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Fomenta ASEY impunidad

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La Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) ha mantenido en la impunidad al menos a 20 exalcaldes y funcionarios públicos que habrían dejado un quebranto por arriba de los 500 millones de pesos, pues en ninguno de los casos se sancionó a los responsables ni se les exigió respuestas en las denuncias presentadas desde 2010.

Actualmente la ASEY investiga con celeridad, muy diferente a los casos de años atrás, las denuncias por el presunto desvío de recursos por 220 millones de pesos que el exalcalde panista y actual candidato a la gubernatura de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, habría logrado durante su gestión a través de “empresas fantasmas”.

El mismo Vila Dosal denunció, cuando era diputado local, al anterior auditor René Márquez Arcila, de permitir que en varios municipios se siguieran violando las leyes al no exigirles sus respectivas cuentas.

“No se ha hecho una revisión a fondo para saber en qué se gastaron más de 140 mil millones de pesos en el quinquenio de Ivonne Ortega Pacheco, el presupuesto más alto en la historia de Yucatán.  El silencio cómplice se extiende a las cuentas de los municipios, muchos de ellos cuestionados por la malversación de fondos, de manera de saqueo a las arcas públicas”, declaró en 2013.

De acuerdo con información de la propia ASEY, hasta el 27 de agosto de ese mismo año no habían entregado cuentas en lo que va de la administración los ayuntamientos de Huhí, Kanasín, Quintana Roo, Sanahcat, Tekax, Tinum, Tixpéhual, y Yaxcabá, cinco del PRI, dos del PAN y uno del PRD-PT.

Vila Dosal afirmó en ese tiempo que el silencio cómplice se origina en la ASEY, que es el primer responsable en revisar en qué se gastó el dinero público, y continúa el Congreso, que está obligado a dictaminar y someter a aprobación las cuentas del Gobierno.

INTERVIENE ZAPATA BELLO

Este cuestionamiento a la actuación de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán continuó en la presente legislatura, donde diputados de oposición afirmaron que la intervención del Gobierno del Estado que encabeza Rolando Zapata Bello en el trabajo que realiza este organismo, ha mantenido impunes a exfuncionarios y expresidentes municipales.

Jazmín Villanueva Moo, legisladora con licencia del partido Morena, advirtió en su momento del riesgo que corren los recursos federales y estatales si no se reforma el método para seleccionar al nuevo titular de la ASEY, tal y como sucedió en siete años y se repitió el año pasado con la designación de Mario Can Marín.

Manifestó que el desempeño de René Márquez Arcila era cuestionable pues existen evidentes discrepancias entre los informes de resultados de las auditorías realizadas por la ASF y las realizadas por la ASEY.

Explicó que en numerosas ocasiones la entidad fiscalizadora federal detectó irregularidades en el manejo de los recursos públicos de ramos federales destinados al Estado, mientras que el órgano fiscalizador local informa que los resultados de estas auditorías a las mismas entidades dependientes salieron con dictamen limpio.

Como hemos informado, en la legislatura 2010-2012 se dio a conocer que los alcaldes que gobernaron de 2007 a 2010 dejaron cuentas pendientes por más de 200 millones de pesos, entre ellas la administración del panista César Bojórquez Zapata, en la que se reportó anomalías en sus cuentas por más de 80 millones de pesos. Hasta la fecha sigue sin comprobarse el destino que se le dio a esos recursos.

La ASEY le ha costado al erario cerca de 300 millones de pesos desde su creación, pues su presupuesto anual ha oscilado entre los 35 y 50 millones de pesos. Sin embargo, y a pesar de contar con grandes recursos no se han justificado las inversiones, pues como se mencionó con antelación, las denuncias han quedado impunes.

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