar, representante local del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, señaló que es evidente el contubernio entre el mandatario estatal y el ombudsman local, toda vez que los resolutivos del organismo son aletargados de manera intencional para favorecer a las autoridades.

“No es posible que tres casos de niñas a las que claramente les ha violado sus derechos humanos los den por cerrados, y lo mismo con otros que tenemos de mujeres mayores”.

Salas Salazar lamentó que el titular de la Codhey esté al servicio del Gobierno del Estado, pues ha hecho un trabajo parcial al frente de un organismo supuestamente autónomo. “Que se investigue de los casos cuántas recomendaciones ha emitido, y quedará al descubierto que hay una complicidad”, recalcó.

Sabemos que hay organizaciones afines a la Codhey, que les pagan cursos, viajes, maestrías y doctorados. Tenemos toda la información, advirtió.

Por su parte, Paula Lira Moguel, presidenta de la Asociación Estatal de Padres de Familia (Aepaf), acusó que por omisiones dolosas de GoffAilloud, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) provoca enfrentamientos entre los padres de familia que han denunciado abusos por parte de esta autoridad.

“La Secretaría de Seguridad Pública acude a las escuelas para tratar de detener a los papás que han interpuesto quejas, entonces ya esto sobrepasó los límites”.

Hay contubernio entre las mismas instituciones para “someter” a los padres de familia, y así captar miles de pesos que los tutores tienen que aportar a los centros escolares como parte de la reforma educativa.

La abogada Mirna Cortés, quien ha llevado el caso de un menor que fue objeto de maltrato en la Escuela Primaria “Álvaro Oregón”, ubicada en la Comisaría de Xcanatún, lo que derivó en recomendación de la Codhey a la Segey, se quejó de que la medida fue cumplida a medias.

El martes pasado, cuando se intentaba reincorporar al menor al colegio tras el largo camino legal donde incluso se tuvo que recurrir al amparo, fue objeto de agresiones de papás azuzados por docentes.

“Lo que ellos (los maestros) hicieron fue venganza, porque la mamá interpuso queja en la Codhey, que tardó casi tres años para emitir recomendación, que fue tibia y al día de hoy pretende darla por cumplida”.

 

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