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Incumple Gobierno Estatal marco legal sobre aborto

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El Gobierno Estatal ha incumplido con su obligación de acatar el marco legal para que las mujeres puedan interrumpir su embarazo por alguna de las cinco causales que estable el Código Penal de Yucatán, lo que las ha obligado a recurrir a procedimientos clandestinos, manifestó Amelia Ojeda Sosa, coordinadora jurídica de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal A.C. (Unasse).

“En Yucatán parecería estar totalmente prohibido el aborto o la interrupción del embarazo, lo que no es cierto, pues en la reforma constitucional de 2009, en el último párrafo del artículo 393 del Código Penal de Yucatán, se señalan las excluyentes de responsabilidad o causales”.

Hay mucha confusión sobre el aborto en Yucatán, continuó, sobre todo después de la reforma constitucional que protege la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.

Las cinco causales por las que el aborto no es penalizado en Yucatán son: cuando sea causado por acto culposo de la mujer; cuando el embarazo sea el resultado de una violación; cuando de no provocarse el aborto, la fémina corra peligro de muerte a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro doctor siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora.

Asimismo, cuando el aborto obedezca a causas económicas graves y justificadas y siempre que la embarazada tenga ya cuando menos tres hijos, y cuando se practique con el consentimiento de la madre y del padre en su caso y a juicio de dos médicos exista razón suficiente para suponer que el producto padece alteraciones genéticas o congénitas, que den por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves.

“Aunque están, las causales no son efectivas porque hay mucha negativa en aplicarlas. Sabemos de casos que se han llevado a cabo, pero en la mayoría de las veces se niega u obstaculiza el acceso, que es obligatorio de los servicios de salud sean  públicos o privados”, apuntó.

 

FALTA DIFUSIÓN

En el caso de los embarazos por violación, la abogada resaltó que hay un marco normativo para que se lleve a cabo como la Ley General de Víctimas, la Ley de Víctimas del Estado de Yucatán, la Ley General de Salud, el Reglamento de la Prestación de Servicios y la NOM 046 que aplica a todos los servicios de salud.

Sin embargo, hace falta difusión, por lo que se están violando los derechos de las mujeres y se está incumpliendo el marco normativo que obliga a las instancias públicas y a las autoridades atender de manera integral a las mujeres que son víctimas de violación.

Ojeda Sosa resaltó que ante la información tergiversada del tema se ha criminalizado a la mujer que opta por el aborto en alguna de las causales, sobre todo de grupos conservadores o con ideologías religiosas.

“Es importante garantizar que las féminas tengan una vida de calidad cuando hayan pasado por algún aborto”, sostuvo.

Los derechos humanos no los podemos leer de manera separada, sostuvo, tenemos que considerar que van juntos y que la obligación del Estado es velar para que se puedan ejercer los derechos de manera integral y que haya mecanismos que permitan este ejercicio.

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