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Viola Zapata derechos de la comunidad LGBTI

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La coordinadora jurídica de la Unidad de atención psicológica, sexológica y educativa para el crecimiento personal, A. C (Unasse), Amelia Ojeda Sosa, señaló que el Gobierno del Estado ha incumplido con su obligación de protección y garantía de los derechos humanos, ante el desinterés que ha demostrado por avanzar en temas como la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo.

“Vemos que hay una ignorancia de cómo se interpreta las obligaciones que tienen (las autoridades) con respecto a los derechos humanos de la comunidad LGBTI; está clara la alianza que tienen las autoridades con los grupos conservadores y religiosos, lo que demuestra que las autoridades no trabajan para todas las personas sino solamente para un grupo de personas y además lo hacen con apego a ideas confesionales de grupos que se oponen al ejercicio de los derechos humanos”, abundó.

Recordó que Unasse en coordinación con el Grupo Indignación y el Albergue Oasis San Juan de Dios interpusieron varios mecanismos legales ante la omisión que ha tenido el Congreso del Estado al resistirse en aprobar el llamado “matrimonio igualitario”, pero lamentablemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de la presente legislatura estatal.

El 31 de mayo de este año, ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desecharon el proyecto público del amparo directo en revisión 5459/2016, que declaraba procedente la acción por omisión legislativa del Congreso del Estado.

Este fallo motivó que agrupaciones civiles como Indignación, Unasse y Oasis de San Juan de Dios rechazaran dicho dictamen de la máxima sala del país, a la vez que denunciaron un retroceso en los propios criterios de la Suprema Corte.

Aún con el desinterés y resistencia que han puesto el Gobierno que encabeza Rolando Zapata Bello y el Congreso de Yucatán, se han unido por la vía civil de 2013 a la fecha, más de 60 parejas homosexuales, de las cuales 60 por ciento han sido entre hombres y el 40 por ciento restante entre mujeres.

Estos enlaces se han logrado gracias a los amparos que les ha otorgado la justicia federal. En julio se logró un amparo colectivo de tal forma que 80 parejas pueden contraer matrimonio por lo civil en el momento que éstas así lo decidan.

“De divorcios salió una nota en las noticias, pero no sabemos si se llevó a cabo porque no todas las parejas que se han casado han sido acompañados por Unasse o Indignación. Además que hay parejas que se casaron en otros estados, por lo que no sabemos si se realizó el divorcio”, apuntó.

La omisión por parte del Gobierno del Estado y de los legisladores estatales ha puesto en rezago a la entidad, pues Campeche y Quintana Roo legalizaron la unión civil entre parejas homosexuales.

Ojeda Sosa mencionó que no existe impedimento legal para aprobar la iniciativa de ley sobre la materia, que desde 2012 se encuentra estancada en el Poder Legislativo y que propone reformar el artículo 94 de la Constitución Política Estatal que daría paso a la legalización del matrimonio entre parejas del mismo sexo.

La coordinadora declaró que en Yucatán existe un rezago en materia de derechos humanos, “si hacemos un análisis de los derechos que se reconocían, de cuál era la actitud de las autoridades muchos años atrás, podremos ver que en lugar de ir avanzando en temas que se hablaron a principios del siglo XX, hemos estado retrocediendo”.

“Tenemos autoridades conservadoras, ignorantes de los derechos humanos, temerosas frente a los grupos anti-derechos humanos. El Gobierno habla de derechos humanos pero todo ha quedado en el discurso”, finalizó.

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