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Sistema judicial estatal está podrido: activistas

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Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que en el Poder Judicial de Yucatán prevale la violencia institucional y el tráfico de influencias, que dañan la integridad física y emocional de los padres y de los miles de menores de edad que atraviesan por procesos familiares, muchos de los cuales han terminado en el suicidio.

En conferencia de prensa en el Remate de Paseo de Montejo, representantes de diversas asociaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Ni Una Más, Recuperando Sonrisas en Yucatán y Lazos Protectores del Sureste, acusaron a Marco Celis Quintal, titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de ser cómplice de los jueces que omiten sus responsabilidades en beneficio de la clase política estatal.

“Nadie nos hace caso ante esta violencia institucional y este sistema judicial podrido, y de estas muertes estamos acusando al señor Marco Celis Quintal, quien es el magistrado y el jefe de toda esta banda, porque no se imagina el dolor de los padres que viven separados de sus hijos e hijas”, manifestó Adelaida Salas Salazar, representante local del OCNF.

Señaló que desde la sociedad civil organizada hacen un llamado al Gobierno del Estado que encabeza Rolando Zapata Bello y al Poder Judicial para poner un freno a este clima de violencia institucional que viven día a día hombres y mujeres que lo único que buscan es poder convivir son sus hijos.

“Hacemos un llamado al Gobierno del Estado a que también destine mayores recursos para que haya más centros de convivencia familiar, pues el actual es muy pequeño y violenta los derechos de los menores a convivir en espacios dignos con sus padres”,  agregó.

Los manifestantes, con pancartas y mantas, clamaron justicia y cese a la violencia institucional en los juzgados familiares, para evitar más muertes como el del joven Mauricio Sánchez Mena, que se suicidó en días pasados tras una larga lucha jurídica para poder ver a su pequeña hija.

Este caso ha conmocionado a la sociedad yucateca, toda vez que el joven enfermero de 27 años, luchó durante mucho tiempo poder ver a su hija.

Organizaciones como Lazos Protectores del Sureste, acusa a la expareja y a los padres de ésta de haber creado un expediente falso en contra del ahora occiso.

Denuncian que el presidente del Tribunal Superior de Justicia y la jueza tercero de lo Familiar, Selene López Pacheco, son cómplices de las falsas declaraciones de la familia de la expareja, sobre todo del exsuegro, Rigoberto Paz Cen, exfuncionario estatal.

Sonia Sánchez, madre del joven fallecido, lamentó la demora de los jueces en atender los casos familiares, sobre todo en aplicar la alineación parental, donde en muchas ocasiones le dieron largas a su hijo hasta sumirlo en una depresión profunda.

“Hay falta de interés y rapidez, en una ocasión fui con mi hijo al juzgado y la jueza Selene López, quien nos llevó el caso, de manera déspota le dijo a mi hijo que a que iba si las palabras se las lleva el viento, que lo quería decir se lo diera por escrito, haciendo a un lado el dolor de padre que sentía mi hijo al no poder a ver a su hija. Ojalá que el Gobierno y todos los que manejan el sistema hagan algo de una vez”, abundó.

En los juzgados civiles y familiares de Yucatán se estima que hay en proceso al menos mil 800 casos de alineación parental, en su mayoría con hasta 10 años de no resolverse ante la lentitud del sistema judicial.

Tras reunirse en el Remate de Paseo de Montejo, los más de 50 manifestantes caminaron por calles del Centro Histórico de Mérida hasta llegar a Palacio de Gobierno, desde donde exigieron justicia.

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