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Protege FGE a defraudadores al negar información pública

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La parcialidad de la Fiscalía General del Estado (FGE) nuevamente es evidente, al defender a los directivos de Crecicuentas y negar a toda costa dar información pública de los detalles del proceso en su contra, bajo el argumento de “evitar dañar la imagen” de Miguel Ángel, Jorge Alberto y Claudia Rubí Argáez López, así como Lina Rubí de Guadalupe López Conrado.

La dependencia estatal especificó que el expediente 589/2017 menciona los nombres de los presuntos defraudadores, motivo por el cual se reserva a proporcionar la información relacionada a Crecicuentas, aún cuando el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, falló a favor de TRIBUNA para que la Fiscalía entregue la información solicitada.

Además, la Fiscalía decidió determinar que se trata de “información clasificada” por lo que será hasta 2022, cuando entregue los datos correspondientes al polémico caso de la Cooperativa de Fomento Regional S.C. de A.P. de R.L. de C.V. (Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable)”, así como de “Esperanza Equitativa, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable”,  conocidas como “Crecicuentas”.

Para negar la información, la Fiscalía recurrió a reglamentos y leyes locales y nacionales, así como la Constitución Política, e incluso, acuerdos y tratados internacionales relacionados a derechos humanos, en este caso de la familia López Argáez, pero pues no actuó de la misma manera para defender a las víctimas del fraude.

 

TRANSPARENCIA

A través del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información, la FGE presentó la respuesta relacionada al expediente 589/2017, con base a la solicitud 992417, en la que nuevamente negó la información solicitada bajo el argumento de “Reserva total”, ya que se está en etapa de investigación.

De igual forma, estableció que en la solicitud de transparencia, “se hizo identificables a las personas (denunciadas)…, por lo que dicha información implicaría revelar un aspecto de sus vidas privadas que las vincula a una acusación imputada”.

“Se estima que dar a conocer la existencia o no de los datos a los que hace referencia el solicitante, afectaría su esfera privada, toda vez que originaría la generación de una percepción negativa sobre su persona; aunado, a que se podría vulnerar su derecho a la presunción de la inocencia, su honor y su intimidad, en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin que éstas hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre; por ende, no es dable dar a conocer la información solicitada”, se establece en el documento.

Para sustentar todo ello, la FGE se basa en diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y al Reglamento de la Ley de la FGE.

Asimismo, hace mención a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Incluso, hace referencia a dos tesis publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Cabe aclarar que lo único que ha solicitado TRIBUNA es saber cuántas fueron en total las denuncias contra Crecicuentas, sólo se están demandando cifras que hasta ahora la autoridad se ha negado sistemáticamente a entregar, a pesar de que el Inaip dio la razón a este medio.

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